Costa: «Cuando los jueces no le dan la razón, Rubalcaba utiliza a la Policía»
El PP valenciano admite que «se equivocó» con Álvaro Pérez, responsable de Orange Market. Los socialistas pedirán una comisión de investigación
La filtración de parte de los datos recogidos en un informe policial que apuntan a una supuesta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) desató ayer una oleada de reacciones de partidos e instituciones políticas en la región.
El primero en salir al ... paso de las acusaciones fue el secretario general del PPCV, quien fijó la posición de la formación ante lo que entiende como una maniobra del PSOE para atacar a los dirigentes populares. Costa afirmó que a su partido que no le quedan dudas de que el informe policial es un «montaje» instigado por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. «Cuando los jueces no le dan la razón, Rubalcaba utiliza a la Policía», puntualizó Costa, quien recordó que el informe fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, aunque no por estar bien o mal hecho, sino porque no era pertinente para la investigación que se realizaba en esa sede judicial.
A juicio de Costa, no se pueden atribuir hechos delictivos a dirigentes políticos en función de conversaciones telefónicas que calificó de «normales». No obstante, sí admitió que se reconocía a sí mismo en las transcripciones publicadas en algunos medios y reconoció que el PP valenciano se equivocó al hacer negocios con Álvaro Pérez, «el Bigotes», responsable de Orange Market.
Costa, quien no se plantea la dimisión, trató de desmontar también las «insinuaciones» sobre las irregularidades en las adjudicaciones de la Generalitat y recordó que el TSJ de la Comunidad ya descartó esa posibilidad tras tomar declaración a los altos cargos del Gobierno valenciano y a más de 40 funcionarios. En este sentido, la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, defendió que todas las adjudicaciones realizadas desde la Generalitat «son absolutamente correctas».
Querella por injurias
Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps se limitó a afirmar que el informe es «un claro montaje instigado desde Interior». No tan escueto fue el vicepresidente primero, Vicente Rambla, quien interpondrá una querella por injurias contra los periódicos que se hicieron eco del informe, al entender que se cuestiona su honorabilidad con conclusiones «falsas, irracionales y ridículas».
Mientras, el grupo socialista en las Cortes valencianas avanzó que pedirá la creación de una comisión de investigación sobre el asunto, así como que ésta esté presidida por un diputado de la oposición. Su portavoz, Angel Luna, dijo que el PPCV debe facilitar «todos los documentos que se soliciten relativos a las contrataciones de la Generalitat, a los que aún no hemos tenido acceso».
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete