La deriva catalana de la Conferencia Episcopal

A diferencia de los obispos catalanes que consiguieron consensuar una nota, sus pares de la Permanente –de la que forman parte los 26 obispos con más peso en la Iglesia en España– no llegaron a ningún acuerdo. «Si hubiera habido una postura clara, si todos hubieran visto lo mismo sobre este asunto, lo habrían dejado por escrito. Cuando quieren hacer algo lo hacen », aseguran a ABC fuentes eclesiásticas.

La acalorada discusión –que tuvo lugar el martes 22 en presencia de Omella antes de partir el miércoles a Roma– desembocó el jueves en una rueda de prensa en la que el secretario general intentó hacer un ejercicio de equilibrio, al apoyar, por un lado, el aval de los obispos catalanes a los indultos y, supeditar, por otro, cualquier «legítima propuesta de una organización distinta» de España a la Constitución.

En los últimos veinte años, la Conferencia Episcopal ha ido rebajando progresivamente el tono sobre el independentismo. El secretario general prefirió hablar hace un par de semanas de «acentos distintos». Pero lo cierto es que el camino de moderación pública emprendida por la CEE comenzó a consolidarse cuando el Papa Francisco nombró en noviembre de 2015 a Omella como arzobispo de Barcelona en sustitución de Lluís Martínez Sistach . A diferencia del cardenal turolense, Martínez Sistach siempre estuvo posicionado a favor –y bien visto– por el nacionalismo catalán.

Alejado de los postulados nacionalistas pero convencido de que «se gana más con miel que con hiel» –como aseguró el año pasado en una entrevista a ABC – Omella intercedió por primera vez en la sede de la Conferencia Episcopal con motivo del referéndum ilegal del 1-O de 2017. Primero intentó tender puentes entre el Govern y el Gobierno de Mariano Rajoy y luego medió frente a sus pares para que la Iglesia ayudara a rebajar la confrontación pública. Omella consiguió en aquellos días que los prelados de la Comisión Permanente se limitaran en un escueto comunicado a hacer un llamamiento al diálogo, la sensatez y la Constitución para «evitar actuaciones irreversibles».

Pese a que por aquel entonces el presidente de la CEE era el cardenal Ricardo Blázquez , el arzobispo de Barcelona ya empezaba a sembrar en la sede de Añastro el espíritu de «diálogo y fraternidad civil» frente a la cuestión catalana. Una tarea que ha traído consigo un claro descontento de los perfiles más conservadores y constitucionalistas dentro la Conferencia Episcopal, de la Iglesia, de los católicos y de la sociedad en general. De hecho, tres días después de que se publicara aquella nota, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, la criticó públicamente: «El comunicado es tan suave y tan neutral que parece que estamos hablando de otra cosa».

Evidentemente esa declaración se alejaba bastante de la instrucción pastoral que estos mismos obispos habían acordado –salvo los catalanes y algún vasco– en 2006 bajo el título ‘Orientaciones morales ante la situación actual de España’. Ese documento –gestado por iniciativa del cardenal Antonio Cañizares en contra de la mentalidad laicista del Gobierno de Rodríguez Zapatero y su vía libre al soberanismo catalán– defendía que la unidad, la convivencia y la historia de España es «un bien» que hay que tratar con «responsabilidad moral».

Entonces los prelados bajo la presidencia de Blázquez afirmaron que «la Iglesia reconoce, en principio, la legitimidad de las posiciones nacionalistas que, sin recurrir a la violencia, por métodos democráticos, pretendan modificar la unidad política de España; pero enseña también que, en este caso, como en cualquier otro, las propuestas nacionalistas deben ser justificadas con referencia al bien común de toda la población afectada. (...) ¿Sería justo reducir o suprimir estos bienes y derechos sin que pudiéramos opinar todos los afectados?», señalaban.

El tono del texto, sin embargo, era mucho más suave que el de la instrucción pastoral aprobada cuatro años antes bajo la presidencia del cardenal Antonio María Rouco Varela . Con la amenaza terrorista aún a la orden del día, los prelados aseguraban en el documento ‘Valoración Moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias’ (2002) que «poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear no sería prudente ni moralmente aceptable». «Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder local o de cualquier otro tipo, es inadmisible», añadían.

Mucho camino ha recorrido la CEE desde aquel documento. En ese sentido, algunos eclesiásticos explican a ABC que Omella «no solo no tiene un discurso articulado frente al secesionismo catalán» , sino que «por su propia condición personal ha llevado a la Conferencia Episcopal a dejar de ver su propia jurisprudencia» sobre el independentismo. «Si Omella fuera el arzobispo de Madrid las cosas no estarían así porque no es un nacionalista echado al monte ni mucho menos», señalan. Las mismas fuentes reconocen que el arzobispo de Barcelona se encuentra además en «una posición incómoda», ya que es el «único dique frente al nacionalismo» entre los obispos catalanes, mientras que en Añastro, «a pesar de contar con el apoyo de muchos obispos, la división ahora es mucho más profunda». «Si Omella dice que no se puede sacar el texto de 2006, algo más de la mitad del episcopado se alinea con Omella. En la época de Rouco no era así porque Rouco tenía controlado al 90 por ciento. Ese cambio es importante», apuntan.