Las diez dudas del órgano que gobierna a los jueces

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El CGPJ afirma que «no puede pronunciarse» sobre la justificación que el anteproyecto de Defensa da a las entradas domiciliarias e intervención de las comunicaciones que lleve a cabo el CNI «para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro» -dice el texto-, ya que el Ministerio no ha remitido al Consejo el proyecto de creación del Centro Nacional de Inteligencia, en el que se recogen las citadas funciones.

El anteproyecto no especifica si cabrá algún recurso frente a las decisiones que el magistrado adopte cuando el CNI le pida autorización para llevar a cabo escuchas o intervención de comunicaciones y entradas domiciliarias.

Tampoco establece límites temporales a la prórroga de esas medidas limitadoras de derechos fundamentales.

No aclara si el control judicial al que quedaría sujeta la actividad del CNI abarca también los «pinchazos» informáticos.

El anteproyecto no concreta qué control judicial habrá respecto a cómo se desarrolle la intervención de las comunicaciones o cómo se ejecute la entrada domiciliaria que hayan sido autorizadas.

No determina el orden jurisdiccional del que debe proceder ese magistrado.

No incluye previsión alguna respecto a la sustitución del magistrado en caso de enfermedad o vacaciones.

No se sabe qué tipo de «proceso» deberá abrir el magistrado cuando reciba una petición de autorización del CNI.

No precisa la posición del Ministerio Fiscal en el mecanismo judicial de control que se pretende.

El CGPJ entiende que los expedientes judiciales sobre actividades del CNI estarán sujetos al régimen de publicidad fijado en la Ley de Secretos Oficiales, pero el anteproyecto no lo clarifica.