Desde que se aprobó el 155 se han pagado facturas a proveedores por valor de 1.500 millones de euros

«Las necesidades de los ciudadanos se han vuelto a convertir en la prioridad de la Generalitat y hemos garantizado que los recursos se destinan a las estructuras más importantes: la sociedad catalana, los sectores productivos y los municipios que han cobrado de manera puntual por los servicios de carácter público que ofrecen a los ciudadanos», presumen en el Gobierno. En el informe se hace hincapié en la normalidad con que se ha aplicado una medida tan extraordinaria como la del 155, sin que se produjera ninguna revuelta en la Administración autonómica, como auguraban algunos. Así, el Ejecutivo hace un reconocimiento especial a «la gran mayoría» de los empleados públicos por «la lealtad y el compromiso que han demostrado con los principios de la función pública y el interés general».

El primer objetivo que se marcó el Gobierno, a la hora de asumir la gestión autonómica, fue reactivar una Generalitat «absolutamente parada por el proceso y más obsesionada por la construcción de estructuras de estado que por la consolidación de las estructuras sociales y de la economía productiva». Esa parálisis se comprueba en estos ejemplos: los acuerdos sobre educación se habían reducido en un 26 por ciento; los sanitarios, un 28 por ciento; los sociales, un 30 por ciento. En justicia, las cuestiones tratadas en los consejos de Gobierno se habían reducido casi a la mitad, un 46 por ciento. Solo en el ámbito de justicia el Gobierno se encontró con 26 contratos vencidos y no renovados .

La aplicación del 155 comenzó desde el minuto uno con la destitución de todo el Gobierno autonómico y la supresión de organismos y entidades creados para los fines independentistas, como era el caso de Diplocat o las «embajadas», de las que solo ha quedado abierta la de Bruselas como delegación comercial. Fueron las primeras medidas de cirugía urgente, pero más allá de esa intervención el Gobierno tenía por delante asumir la gestión diaria de una Comunidad que había sido motor económico de España.

Nada más llegar a la Generalitat, el equipo de Rajoy se impuso la obligación de pagar de forma puntual a los ayuntamientos y a los proveedores. La Moncloa subraya que se han pagado 1.100 millones de euros a los municipios, que arrastraban un «histórico retraso» en los cobros. «No han sido ni uno ni dos los alcaldes que nos han agradecido esta puntualidad que hacía años que no sucedía» , subraya el informe. En cuanto a los proveedores, desde que se aprobó el 155 se han pagado facturas por valor de 1.500 millones de euros.

En estos más de tres meses de intervención, se han celebrado una docena de Consejo de Ministros, en los que se han aprobado más de un centenar de acuerdos relacionados con Cataluña. Destaca, en Educación, la aprobación de la convocatoria de 2.000 plazas para maestros y profesores, después de siete años sin convocatoria de acceso a la función pública docente en Cataluña.

En Seguridad, a finales de 2017 se aprobó una oferta de empleo público a los Mossos, que permitió a la Generalitat convocar 455 nuevas plazas. En Servicios Sociales, se han convocado subvenciones por 10,5 millones de euros para servicios integrales de orientación, acompañamiento y apoyo a la inserción de discapacitados o personas con trastorno de la salud mental. Y otros 6,2 millones para el Programa de activación de parados de largo duración.

Rajoy quería un 155 corto, que expirara en pocos meses, en cuanto el nuevo presidente de la Generalitat nombrara a sus consejeros. El bloqueo político actual en Cataluña prolongará las medidas excepcionales, muy a pesar de algunos ministros, sobre los que cae la doble responsabilidad de ambas administraciones. Pero desde La Moncloa se insiste en que el Gobierno está «preparado» para continuar con la gestión autonómica, hasta que haya un acuerdo en Cataluña para investir a un candidato de forma legal.