La crisis sanitaria revela la incapacidad del gobierno Torra

La realidad, sin embargo, demuestra que los máximos dirigentes de la Generalitat catalana, en lo que se refiere a la crisis del Covid-19, no han dejado de dar tumbos en sus propuestas, proponer medidas para las que no tienen competencias y buscar el encontronazo institucional más que la empatía para ayudar a la población. La idea del «gobierno independentista» de la Generalitat –en palabras de Torra y Meritxell Budó, la portavoz del gobierno autonómico– es plantear todas las cuestiones en clave win-win. Si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no envía mascarillas, mal; y si las envía, peor, porque o el número hace referencia a no-se-sabe-qué año de la historia o se envían pocas, aunque sobren.

El 12 de febrero, los organizadores en Barcelona del Mobile World Congress (MWC) anunciaron que no se celebraría la edición correspondiente por el coronavirus (en ese momento, gran parte de los expositores ya habían dicho que no acudirían a Barcelona). Dos días después, Torra, en un acto institucional, señaló que la cancelación del MWC no era consecuencia de «la epidemia del Covid-19», sino por lo que definió como «la epidemia del miedo, que la desinformación ha propagado por todo el mundo». El jueves, 16 de abril, el mismo Torra dijo –ante la p rensa extranjera – que la cancelación del MWC de 2020 fue «responsable» y «una muy buena decisión». ¿Cambio de opinión o, simplemente, populismo?

La operación Balmis, planificada desde el Ministerio de Defensa, estaba ya en marcha por toda España, incluida Cataluña, a mediados de marzo. La Generalitat, a través de sus portavoces durante la crisis sanitaria: Budó, Buch y la consejera de Salud, Alba Vergés, reiteraron, una vez y otra, que el gobierno catalán no iba a pedir ayuda al Ejército. Nada importaba, por lo visto, no ya que los militares se pudieran dedicar a tareas de desinfección de los centros geriátricos, sino que ya lo estuvieran haciendo. El 27 de marzo, la directora de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia), Ester Cabanes, que forma parte de la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, pidió por carta al Gobierno el envío inmediato de militares para la desinfección de un centro de menores de Badalona (Barcelona).

De esta manera, Cabenes se sumaba a decenas de alcaldes de Cataluña, que, ignorando la recomendación de la Generalitat, reclamaban ayuda al Ejército. Las personas por delante de las ideologías. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, entendió también que los militares del siglo XXI no son Antonio Tejero Molina. Al mismo tiempo que esto ocurría, Buch y Vergés aseguraban, a preguntas de los periodistas, que la Generalitat no pediría ayuda a los militares. Según ha sabido ABC, los consejeros de Torra mantuvieron este discurso en público –luego se transformó en un «si lo pagamos, lo usamos»– incluso mientras el secretario de Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Francesc Iglesies, firmaba las peticiones de auxilio al Gobierno. Una firma imprescindible. Sin el visto bueno de Iglesies el Ejército no actúa en Cataluña. Para Torra, el tema de los militares en la crisis sanitaria ha sido un «no, pero sí».

El último (por ahora) win-win del «gobierno independentista» es el del confinamiento de los niños. El viernes, Budó, Buch y Vergés informaron solemnemente de que los niños en Cataluña podrán salir a la calle dentro de unos días. Ayer, explicaron el plan. Pero la Generalitat no tiene las competencias. Este anuncio no es más que fuegos artificiales. Le corresponde al Ministerio de Sanidad la potestad sobre este asunto, desde que se puso en marcha el estado de alarma el 14 de marzo, y está estudiándolo desde hace días tal y como anunció el propio ministro del ramo, Salvador Illa . Así, el gobierno de Torra no pierde la ocasión. Si los niños acaban por salir a la calle, será –dirán– gracias a la Generalitat; y si no, porque el Gobierno no deja actuar al gobierno catalán. Buena gestión o victimismo. Nunca se pierde.

Así ocurrió también con el confinamiento de Cataluña entera , que la Generalitat anunció, pero no puso en marcha nunca, por más que obligó a hacer el paripé a algunas unidades de los Mossos d'Esquadra, a los que envió unos minutos a «controlar» los accesos viarios de la región por las autopistas para tener la fotografía. Un tuit y los vehículos de los Mossos d'Esquadra a sus bases. Eso sí, objetivo cumplido. El independentismo consiguió el titular: «Torra reta al Estado, envía a los Mossos a controlar los accesos a Cataluña y pone en marcha el confinamiento». Todo falso. Pero ahí queda eso.

El confinamiento también sirve para dejar salir de la cárcel a los presos del 1-O. ¿Quién dijo c ontradicciones? En la misma rueda de prensa, el 15 de abril, en la que Budó exigía al Gobierno mantener el confinamiento total –se había levantado parcialmente–, se argumetaba sin ningún rubor que los presos del 1-O pudieran salir de la prisión para ir a sus puestos de trabajo. Consejos vendo y para mí no tengo.

En esta espiral de incongruencias que deja a la ciudadanía totalmente desorientada, el papel de las 1.714.000 mascarillas que el Gobierno envió a la Generalitat –entre otras razones, porque el gobierno catalán ha sido incapaz de comprarlas– merecen mención especial. Sobre la cifra, poco que decir. Casualidad, pues el reparto se hizo por provincias y en proporción casi exacta y matemática a la población.

El asunto que parece olvidado es que el consejero Buch , además de por la cifra exacta, se quejó de que eran pocas las mascarillas enviadas. Que Cataluña tiene 7,5 millones de habitantes. Bien. La Generalitat solo ha sido capaz de repartir unas 300.000. Y parece ya de otro tiempo el día que la Generalitat paralizó las obras públicas: el 25 de marzo. Diez días después de ir pregonando el «confinamiento total» y exigírselo a Sánchez.

Así, cada día. La crisis sanitaria ha puesto en evidencia la inoperancia del «gobierno independentista», que tiene un objetivo: hacer ver que hace algo.