La cúpula socialista de Málaga conoció la trama de Estepona antes de las municipales

La ejecutiva provincial de Málaga del PSOE, al frente de la cual está su secretaria general, Marisa Bustinduy, estaba al corriente desde antes de las últimas elecciones municipales de los manejos del

J. M. CAMACHO/C. MORCILLO / P. MUÑOZ. MÁLAGA/MADRID.
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La ejecutiva provincial de Málaga del PSOE, al frente de la cual está su secretaria general, Marisa Bustinduy, estaba al corriente desde antes de las últimas elecciones municipales de los manejos del alcalde de Estepona y de muchos de los detalles de la trama de corrupción ahora desmantelada por la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial. Sin embargo, no sólo no hizo averiguación alguna, sino que volvió a presentar como candidato en la localidad a Antonio Barrientos, ahora detenido como principal responsable del caso.

Las fuentes consultadas por ABC explicaron que fueron el ex portavoz del gobierno municipal, David Valadez, y otra ex concejal, Cristina Alarcón, quienes «de forma personal y con detalle» informaron a la Ejecutiva del PSOE malagueño de las actividades sospechosas de Barrientos y de algunos de sus compañeros. Incluso, presentaron ante sus jefes de partido la documentación que lo demostraba. La cúpula provincial socialista argumentó que no iba a tomar decisión alguna sobre el alcalde, entre otras razones porque tenía sobre la mesa una encuesta que le daba como ganador en las últimas elecciones municipales.

Fuera de las listas

La única consecuencia de la denuncia ante la ejecutiva provincial del PSOE de Valadez y Alarcón fue, por el contrario, la eliminación de éstos de las listas municipales. Las fuentes consultadas no supieron precisar si estas dos personas, al ver que su partido no tomaba iniciativa alguna para acabar con la trama de corrupción, decidieron poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Es la segunda vez que la Ejecutiva socialista malagueña hace oídos sordos a una denuncia sobre una trama de corrupción en la que están implicados compañeros de partido. La propia Isabel García Marcos, que acabó en prisión por el «caso Malaya», también informó del caso Marbella.

Fuentes del PSOE de Málaga consultadas por ABC admitieron que en el partido hay «una seria preocupación» por las consecuencias que puede tener la operación policial del pasado martes. En concreto, creen que la «caja B» que controlaba el alcalde «puede deparar sorpresas y poner en aprietos a alguna persona con cierto relieve». Y es que según distintos medios comienza a vislumbrarse que detrás de este caso existe una financiación irregular de partidos cuyo alcance ahora es difícil de prever.

Ayer, ABC intentó ponerse en contacto con la secretaria general del PSOE provincial y parlamentaria andaluza, Marisa Bustinduy, para conocer su versión de los hechos, sin conseguirlo. Precisamente, Bustinduy llevaba como número 9 en su lista para el congreso regional andaluz al alcalde de Estepona, ahora arrestado y expulsado de las filas socialistas.

Otra de las características que «adornan» a Antonio Barrientos es que se trata de uno de los alcaldes que más cobran en España, a pesar de que Estepona es una localidad de tamaño medio. Incluso, más que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que está al frente de la sexta ciudad de España. No hay constancia de que el PSOE le haya trasladado recomendación alguna de que siempre es razonable una cierta contención salarial.

Pero además le permitió ser el único alcalde de la Costa del Sol que pactara con los ex gilistas. Hay que recordar que Barrientos se jacta de mantener una estrecha amistad con Javier Rojo, presidente del Senado, y también con el del Congreso, José Bono.

En Madrid, José Luis Rodríguez Zapatero aseguró ayer que todas las responsabilidades que se puedan derivar de la investigación policial «se van a depurar», y recalcó que en el PSOE no cabe «ningún comportamiento irregular». El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, denunció por su parte que existe «responsabilidad política» por parte de la Junta, que tiene competencias sobre «control e inspección» urbanística. Por su parte, el equipo de gobierno de Estepona pidió cautela a la espera de la investigación en curso.

Mientras tanto, la juez que instruye la «operación Astapa» dictó ayer las primeras órdenes de prisión incondicional para alguno de los 26 detenidos. Se trata del ex concejal del GIL y actual edil y portavoz del Partido Estepona (PES), José Ignacio Crespo, y del ingeniero de Obras Públicas Javier Wittmeur, que al parecer ocupa responsabilidades en el área de Urbanismo del Ayuntamiento. En el caso de Crespo, que fue detenido el lunes por la noche horas después de que arrestasen a su hermana en la misma operación, la juez le imputa los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales.

Dos detenidos, en prisión

Crespo es un abogado madrileño de 48 años que perteneció al GIL, del que fue su coordinador general y llegó a anunciarse que sería el candidato a presidir la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas de 2000, aunque esta formación no concurrió finalmente a aquellos comicios. A Javier Wittmeur, que iba en las últimas elecciones locales en la lista del Partido Estepona (PES) formado por ex integrantes del grupo GIL, se le acusa de falsedad en documento, fraude y malversación.

Finalmente, hay que precisar que, en contra de lo publicado ayer por ABC, Víctor Sánchez Pinacho no ha sido llamado por el juez como testigo.