La denuncia de Vox ante la Fiscalía contra el fiscal e Iglesias complica el caso Villarejo

La denuncia de la formación de Abascal, sumada a la investigación que sobre la concreta actuación de Stampa abrió la Fiscalía General la semana pasada , supone una nueva derivada en esta pieza del caso Villarejo, quien paradójicamente podría verse beneficiado por este enredo cuyas consecuencias judiciales son aún desconocidas pero que desde el punto de vista político están comprometiendo la imagen del vicepresidente del Gobierno, quien en su afán de mantener la tesis de las cloacas, no ha dudado en arremeter contra el juez acusándole de llevar a cabo una investigación sin base legal alguna. Por lo pronto, la defensa del comisario jubilado ya ha anunciado que pedirá que los fiscales del caso -Stampa y Serrano- sean apartados de todo el procedimiento al entender que se trata de unos «hechos gravísimos» y que si se demuestran sus vínculos con Podemos quedarían invalidados para todas las piezas en las que la formación morada está personada, más de una veintena.

En el escrito de Vox ante Anticorrupción, la formación admite que no tiene más noticias de este procedimiento que las que se han publicado en los medios, pero el hecho de que se trate de informaciones que no han sido desmentidas «hacen que se deban considerar como indicios sólidos, privilegiados y suficientes para el inicio de una investigación».

El partido de Abascal considera que aunque el origen de esta pieza se encuentra en la denuncia interpuesta por Bousselham sobre el robo de su móvil, se están revelando hechos que ponen en entredicho la veracidad de esa denuncia, pues se han detectado contradicciones en las declaraciones de los implicados y la investigación judicial, «que muestra que Pablo Iglesias tuvo en su poder una copia de la tarjeta de teléfono y su contenido», por lo que pudo cometer un delito de revelación de secretos y otro de daños informáticos contra ella.

Vox recuerda que en el procedimiento judicial están incorporados los mensajes del chat interno del servicio jurídico de Podemos que demostrarían los contactos con los Fiscales Anticorrupción que llevaban el procedimiento, lo que le lleva a concluir que «todo obedece a una estrategia política debidamente orquestada por Iglesias de la que Podemos se beneficiaria de la causa contra Villarejo, estando, entonces (el robo de la tarjeta fue en 2015), próximas las elecciones».

Prueba de que existían esos contacto, recuerda la formación de Abascal, es que, según las revelaciones que han trascendido, fue Marta Flor (la abogada de Podemos) quien reconoció «haber tenido información secreta del caso Villarejo a través de uno de los fiscales de Anticorrupción al que apodaba Ironman» (supuestamente Stampa, con quien al parecer mantenía una estrecha relación).

Precisamente la semana pasada y tras varios días de silencio ante las revelaciones en los medios, la Inspección de la Fiscalía General que dirige Dolores Delgado decidió dar un paso al frente e investigar a Stampa por las revelaciones. El fiscal ya fue objeto de una investigación el 14 de febrero, después de que una particular alertara de su posible falta de imparcialidad por sus vínculos con la abogada, pero el caso fue archivado el 9 de marzo. Para Vox, el hecho de que se hayan abierto ahora nuevas diligencias viene a confirmar la existencia de pruebas consistentes de la posible comisión de delitos, en concreto, revelación de secretos y tráfico de influencias, que son los que atribuye a Stampa. Lo cierto es que la investigación de la Inspección, que está causando una enorme preocupación en Anticorrupción al entender que se está desviando el foco de la investigación y favoreciendo la estrategia de Villarejo al poner al fiscal en la diana, se encuentra aún en un estado embrionario.

En su denuncia, Vox pide que se tome declaración a los cuatro denunciados y que se una testimonio de esta pieza, de las declaraciones de Bousselham y de los correos y mensajes del chat de los letrados de Podemos. También pide que declaren Jose Manuel Calvente, jefe de los servicios jurídicos del partido en las fechas indicadas, y Miguel Serrano, el otro fiscal del caso, y un periodista.