Dos ex directores del CESID, condenados a tres años de cárcel por espiar una sede de HB

Los jueces también imponen dos años y medio de prisión a los dos agentes que «pincharon» los teléfonos de una sede de HB en Vitoria entre 1994 y 1998

MANUEL MARÍN
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MADRID. La Audiencia Provincial de Álava condenó ayer a los que fueran directores generales del Cesid Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón a tres años de prisión como autores de un delito de interceptación ilegal de comunicaciones telefónicas por haber consentido «espiar» una sede de Herri Batasuna en Vitoria entre finales de 1994 y marzo de 1998.

Junto a ellos y por idéntico delito, han sido condenados dos guardias civiles adscritos al Cesid, Mario Cantero y Francisco Buján, a la pena de dos años y seis meses de cárcel. Otras dos personas acusadas fueron absueltas. La acusación particular ejercida por tres miembros de Herri Batasuna reclamaba penas de has cuatro años de cárcel.

La sentencia, que no es firme y por el momento no conllevará el ingreso en prisión de ninguno de los condenados, considera acreditado que Alonso Manglano, en sus últimos meses de gestión al frente de los servicios secretos (cesó el 7 de julio de 1995), «conoció, apoyó y facilitó los medios necesarios para llevar a cabo estas actividades en torno a la sede centran de HB en Vitoria con la intención de controlar la actividad política de sus miembros».

Javier Calderón, director del Cesid desde mayo de 1996, «conoció la existencia del operativo audiotécnico desplegado sobre la sede de HB y adoptó -señala la sentencia- las medidas precisas para asegurar la ejecución de la misión encomendada».

Los hechos se remontan al 31 de marzo de 1998, cuando tres miembros de HB, Gorka Díez, Santiago Hernando y Eva Miren González, llevaron ante el Juzgado de Guardia de Vitoria su sospecha de que estaban siendo sometidos a escuchas telefónicas ilegales desde un piso situado encima de la sede de HB, lo que habían descubierto cuando unos técnicos de Telefónica procedieron a cambiar la centralita de su local.

Una vez denunciados los hechos, la Policía Judicial comprobó que por encima de un falso techo de la sede de HB había unos «desconchados» a través de los cuales «subían» varios cables hacia otra vivienda. En ella encontraron un armario adosado a una pared con varios aparatos de audio, vídeo y grabación en su interior y una caja fuerte con diverso material propio del «espionaje». Ese piso había sido alquilado en 1992 y desde 1994 pertenecía en propiedad al Cesid, que pagó por él algo más de nueve millones de pesetas. Junto a este piso, la sentencia considera acreditado que, enfrente, en otro edificio, había otra vivienda desde la que se grababa a las personas que a diario acudían a la sede de HB. No obstante la Sala estima que esta conducta no es delictiva y carece de pruebas concluyentes para vincular esta actividad con la que desarrollaba el Cesid desde el piso superior al local batasuno.

El Tribunal, que anula varias pruebas al considerar que pudieron ser manipuladas por miembros de Batasuna y por Pepe Rei, periodista del diario proetarra «Egin» -y que alude a las dificultades y lentitud de esta investigación judicial por la secreta y delicada materia de que se trataba y por trabas oficiales-, considera no obstante que hay pruebas suficientes que vinculan a los dos guardias civiles con el ilegal espionaje a HB. Y se remite a la «lógica» para deducir que Manglano y Calderón tuvieron «el dominio del hecho» que produjo una «efectiva vulneración de la intimidad» de los responsables de Batasuna.

«Aunque no ha quedado demostrada la cadena jerárquica del Cesid, ni la forma de funcionamiento, los jefes de la Agrupación Operativa declararon que despachaban con el director las cuestiones importantes, y el hecho enjuiciado lo es -añade la sentencia-. Pocas veces se asume la responsabilidad de espiar a un partido político y mantener las interceptaciones telefónicas durante más de tres años. Es un hecho excepcional y resulta lógico pensar que se conocía por los directores» -concluye el fallo-, por su gravedad, por la información «tan especial» que se obtenía y por su «coste de mantenimiento».

En contra de la pretensión de HB, el Tribunal considera que los hechos -pese a existir un «plan preconcebido», «un mismo bien jurídico protegido, la intimidad», y tener todos los afectados la misma ideología-, no constituyen un delito continuado por no haber «varias acciones concadenadas en el tiempo», sino un solo acto ilícito «permanente».