Los diplomáticos expulsados de Bolivia seguían instrucciones y no buscaban contactar con colaboradores de Evo Morales

Según fuentes conocedoras de la investigación consultadas por Europa Press, al visitar la embajada los diplomáticos españoles siguieron estrictamente las instrucciones recibidas, y éstas en ningún caso consistían en sacar de la residencia mexicana a colaboradores del expresidente Evo Morales allí asilados, ni siquiera en mantener contacto con ellos.

La misma investigación explica que el hecho de que los diplomáticos fuesen acompañados por policías del Grupo Especial de Operaciones (GEO) se correspondía, exclusivamente, al refuerzo del dispositivo de seguridad de la Embajada y del personal diplomático en medio de la escalada de tensión que vivía el país desde mediados del mes de noviembre.

Los hechos investigados se produjeron el pasado 27 de diciembre, cuando la encargada de negocios de la Embajada española en Bolivia, Cristina Borreguero, y el cónsul, Álvaro Fernández, hicieron una visita a la embajadora de México en ese país, María Teresa Mercado. México llevaba días denunciando el acoso de la seguridad boliviana a su legación, en la que se habían refugiado personas leales al expresidente Evo Morales.

La visita derivó en incidente, porque a su término la policía boliviana impidió a los coches de la Embajada española entrar en la urbanización donde se encuentra la representación mexicana . La ministra de Exteriores boliviana, Karen Longaric, acusó a España de «atropellos» a su soberanía y denunció que los GEO españoles que acompañaban a los diplomáticos iban «encapuchados» y suponían una amenaza. El suceso motivó que tanto el PP como Ciudadanos y Vox pidiesen explicaciones en el Congreso.

Al conocer lo sucedido, la ministra Margarita Robles, que entonces estaba a cargo de Asuntos Exteriores por la marcha de Josep Borrell, anunció que enviaría una misión a investigar lo sucedido. Con todo, horas después Exteriores aclaró que la visita había sido «de cortesía» y negó «rotundamente» que «pudiera tener como objeto facilitar la salida de las personas que se encuentran asiladas en aquellas dependencias», tal como habían sospechado las autoridades bolivianas.

Esa investigación de la Inspección General de Servicios finalmente se hizo en Madrid, porque los diplomáticos afectados fueron expulsados y enviados de vuelta a España .

Ahora está terminada y concluye que el origen de todo se remonta a cuando el delegado de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre, después de visitar él mismo a la embajadora mexicana, sugirió al resto de las embajadas de los Estados Miembros con presencia en La Paz que siguieran su ejemplo, con la intención de rebajar la tensión entre Bolivia y México.

Por ese motivo, según las fuentes consultadas, el entonces secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, instruyó a Borreguero para que aceptara la sugerencia del delegado de la UE, en el marco de las gestiones diplomáticas que España estaba realizando .

Esas instrucciones no pasaban por contactar con los asilados, y los diplomáticos las siguieron estrictamente, según las conclusiones de la investigación. Con todo, Margarita Robles no estaba al tanto, y así se lo comunicó a la canciller Longaric, tal como ésta contó a la prensa.

Sin embargo, el Gobierno de Jeanine Áñez no se dio por satisfecho por las explicaciones españolas y, el 30 de diciembre, declaró «persona non grata» a Borreguero y Fernández y les dio 72 horas para salir del país. El Gobierno español se lo tomó como un «gesto hostil» y quiso responder con firmeza, expulsando a tres miembros del personal diplomático de la Embajada de Bolivia en Madrid.

En aquel momento no había embajador, porque el Gobierno de Áñez había cesado al nombrado por Evo Morales, de manera que no hay embajador ni diplomáticos bolivianos en Madrid . Tampoco hay diplomáticos españoles en La Paz, porque el embajador se encontraba fuera cuando ocurrieron los sucesos de diciembre —por eso Borreguero actuaba como «encargada de negocios ad interim»— y el Gobierno ha decidido mantenerlo en Madrid de momento.

De hecho, la canciller Longaric ha declarado recientemente que «las relaciones diplomáticas entre Bolivia y España están prácticamente paralizadas» porque «no ha habido más diálogo y »el Gobierno español no ha acreditado nuevos funcionarios«, tal como ha contado Vox en una batería de preguntas parlamentarias. El partido de Santiago Abascal se interesó desde el principio por el incidente y el nuevo Gobierno de Bolivia anunció que cooperaría con ellos para investigar si Evo Morales había financiado a miembros de Podemos.