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Justicia

Cuarenta procesados por corrupción en sólo tres meses

El 61 por ciento de las sentencias dictadas por los Tribunales fueron condenatorias

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Chaves y Griñán, en el banquillo del kuicio de los ERE
Nati Villanueva

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El segundo trimestre de este año concluyó con la instrucción de 11 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 40 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial , que por primera vez incluye el número de personas jurídicas contra las que se dictó auto de apertura de juicio oral en ese periodo: en total fueron seis, cinco de ellas en Andalucía y una en la Comunidad Valenciana.

La información que se ofrece en este repositorio corresponde a la denominada corrupción pública , es decir, aquella que tiene como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, lo que abarca tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Según datos proporcionados por el órgano de gobierno de los jueces, los delitos que motivaron esos procesamientos fueron prevaricación urbanística, prevaricación administrativa , infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Casi dos de cada tres

Entre los meses de abril y junio, los Tribunales dictaron 23 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 14 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 60,9 por ciento del total.

De esas 23 resoluciones, tres correspondieron a la Audiencia Nacional y las otras 20 emanaron de juzgados y tribunales de las comunidades autonómas: siete de Andalucía, cuatro de Canarias y el resto repartidas entre Asturias, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia.

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