Los diplomáticos piden cambios para poner fin a vetos y premios políticos en los nombramientos

Después, el comunicado denuncia que tanto el actual Ejecutivo en funciones como anteriores Gobiernos han vetado en diversas ocasiones a funcionarios diplomáticos para puestos que habían sido atribuidos en convocatoria pública. En concreto, asegura que el actual ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo vetó en dos ocasiones, en 2013 y 2014, a Juan Pablo de Laiglesia para sendos puestos de cónsul general . De Laiglesia fue secretario de Estado en un Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero .

Los diplomáticos también expresan su preocupación por que continúan prevaleciendo —dicen— criterios políticos en el nombramiento de embajadores. Como ejemplo, citan el caso de José Ignacio Wert, ex ministro de Educación, que fue designado representante permanente ante la OCDE , pese a que el propio Gobierno aprobó un Reglamento de la Carrera Diplomática, que introduce un procedimiento de selección de candidatos a embajadores y otros puestos más profesional y objetivo.

La ADE considera que «la mejor garantía posible de que España cuente con el servicio exterior que se merecen los españoles pasa por otorgar una independencia real a los funcionarios que sirven en el exterior, renunciando a los nombramientos, vetos y destituciones con motivaciones políticas».

Por ello, exhorta a los grupos políticos a que aprueben una proposición no de ley que inste al Gobierno a reformar la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado, el Reglamento de la Carrera Diplomática , y los distintos Reales Decretos que regulan los nombramientos de otros funcionarios en el exterior, como el puesto otorgado al ex ministro Soria.

En concreto, la ADE reclama que se establezcan « procedimientos de libre concurrencia guiados por criterios objetivos y profesionales en todos aquellos puestos no diplomáticos que a día de hoy no cuentan con tal sistema». Termina exigiendo al Gobierno que renuncie «al uso del veto en los puestos diplomáticos» y que abandone «el uso partidista de las designaciones de altos cargos en el exterior».