Delgado, Garzón, Villarejo... El tribunal rechaza los testigos que pedía Francisco Camps para su juicio por Gürtel

La Fiscalía Anticorrupción pide dos años y medio de cárcel para Camps por prevaricación y fraude en los contratos de la Generalitat Valenciana con la Gürtel y, en concreto, los relativos a la promoción de la región en la Feria del Turismo Fitur de 2005, que se habrían adjudicado a dedo a las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama, para calmar los ánimos frente a la elevada deuda que mantenían con ellos por la organización de actos del Partido Popular.

De cara al juicio, la defensa de Camps presentó escrito con la lista de pruebas que quiere practicar en su descargo durante la vista oral y entre ellas, la declaración de un variado elenco de testigos entre los que figuran también la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega , el actual presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, el último juez instructor del caso en la Audiencia Nacional José de la Mata y las fiscales de Gürtel, Concha Sabadell y Miyriam Segura.

Sumaba la pretensión de hacer desfilar abogados, integrantes de las acusaciones populares, varios comisarios ya retirados y hasta el magistrado del Constitucional Cándido Conde Pumpido , pero en una resolución del 10 de noviembre a la que tuvo acceso ABC, el tribunal que preside José Antonio Mora Alarcón descarta sus pretensiones.

«Salvo error u omisión, ninguno de ello/as han prestado testimonio durante la instrucción del procedimiento ni tienen relación ni previsiblemente dispongan de ninguna información directa y propia sobre los hechos y sin que tampoco haya sido aportado por la parte proponente ninguna razón procesal atendible para la práctica de dichos testimonios en el acto de la vista», concluye la Sección Segunda de la Sala de lo Penal.

El juicio, aún sin fecha, se dirige contra 27 personas físicas, entre ellas la plana mayor de la trama Gürtel, y siete empresas. La Generalitat Valenciana consta como principal perjudicado de los delitos que llegan a la Sala y que se prevé sean objeto de enjuiciamiento durante 60 sesiones: asociación ilícita, cohecho pasivo, contra la Hacienda Pública, prevaricación, fraude a las Administraciones Públicas, cohecho activo, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación.