La delincuencia se desploma pero nacen las patrullas vecinales

Los últimos datos disponibles de criminalidad no avalan los escenarios planteados, pero solo llegan hasta junio. Y la citada orden de servicio se extiende al otoño e, incluso después. De hecho, el desplome que se ha producido en casi todos los delitos es inédito: un 24,8 por ciento menos, con descensos tan llamativos como un 44,7 por ciento en los hurtos; un 31,4 en los robos con violencia e intimidación y una cifra similar en los robos en casas y establecimientos. Esta disminución es el resultado de medir el número de casos registrados en el primer semestre del año -con tres meses de estado de alarma y confinamiento- en comparación con el mismo periodo de 2019.

El Ministerio del Interior admite en su estadística oficial la influencia: «Buena parte de dicho descenso está íntimamente correlacionado con las circunstancias derivadas de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (...)» , señalaba como acompañamiento a esos datos del primer trimestre donde la delincuencia «solo» había bajado un 8,9 por ciento, frente al 24,8 registrado tres meses después; es decir, quince días de confinamiento ya habían arrastrado a cifras negativas la criminalidad de tres meses.

«Las estadísticas son reales, pero no sirven como termómetro en este caso porque estamos ante una crisis inédita. La temperatura hay que tomarla en el trabajo de la calle», explican fuentes policiales. Y en la calle raro es el día que no tiene que intervenir Policía , Guardia Civil, Mossos d'Esquadra , Ertzaintza o policías locales por alguna concentración ciudadana, cacerolas y megáfono en mano, para protestar por la inseguridad en su pueblo o en su barrio. Los okupas, allanadores de casas o usurpadores, los «menas», los carteristas y los «camellos» concitan la mayoría de estas protestas. Esta misma semana se han repetido en Utebo, un pueblo de Zaragoza de 18.000 habitantes, donde la Guardia Civil tuvo que escoltar a un okupa que atemoriza a un bloque entero de viviendas. «Reventó el portal a patadas en nuestras narices, escupen en el suelo y van sin mascarillas por donde tienen que pasar mis hijos. Nos amenazan y nos provocan», cuenta César Gómez, presidente de esa comunidad y convocante de la última cacerolada comunicada a la Delegación del Gobierno.

Las patrullas urbanas de Cataluña , de Barcelona en concreto, empezaron hace año y medio en el Metro por los carteristas. Tras el confinamiento han vuelto a la carga. Publican sus imágenes y persiguen a los ladrones. El Ayuntamiento de Ada Colau ya se pronunció: «La responsabilidad de la seguridad y el orden público corresponde a la administración, no puede haber autoorganización, es peligrosísimo». Premià de Mar, Barcelona, Mataró, Badalona, Llançà, Cubelles, Masnou... Pero no solo allí. En la zona de La Sagra (Toledo) los vecinos están en pie de guerra, en pueblos y barrios de Madrid, en Mallorca, en Nuevo Baztán, en el País Vasco. En todos esos lugares han tenido que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos últimos meses para apaciguar a los vecinos. «Se focaliza mucho en la okupación porque son puntos visibles. La gente está tensionada y hastiada», señala Toni Castejón, mosso y portavoz de Fepol, el principal sindicato policial de Cataluña.

Pese al descenso de la criminalidad, Interior está preocupado y «alerta» por la proliferación de actuaciones al margen de la legalidad, tal y como admiten fuentes del Ministerio a ABC. No solo por las llamadas patrullas vecinales, caceroladas e intentos de agresión que se han vivido, también por empresas que imparten su justicia a golpe de talonario . Las protestas de mayo contra el Gobierno se han desvanecido y se han transformado en algaradas contra los delincuentes de la puerta de al lado.

En la orden de servicio de la Guardia Civil «Delta-Papa» mencionada se incluye la posibilidad de «protestas o alteraciones del orden público debido a un aumento de las ocupaciones de viviendas de manera ilegal », también en zonas rurales y otras protestas «protagonizadas por ERTE o despidos». Se alerta además de posibles movimientos de «conflictividad social» y de «apología del quebrantamiento de las normas» a través de Internet. La okupación centra el foco, aunque ha crecido menos que en años anteriores: un 5 por ciento en el primer semestre, frente al 15,2 por ciento en 2018 o el 22 por ciento del año anterior. Sí que hay un factor nuevo: en las denuncias empieza a tener peso específico las de personas jurídicas, bancos sobre todo, con un gran stock de viviendas que ahora pretenden recuperar. En 2019 representaron el 5,3 por ciento de las denuncias cuando tres años antes solo eran el 1,2 por ciento.

Son estas casas de saldo las que más conflictos originan en los barrios y pueblos por la inacción de sus propietarios , esas personas jurídicas ajenas a los trapicheos y robos que suelen proliferar en torno a ellas. A la pregunta de si la sensación de inseguridad es subjetiva, varios agentes consultados por ABC responden con otro elemento para la ecuación. «La gente está crispada, vas a identificar a alguien y te insultan o te atacan. Ha crecido la desobediencia y las agresiones a policías», dice un policía nacional. Y añade: «Eso si no te amenaza con grabarte. Pero nos viene bien, así se ve que actuamos conforme a derecho».