La corrupción también se presenta
POR FERNANDO ROJOMADRID. Si por algo pasarán a la historia los últimos cuatro años en los ayuntamientos de media España será sin duda por los escándalos urbanísticos. Pese a que los casos de
POR FERNANDO ROJO
MADRID. Si por algo pasarán a la historia los últimos cuatro años en los ayuntamientos de media España será sin duda por los escándalos urbanísticos. Pese a que los casos de corrupción han terminado salpicando tanto al PSOE como al PP, lejos de escarmentar, ambos partidos vuelven a acoger en sus listas a decenas de alcaldes imputados.
Los populares consideran que el hecho de que un político esté envuelto en un proceso judicial no es suficiente para impedirle que se presente a las elecciones. En Génova sólo han apartado a aquellos alcaldes o concejales que están condenados en sentencia firme o que hayan cometido un delito flagrante. Una doctrina que contrasta con la del PSOE, que parecía que iba a ser bastante más inflexible, y que, sin embargo, a la hora de la verdad, es el partido que más candidatos a alcalde imputados presenta a la reelección del próximo domingo.
El propio secretario general socialista, José Blanco, anunció que el código ético de su partido borraría de sus listas a aquellos candidatos imputados por cualquier tipo de delitos y en especial por los urbanísticos. Una promesa que se ha terminado incumpliendo en decenas de ayuntamientos de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias o Castilla-La Mancha.
Andalucía
Veinte imputados del PSOE y dos del PP
El caso andaluz es el que más claramente demuestra el incumplimiento por parte del PSOE de su códico ético, pues una veintena de regidores imputados, e incluso algunos condenados en sentencia firme, podrán ser reelegidos mañana. El Partido Popular también incluye a al menos cuatro alcaldes envueltos en escándalos urbanísticos.
Uno de los casos más emblemáticos es el del ex alcalde almeriense de Carboneras, el socialista Cristobal Fernández, indultado por el Gobierno tras ser condenado por el Tribunal Supremo por coacción al voto. Ahora vuelve a ser candidato por el PSOE, pese a estar imputado por seis delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por la venta de unos terrenos en el Cabo de Gata, cercanos al polémico hotel El Agarrobico.
Otros alcaldes o candidatos socialistas imputados por diversos delitos urbanísticos en la provincia de Almería son los socialistas de Garrucha (Andrés Segura), Oria (José Pérez Pérez), Partaloa (Federico Molina Mora), Huercal Overa (Luis García Collado) y Níjar (Joaquín García Fernández).
También repetirá como candidato el alcalde socialista del municipio granadino de Armilla, José Antonio Morales, imputado por corrupción urbanística por una operación con el empresario Tomás Olivo, acusado también en la «Malaya» marbellí. Este mismo escándalo obligó a dimitir al concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate, a quien se acusa de haber obtenido un millón de euros de forma fraudulenta, lo que él niega alegando que le tocó la lotería. Otros alcaldes granadinos envueltos en irregularidades urbanísticas son los socialistas de Freila (Alejandro Vico), Cenes de la Vega (Emilio Carrasco), Albolote (Vicente Marcial) y Otura (Francisco Chaves).
Y si a Granada llegan las ramificaciones de la «Malaya», en Cádiz también han tenido operaciones con nombre propio, como la «Pinsapar», en la que está implicada la alcaldesa de Grazalema, María José Lara, y que ya provocó la dimisión del anterior alcalde y cinco ediles. Otros regidores gaditanos salpicados por irregularidades urbanísticas son los de Medina Sidonia (Francisco Carrera), Jimena de la Frontera (Ildefonso Gómez) y Tarifa (Miguel Manella).
En la provincia de Córdoba, se vuelve a presentar Antonio Guisado, ex alcalde socialista y ahora asesor del presidente de la Diputación, imputados según el PP junto a la ex concejal de Urbanismo y el ex secretario por 18 actuaciones urbanísticas. Y en Huelva, el alcalde de Ayamonte, Rafael González, tiene abiertas diligencias por la construcción de 250 viviendas en terreno protegido. Sin salir de esa provincia, en Valverde del Camino, es el propio alcalde y presidente de la Diputación, José Cejudo, en que está en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros.
Jaén no se libra. Por ejemplo, en La Guardia, el ex alcalde y candidato ahora por el PSOE fue condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación. También están envueltos en presuntos delitos urbanísticos los alcaldes de Torre del Campo (Blas Sabalete), Baños de la Encina (Miguel Campillo) y Marmolejo (Cristóbal José Relaño).
En la provincia de Málaga, sólo hay un alcalde o candidato socialista en cuestión. Se trata del regidor de Coín, Gabriel Jesús Clavijo, imputado, según el PP, por construir dos viviendas ilegales en zona rústica. En esa provincia, la peor parte se la lleva el PP, que vuelve a presentar a la alcaldía a Juan Martín Serón en Alhaurín de la Torre y a José Guerrero en Alhendín. El primero está imputado por cohecho y prevaricación, y el segundo, que presentó su dimisión al destaparse el escándalo, también está acusado de corrupción urbanística.
Ya en Sevilla, el caso más flagrante por parte del PSOE es el del ex alcalde de Mairena del Aljarafe, que está acusado por el Tribunal de Cuentas por falsedad documental y delitos contra Hacienda. Otros candidatos sevillanos bajo sospecha son los alcaldes socialistas de Las Navas de la Concepción (Antonio Gutiérrez Lora), Villaverde del Río (Rufino Campos Cabeza), Guillena (Justo Padilla), Burguillos (José Juan López) e Isla Mayor.
Murcia
Cinco imputados populares
La actividad de la Fiscalía ha sido especialmente frenética en Murcia, región gobernada por el PP y en la que dirige tres cuartas partes de sus ayuntamientos. Por eso no es extraño que hasta cinco alcaldes populares de municipios importantes aparezcan imputados en diferentes procedimientos relacionados con supuestas irregularidades urbanísticas. Ello no ha sido impedimento para que José Hernández, regidor de San Javier; Juan Ramírez, de Águilas; Manuel Marcos, de Archena; Antonio Tamayo, de Cieza, y Francisco Blaya, de Mazarrón, se vuelvan a presentar como candidatos del PP a la reelección por sus respectivos ayuntamientos.
El PP murciano defiende la inocencia de todos sus candidatos y considera que no hay razón para que no se presenten, pues de momento no pesa sobre ninguno de ellos una sentencia firme que acredite la comisión de algún tipo de delito. Además, consideran que ha habido una «persecución» por parte del fiscal jefe del TSJ de Murcia, al que acusan de «actuar al servicio del PSOE».
Comunidad Valenciana
Seis del PP y dos del PSOE
En la Comunidad Valenciana, al menos nueve alcaldes y un presidente de Diputación tratarán de repetir en sus puestos el próximo 27 de mayo pese a estar imputados en causas judiciales. El caso más relevante es el que afecta a Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y edil de la capital de La Plana, que vuelve a aspirar a los cargos con el PP pese a estar imputado por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias, informa Víctor Villaplana.
Cinco alcaldes que comparten partido con el político castellonense siguen como candidatos del PP. Estos cargos municipales son Luis Díaz Alperi, primer edil de Alicante, acusado de prevaricación y tráfico de influencias; Pedro Hernández Mateo, alcalde de Torrevieja, por uso privilegiado de información y tráfico de influencias; Eleuterio Jover, de Hondón de los Frailes, imputado de prevaricación y tráfico de influencias; y Juan Bautista Roselló, primer munícipe de Benissa, por uso de información privilegiada, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
En el PSOE, el alcalde de Sueca, Salvador Gil, está imputado por permitir edificaciones en el parque natural de la Albufera, mientras que su homólogo de Bigastro, José Joaquín Moya, comparte situación con éste por negar información a la oposición.
Además, dos ediles que se presentaron a las elecciones de 2003 por el PSOE vuelven a presentarse como independientes. José Manuel Rodríguez Leal, alcalde de Catral, pidió la baja en el partido cuando fue imputado por permitir edificaciones en un parque natural, pero se presenta como independiente. Igual ocurre con el primer edil de Zarra, imputado por una venta de naves industriales con un supuesta enriquecimiento de su hijo.
Además, el alcalde de Jávea, el nacionalista del Bloc Eduardo Monfort, repite como aspirante pese a su imputación en una concesión supuestamente irregular a un hotel.
Castilla-La Mancha
Tres imputados socialistas
En Castilla-La Mancha, a pesar de que los escándalos urbanísticos más conocidos son los de Seseña y Hellín, los que están imputados son los alcaldes socialistas de otros dos municipios. Se trata de Carranque (Toledo), Elche de la Sierra (Albacete) y Valdepeñas (Ciudad Real). Los tres se presentan a la relección.
En el caso de Carranque, Alejandro Pompa Mingo está imputado por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. El juez también imputa al teniente de alcalde y dos funcionarios municipales. Se les acusa de «permutar parcelas propiedad del Ayuntamiento por otra rústica, de precio inferior», concretamente, una ubicada junto al cementerio de la localidad, cuyos terrenos no son urbanizables.
En Elche de la Sierra, el PP ha denunciado que el alcalde, Domingo del Val (PSOE); la candidata socialista a la alcaldía, María Carmen Ruiz; y dos concejales más están imputados por supuestos delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación. El juez imputa a los cuatro responsables por su actuación en la concesión de una licencia de obra al hermano de José Fernández, concejal de Urbanismo, «a pesar de existir un informe desfavorable del arquitecto y del secretario del Ayuntamiento», así como otros cinco expedientes con informes desfavorables.
Finalmente, en Valdepeñas el PP anunció la semana pasada que el alcalde socialista de la localidad, Jesús Martín, tendrá que declarar como imputado ante la juez el próximo 15 de junio por un presunto delito de prevaricación. Sin embargo, Martín ha declarado que no le ha llegado el auto judicial y ha anunciado acciones legales contra los populares.
Canarias
Tres de CC y dos del PP y PSOE
En Canarias se presentan a la reelección como alcaldes al menos siete políticos de cuya gestión al frente de sus respectivos consistorios han heredado causas pendientes con la Justicia de diversa índole. El caso más conocido, tratándose de una de las dos capitales de Canarias, es el del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (Coalición Canaria), contra quien el Tribunal Supremo acaba de fallar anulando una operación de compraventa de terrenos en la playa de Las Teresitas; si bien la operación se hizo con absoluta transparencia pública y fue votada por un pleno del Ayuntamiento. Más personales son los delitos que, según el juez Garzón, le relacionan con la estafa de Fórum-Afinsa. En las filas del nacionalismo, José Alberto González Reverón, alcalde de Arona, e Isaac Valencia, de La Orotava (ambas localidades en la isla de Tenerife), aspiran a ser reelegidos y sobreseídos de sus respectivas acusaciones relacionadas ambas con el ladrillo, informa Pablo Alcalá.
El rey de las diversas imputaciones es un personaje que dijo a Cristina Almeida que si todas las mujeres fueran como ella, él sería célibe y virgen. Domingo González Arroyo pertenece a un PP que lo ha apartado de la primera fila de la política de manera tan sutil como evidente. Lo que no podrán evitar es que se presente a la reelección en La Oliva (Fuerteventura). En el caso de Francisco González, en el municipio grancanario de Mogán, el PP ha forzado su presentación porque se niega a que la Fiscalía decida quién sí y quién no se puede presentar por el PP, toda vez que el secreto sobre el sumario impide saber de qué es acusado exactamente.
Juan de Dios Ramos, alcalde socialista de Teror, se ha librado ya de las acusaciones de prevaricación relacionadas con el auditorio del bello pueblo grancanario. Queda por esclarecer lo ocurrido en torno a la empresa municipal de envase y distribución de agua mineral, donde, reconoce «se ha metido la pata pero no la mano». De momento, sigue imputado.
«¿Usted sabe lo que significa imputado?, mañana voy, le denuncio por algo, y si el juez lo considera, ya está usted imputado», dijo en su día González Arroyo a un periodista. Pues eso, todos imputados. Culpables, de momento, ninguno
Ha durado poco el propósito de enmienda. Tanto el PSOE -cuyo código ético lo prohíbe expresamente- como el PP incluyen en sus candidaturas a medio centenar de imputados por delitos urbanísticos
IGNACIO GIL
Carteles de la candidatura independiente del ex alcalde socialista de Ciempozuelos, Pedro Torrejón
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete