Dimite el presidente del Puerto de Melilla tras la «invitación» de Cascos

La dimisión, solicitada minutos antes del inicio del Consejo de Gobierno, se produjo tras una entrevista con el presidente regional del Partido Popular en Melilla, Antonio Gutiérrez, quien consideró que la carta del Gobierno «no admite mucha interpretación». Al ya ex responsable del Puerto y su director, se les acusa de un presunto intento de enajenación de unos terrenos en el centro de la ciudad norteafricana a la mitad de su valor, ya que mientras la tasación del propio Ministerio era de 5,6 millones de euros, la Autoridad Portuaria sacó a subasta los terrenos a 3,9 millones de euros, mientras que el precio resultante de una auditoría solicitada por la Ciudad Autónoma era de 7,5 millones de euros.

Además, y según la carta remitida a Imbroda el pasado sábado por el secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco, los responsables del Puerto de Melilla incluyeron una cláusula en la que se reservaban el derecho de adquisición preferente de las viviendas que habitan en razón de su cargo, lo que ha provocado la «pérdida de confianza» del Ente Público Puertos del Estado, que es el organismo del que dependen los puertos españoles, aunque el nombramiento recae, en virtud del pacto de gobierno autonómico protagonizado por el Partido Popular (PP), la Unión del Pueblo Melillense (UPM), el Partido Socialista de Melilla (PSME-PSOE) y varios miembros del grupo mixto, en el primero.

Por ello, Imbroda, en una rueda de prensa que levantó gran expectación entre los medios de comunicación, indicó que es el PP el que debe nombrar a un nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, cuyo primer trabajo deberá ser cesar al director, Luis Fernández, según indicaba la carta del secretario de Estado. Mientras este partido no decida el nombre del nuevo presidente, el encargado de llevar las riendas será el vicepresidente del puerto, Antonio Miranda, también secretario regional del PP en la ciudad.

Desde la oposición, el diputado en la Asamblea por el Partido Independiente de Melilla, Enrique Palacios, solicitó que la dimisión de los altos cargos se haga extensible a los consejeros del Puerto, ya que según indicó a Efe, aprobaron por unanimidad la enajenación de la parcela, lo que les hace «cómplices» de las supuestas irregularidades que decidieron a Álvarez-Cascos pedir su cese inmediato. Varios de los miembros del Gobierno de Melilla, consejeros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, delegaron su voto en la reunión en la que se inició el proceso de enajenación de las parcelas, ya que el presidente convocó la misma para el 28 de diciembre pasado, fecha de celebración del pleno en el que se aprobó la Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma.

En este sentido, Imbroda recordó que personalmente se encontraba insatisfecho con la labor desempeñada por el dimisionario Víctor Gamero, y recordó que hace unos meses éste protagonizó una polémica por su negativa a ceder unos terrenos a la Dirección General de Costas con la intención de limpiar varias playas. El presidente melillense explicó también que él mismo le hubiera destituido hace meses, aunque la última palabra al respecto la tenía el Partido Popular.