Decepción entre los jueces catalanes por el traslado a Madrid de un acto del Rey

Sin embargo, la decisión, que se produce en unas circunstancias muy excepcionales -pocas semanas antes de que empiece el juicio contra el «procés»-, no ha sentado nada bien a los magistrados catalanes.

De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hizo pública una nota en la que expresaba su «decepción»: «La sala de gobierno no puede hacer otra cosa que, en nombre de los jueces y magistrados que ejercemos en Cataluña, transmitir respetuosamente al Consejo nuestra profunda decepción por esa decisión », señala el comunicado recogido por la agencia Efe. Los jueces esperan que «sea una decisión transitoria y que en el futuro se den las condiciones para que el tradicional acto de entrega de despachos presidido por Su Majestad el Rey se pueda volver a celebrar» en Barcelona.

Ya el año pasado el acto se celebró en un momento de especial tensión con los separatistas . En aquella ocasión, los jueces decidieron no invitar, por primera vez, a políticos, ni del Gobierno ni de la Generalitat, ni del Parlamento autonómico ni del Ayuntamiento, como muestra de la independencia e imparcialidad del poder judicial. El único miembro del Gobierno que asistió fue el ministro de Justicia, Rafael Catalá, pero lo hizo como «ministro de jornada» del Rey.

Además, el acto se celebró en medio de fuertes medidas de seguridad, ya que los autodenominados Comités de Defensa de la República habían amenazado con organizar nuevas manifestaciones y protestas contra el Rey y la cúpula judicial.En esa ceremonia, en la que Don Felipe coincidió con el juez Pablo Llarena, que instruyó la causa del «procés», y con su esposa, Gema Espinosa, que dirigía entonces la Escuela Judicial, el Rey afirmó que los jueces son «independientes, inamovibles, responsables, sometidos únicamente al imperio de la ley» y « garantes de la legalidad de la acción de los poderes públicos».

En el acto de hoy, Don Felipe entregará los despachos a 63 nuevos jueces y está previsto que le acompañen la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la fiscal general del Estado, María José Segarra, entre otras autoridades.