La defensa de Gali pide el archivo de las querellas por «políticas» e «inconsistentes»

El escrito, al que tuvo acceso ABC, desgrana en relación a la querella interpuesta por el activista Fadel Breica por detención y torturas en los campos de Tinduf, que es «la única referencia fáctica que se hace» en todo ese escrito que tiene que ver con la afirmación de un tercero que le habría hecho saber que, por orden de Gali, debía cesar en sus actividades o abandonar la zona.

«Esta conducta es atípica y no es constitutiva de delito alguno. No merece mayor comentario. La querella debió ser inadmitida a trámite », argumenta el abogado de Gali, el penalista Manuel Ollé. Añade que su propio cliente desmintió el relato de Fadel en su comparecencia ante el juez, pues dijo que ni le conocía ni podía haber dado, por tanto, instrucción alguna que le afectase, entre otras cosas, porque en su condición de presidente de la RASD tiene atribuciones distintas a las de encargarse de ese tipo de asuntos.

«El acusador particular pretende atacar al Presidente de la RASD y Secretario General del FP, Brahim Gali, al ser una figura histórica en la lucha por del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Y un referente de este pueblo por su trabajo durante más de 50 años», señala la petición de archivo elevada al juez. Critica la «temeridad, mala fe y reprochable desprecio por la verdad» del querellante.

El juez, no obstante, ha fijado el 29 de junio como fecha en la que el activista comparecerá para ratificar la querella. Ese mismo día, ha convocado a varios testigos que su representación solicitaba que declarasen en relación a los hechos que relata haber vivido durante su paso por los campamentos saharauis, de acuerdo a la providencia a la que tuvo acceso este diario.

En cuanto a la segunda querella viva, impulsada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) y que luego fue ampliada por cuatro personas en acusación particular, la defensa de Gali pide el cierre de la causa contra él y los 27 querellados porque entiende que la iniciativa a «pretensiones espurias» y «criterios oportunistas».

Así, expone que ni se relatan los hechos y circunstancias concretas de los delitos de torturas y lesa humanidad que señalan, ni se mantiene consistencia en la incriminación de los individuos que ejercen la acusación particular y el propio Gali negó haber tenido relación alguna porque en la época en la que se circunscribiría la querella, era ministro de Defensa y no tenía competencias.

«En relación con todos los querellantes particulares y con los dos casos relatados por la acusación popular, mi representado no conoció personalmente a ninguno de ellos, ni si fueron privados de libertad, ni, en su caso, el motivo que lo produjera, ni las condiciones de su detención, ni si sufrieron maltrato. Y, en cualquier caso, don Brahim Gali ni torturó ni maltrató a las repetidas personas, ni lo ordenó ni lo conoció», resume el escrito.

Para la defensa de Gali, «los hechos denunciados por los dos primeros acusadores privados son inexistentes respecto del Presidente de la RASD y Secretario General del FP. A la inocua versión de los propios querellantes se unen las diligencias de prueba practicadas, a instancias, de la propia acusación particular que termina por fulminar su interesada y espuria versión incriminatoria».

Además, añade que los hechos descritos no reúnen los requisitos del tipo penal del genocidio que se imputa a Gali y, en cualquier caso, estarían prescritos, pues «siendo generosos con las acusaciones», se incardinarían, por lo menos, en 1985.

« La finalidad de la querella es política . Las acusaciones están utilizando el proceso penal para fines espurios y ajenos a la acción de la justicia. Se pretende por los querellantes utilizar a los tribunales de justicia para evidenciar la oposición frontal del régimen marroquí contra el Frente Polisario», concluye el letrado.