María José Campanario, en el momento de ser conducida al Juzgado. Efe

Detienen a diez personas por corrupción en Jerez, dos de ellas próximas a Pacheco

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EUGENIO CAMACHO

JEREZ/SEVILLA. La Guardia Civil dio ayer por desmantelada en Cádiz una red presuntamente dedicada a la concesión de incapacidades laborales mediante la falsificación de informes médicos. Diez fueron las personas detenidas y puestas a disposición judicial durante todo el día de ayer, acusadas de delitos como fraude a la Seguridad Social, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental. Entre los detenidos figuran María José Campanario, esposa del matador de toros Jesulín de Ubrique, y la secretaria personal del que fuera alcalde de Jerez y líder del Partido Andalucista, Pedro Pacheco, actualmente delegado de Urbanismo de esa Corporación municipal.

Médicos e inspectores del SAS

Tras ser detenida a las doce de la mañana en los alrededores de su domicilio, María José Campanario prestó a mediodía declaración en el cuartel de la Guardia Civil de Jerez y posteriormente pasó a disposición judicial. Desde octubre del año pasado estaba siendo investigada por su presunta «vinculación directa» con este caso.

Paz Cañero, la secretaria personal de Pedro Pacheco, prestó declaración ante el juez titular del Juzgado de Instrucción 2 de Jerez, Juan José Parra, y quedó en libertad provisional con cargos; al cierre de esta edición, se desconocía si Campanario había declarado ya.

Junto a la esposa del torero de Ubrique y a la secretaria de Pacheco, fueron también detenidos un inspector y una funcionaria del Servicio Andaluz de Salud, cuatro médicos, un trabajador que supuestamente habría comprado los expedientes falsos, el que fuera jefe de la Policía Local de Prado del Rey (Cádiz) y un empresario ubriqueño. Este último, José Luis López, conocido como «El Turronero», mantiene una estrecha relación profesional con Pacheco desde que aquél desembarcara en Jerez junto a un importante grupo de inversores para salvar al Xerez Deportivo -equipo local del fútbol, en la Segunda División-de su desaparición en el verano de 2004.

Además, López es amigo personal del ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero, en principio implicado también en la trama de facturas falsas y la de los certificados médicos. La Guardia Civil, a través de un comunicado emitido por el Ministerio del Interior, informó de que las investigaciones se iniciaron en el pasado mes de octubre de 2005, después de conocer que podría haber una persona ligada a una trama organizada dedicada a la concesión de incapacidades laborales mediante procedimientos «ilegales». De esta forma, tras las primeras averiguaciones, el Instituto Armado constató que esa persona contaba con la connivencia de un médico, presuntamente el encargado de supervisar las bajas que facilitan los facultativos de atención primaria, así como otros especialistas.

Según la Benemérita, para lograr este fin, los beneficiarios de estas pensiones, «con el objetivo de alcanzar el grado de incapacidad deseada y la consecuente pensión de invalidez», abonaban cantidades de dinero que «rondaban los 24.000 euros». Estas fuentes precisaron que esta cifra era luego repartida entre los implicados y en el caso de que el beneficiario careciese de dinero, «dicho médico les facilitaba una póliza a través de entidades bancarias que posteriormente eran abonadas una vez concedida la pensión».

Entre los registros practicados, la Guardia Civil intervino varios ordenadores y «abundante» documentación que está siendo investigada aún. Ante esta situación, los agentes arrestaron a diez personas, que ayer prestaron declaración en los Juzgados de Jerez. La Guardia Civil no descartó ayer que se produzcan más detenciones en las próximas horas.

Pacheco se desmarca de la trama

Tras el arresto de su secretaria, Pedro Pacheco dijo confiar «ciegamente» en su inocencia y adujo que «ni aquí está implicado el Partido Socialista Andaluz (al que él pertenece tras abandonar años atrás el PA), ni está implicado Pedro Pacheco, ni el Ayuntamiento, ni la Gerencia de Urbanismo». «Hay alguien que quiere utilizar el tema políticamente, pero aquél que lo intente utilizar va a salir bastante trasquilado», señaló.

La alcaldesa de Jerez, la socialista Pilar Sánchez, se mostró prudente: «No tenemos todavía suficiente información y el Ayuntamiento debe tranquilizar a la población porque ha habido una conmoción importante en la ciudad».