Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado 10 de enero en Barcelona - INÉS BAUCELLS

Crece la preocupación en el Gobierno tras los contactos en Cataluña

Decepción en La Moncloa por la ausencia de «gestos» por parte del Ejecutivo autonómico catalán que inviten a pensar en un cambio positivo

MadridActualizado:

El optimismo que había en La Moncloa ante la «operación diálogo» abierta en Cataluña ha caído varios grados en las últimas semanas, al hacerse balance del resultado de los contactos que se han visto hasta ahora, y que no han servido siquiera para convencer al presidente de la Generalitat de que asistiera a la Cumbre de Presidentes autonómicos en el Senado. El Gobierno ha comprobado la «cerrazón» que existe entre los independentistas, decididos y volcados casi de forma exclusiva en la tarea de convocar un referéndum ilegal. Pero en La Moncloa sobre todo ha inquietado la ausencia de voces críticas, o al menos disonantes, dentro de las formaciones políticas que exigen ese referéndum.

Después de los contactos que se han producido en las últimas semanas, encabezados por la vicepresidenta y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ahora la vista está puesta en una próxima reunión entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. El presidente del Gobierno ya anunció la semana pasada que será en días próximos. Ayer, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, confirmó que la reunión aún no tiene cerrada la fecha,«pero se producirá, y es bueno que así sea».

Tanto Rajoy como Puigdemont se han intercambiado mensajes, en público y en privado, sobre su disposición a verse. Tras la Conferencia de Presidentes, el jefe del Ejecutivo volvió a tender la mano al dirigente autonómico, aunque le advirtió de que no permitirá que haya soluciones a la catalana para problemas que afectan a todos los españoles. Es decir, que no habrá la «relación bilateral» que exige el presidente de la Generalitat, para diferenciarse del resto.

La cita se producirá pero en La Moncloa esperan que sea productiva, que no sirva para visualizar una colisión irremediable. Por eso, el Gobierno está trabajando, a través de todos los ministerios, en el documento que ha bautizado como «45+1», que Puigdemont entregó a Rajoy en mano en La Moncloa el pasado mes de abril. Se trata de 45 medidas, en distintos ámbitos, sobre las que el Gobierno está dispuesto a hablar y llegar a un acuerdo, y una más, la del referéndum de independencia, que el Ejecutivo deja totalmente al margen, porque no está dispuesto a que se ponga sobre la mesa una ilegalidad como esa.

Problemas de la gente

Esa reunión y la agenda de los «45» puntos son la principal baza que queda para reconducir la situación y abrir el diálogo «a los problemas que preocupan a la gente», como insiste en decir el Gobierno.

Hasta el momento, los resultados han sido escasos, al menos en lo que se refiere a bajar la tensión y la presión independentista. Tras el último viaje de Soraya Sáenz de Santamaría a Barcelona, la semana pasada, entrevista con Oriol Junqueras incluida, la inquietud en La Moncloa creció un poco más, al comprobar que no hay avances constatables, en el ámbito declarativo ni tampoco en privado, que hagan pensar que puede producirse una renuncia a la escalada secesionista. No hay una sola declaración entre los independentistas, por un lado, que haya permitido ver un resquicio de moderación o cambio, y en las conversaciones privadas los miembros del Gobierno tampoco han percibido matices al discurso independentista puro y duro. En las reuniones no se han encontrado con renuncias, parciales al menos, al proyecto secesionista.

El Gobierno puso en marcha la «operación diálogo» tras la investidura de Rajoy. Se trataba de dar más presencia al Ejecutivo en Cataluña, y demostrar su disposición al diálogo con todos los sectores, políticos y sociales, de esta Comunidad. Sáenz de Santamaría hizo uso de un despacho en la Delegación del Gobierno para llevar a cabo esta tarea, y multiplicó sus actos y reuniones en Barcelona. El Gobierno logró descolocar a los secesionistas, según creían en La Moncloa, pero al mismo tiempo esperaba un gesto por parte de la Generalitat. La Conferencia de Presidentes era una buena oportunidad para ello, pero la ausencia de Puigdemont, que arrastró consigo a Urkullu, fue un golpe de realismo.

Ahora, en La Moncloa admiten su «decepción». «Siempre ha habido preocupación, pero es verdad que ha aumentado» en las últimas semanas, confiesan las fuentes consultadas. «Existe una cierta decepción» por el resultado del diálogo hasta ahora, insisten.

La mano tendida del Gobierno siempre ha sido para hablar de «los problemas reales», porque su mensaje de firmeza frente a las ilegalidad sigue intacto. Así lo recuerdan las fuentes de Moncloa consultadas: «Se va a responder a cada acción ilegítima, con proporcionalidad, pero sin permitir que se traspase una sola línea roja». De hecho, Rajoy ha recordado una y otra vez que no permitirá un referéndum que vaya contra la soberanía nacional y la unidad de España.

Las líneas rojas

«El proceso no va a prosperar y no va a haber independencia», advierten en el Gobierno. El problema no es ese, porque no se va a permitir ninguna ilegalidad. «Las líneas rojas son irrenunciables». La cuestión, subrayan, es que la Generalitat está perdiendo tiempo y oportunidades para hablar de otros asuntos y evitar el choque de trenes.

Mientras tanto, el diálogo va a continuar entre los miembros del Gobierno de la Nación y los del autonómico catalán. El ministro de Educación está en contacto directo con la consejera de Educación, con la que habla del Pacto Nacional por la Educación. El titular de Fomento también tiene su interlocución, así como el de Hacienda o Economía y el resto. «No nos cansaremos de invitar al diálogo, porque es positivo para la gente», insistió ayer el ministro portavoz.

Contactos en Economía

Uno de los últimos contactos que se ha producido ha sido el de la negociación del Decreto-Ley de medidas de protección de consumidores en materia de cláusula suelo. El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó ayer que ha habido conversaciones con los nacionalistas catalanes, tanto con la antigua Convergencia como con ERC, pero finalmente estos no se han sumado al acuerdo, suscrito por el PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria.

El ministro no quiso incidir en una falta de encuentro que en otros tiempos posiblemente no se habría producido. Lo cierto es que mientras De Guindos anunciaba la aprobación de este Decreto-Ley, el Tribunal Supremo llevaba al banquillo a Francesc Homs, por su papel el del 9-N. El ministro portavoz se refirió a este asunto: «Nadie tiene privilegios ante la ley».