COMITÉ DE DIRECCIÓN EN GÉNOVA
El PP pide al Gobierno que impugne no solo las listas de Bildu, sino la candidatura
Cospedal adelanta que pedirán la comparecencia en el Congreso de Rubalcaba para explicar el «caso Faisán» y las supuestas irregularidades en la «Operación Galgo», además de denunciar ante la Junta Electoral la campaña de SMS a favor de Barreda
En la semana que se presenta clave para saber si el Supremo da la razón (jurídica) o no a Bildu cuando aseguran los miembros de la lista abertazale que estarán en las elecciones del 22 de mayo, la secretaria general del PP ha anunciado ... que su partido demandará al Gobierno que "no solo impugne las listas de Bildu, sino la propia candidaduta" genérica. Los populares pretenden evitar que los recursos que presenten la Fiscalía y el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, contra la coalición formada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba e independientes ligados a la izquierda abertazale, no se resuelvan lista por lista, sino de manera conjunta. María Dolores de Cospedal -que es abogada del Estado- ha entonado una vez más la postura de Génova acerca de la necesidad de impedir por todos los medios que "Bildu , Sortu, ETA se llame como se llame" se presente a los próximos comicios autonómicos y municipales. La petición de impugnar la candidatura se ha forjado esta mañana en un encuentro que ha matenido el Gobierno y el equipo del PP encargado de la reforma de la Ley electoral. El primer partido de la oposición confía en que la respuesta del Ejecutivo sea afirmativa. "Siempre hemos pedido que se hiciera lo legalmente posible" , ha explicado la secretaria general del PP, en rueda de prensa para negar que esta petición suponga un cambio en el criterio de los populares. Ha añadido que esperan que el Gobierno impugne también la candidatura y no ha querido adelantar consecuencias si no ocurre así. "No voy a precipitar acontecimientos", ha respondido. Interpelada sobre la excarcelación del etarra Antonio Troitiño, la pasada semana , Cospedal ha manifestado que el PP "sigue pensando que no se actuó con la diligencia debida". A su juicio, entra dentro de la "lógica" que, después de que la Fiscalía pidió que se reconsiderara la situación, se hubieran pedido medidas cautelares de control. " Un etarra que ha asesinado a 22 personas y está a la espera de una resolución judicial definitiva había de tener algún tipo de vigilancia", ha remarcado ante los informadores.
Rubalcaba, a examen en el Congreso
El Comité de Dirección del PP reunido hoy en la sede central ha abordado varias denuncias y peticiones de comparecencias que va a registrar el partido de Rajoy en los próximos días: el próximo miércoles, en la Junta de Portavoces parlamentarios, el Grupo Popular pedirá que sea el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba , quien aclare ante los diputados los vaivenes del "caso Faisán" y el presunto "chivatazo" a la organización terrorista ETA en mayo de 2006. Cospedal ha indicado: "Esperamos de la responsabilidad de otros partidos políticos para que podamos conocer de boca del ministro del Interior cuáles son los acontecimientos que rodearon el "chivatazo" del "bar Faisán" y por qué se produjo esa situación".
Los servicios jurídicos del PP estudian si los SMS de Barreda vulneran la ley
También es el vicepresidente primero el objeto de otra comparecencia al objeto de explicar el presunto entrometimiento del Consejo Superior de Deportes en la "Operación Galgo ", después de que la juez decidiese archivar el pasado 14 de abril la acusación de tráfico de sustancias prohibidas que pesaba sobre la atleta palentina Marta Domínguez, como ha publicado el diario "El Mundo". La "número dos" de los populares ha adelantado también que los servicios jurídicos del partido están estudiando la iniciativa del PSOE de Castilla-La Mancha, donde ella misma se bate el 22-M contra el actual presidente José María Barreda , de enviar 100.000 SMS el próximo 20 de mayo invitando a la participación en las urnas y a votar a Barreda, como publicó recientemente ABC . Según Cospedal, podría tratarse de una puesta a disposición de "recursos, funcionarios y teléfonos públicos" al servicio -encubierto- de los intereses electorales del PSOE de esa región, que vulneraría presuntamente la Ley de Protección de Datos. Por tanto, el PP no se abstiene de "denunciar" ante la Junta Electoral Central esta mala praxis política.
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