El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont - Isabel B Permuy / Vídeo: vea los registros en Gerona por el supuesto fraude del agua

La corrupción señala a Puigdemont por su gestión del agua en Gerona

La investigación cree que como alcalde «tuvo que conocer» el vaciado de fondos en la empresa municipal del agua

La CUP habla de «utilización interesada» del caso Agissa a pesar de que presentaron en 2015 la primera denuncia

MadridActualizado:

El secesionismo no es solo inconstitucional sino que, como se demostró ayer una vez más, sirve a muchos para tapar sus vergüenzas en materia de corrupción. Ayer, poco después de que la Guardia Civil lanzara una operación con quince registros para investigar el saqueo de Agissa -empresa municipal de gestión del agua de Gerona, Salt y Serrià de Ter participada al 80 por ciento por Girona S.A.- en parte de la etapa de Carles Puigdemont como alcalde gerundense, su partido cerró filas y acusó al Gobierno de utilizar las «cloacas del Estado» para hacer fracasar el referéndum del 1 de octubre.

A este mismo argumento se unió la CUP con un discurso doble, en el que por una parte aplaudió la lucha contra la corrupción y por otra acusó al Gobierno de «utilizar el caso Agissa» en su estrategia contra el secesionismo. Lo paradójico del caso es que había sido la CUP en 2015 la primera que había presentado denuncia por esta corruptela, y que si ahora han progresado las investigaciones es porque se ha incorporado al sumario investigaciones de la trama del 3 por ciento -el resultado de los registros en la empresa Efial Consultoría-, y todas las pesquisas se han acumulado en el Juzgado de Instrucción número 2 de esa capital catalana.

Pocos minutos después de las nueve y veinte de la mañana una caravana de seis vehículos de la Guardia Civil llegaba a la sede de Agissa, muy próxima al Ayuntamiento, para comenzar el registro de la misma. Era el pistoletazo de salida para una operación con otras 14 actuaciones similares, entre ellas en Girona S.A. y Prodaisa - y un requerimiento de información al Ayuntamiento, formalizado por un teniente de paisano de la Guardia Civil. «Debo confesar que todos estábamos esperando a ver qué día entraría la Guardia Civil al Ayuntamiento de Girona desde que empezó la convocatoria del referéndum», ironizó la alcaldesa, Marta Madrenas, que además calificó de «show» la operación.

Siete investigados

Por desgracia para su partido, y en especial para el presidente de la Generalitat, la realidad era muy distinta. De momento en esta causa hay siete investigados -los exconsejeros delegados de Agissa Narcís Piferrer y Xavier Ballell, los más significativos-, pero lo cierto es que las investigaciones apuntan directamente a Puigdemont, que si no está a estas alturas investigado formalmente es porque es un aforado cuyo caso debería asumir el TSJ de Cataluña previa exposición razonada del instructor de la causa.

Los delitos que se investigan son, de momento, el de malversación de fondos públicos, administración desleal, apropiación indebida y falsedad. La Agencia Tributaria, que hizo en su momento un demoledor informe sobre la gestión de Agissa, considera que sin el conocimiento y consentimiento de los responsables políticos de los ayuntamientos -entre ellos, como ya se ha dicho, Carles Puigdemont-, no se hubieran podido cometer las irregularidades que, entre otras consecuencias, ha tenido la de que los gerundenses tengan que pagar más por el agua que lo que correspondería si la gestión hubiese sido mínimamente ortodoxa.

Gestión fuera de control

Agissa se creó en 1992, pero fue en 1998, con Joaquim Nadal, del PSC, alcalde, cuando comenzó el vaciamiento patrimonial propiamente dicho. En esas fechas se modificó el convenio firmado entre la empresa municipal y los ayuntamientos, de modo que a partir de entonces los beneficios se repartirían antes de pagar los gastos; es decir, sobre el bruto de la facturación.

De esta forma, los socios aumentaban sus beneficios independientemente de los gastos que tuviera la empresa y cada año ganaban más, pero la sociedad pública iba acumulando cada vez más deuda. No solo eso; para pagar menos impuestos los dividendos se facturaban como gastos, de modo que Agissa acumulaba más pérdidas.

En 2013, ya con Puigdemont como alcalde, hubo la posibilidad de poner fin al convenio, ya que se había acabado el plazo de concesión, o de r egularizar la situación. No se hizo ni una cosa ni la otra, aunque desde luego esa decisión tuvo que tomarse por razones políticas -es una de las vías de investigación abiertas-, ya que no había ninguna justificación económica para ello. Tras saltar a los medios las primeras noticias del escándalo sí hubo un cambio en el modo de repartir los dividendos, pero curiosamente eso generó un agujero aún mayor.

Intereses astronómicos

Lo que se hizo fue «mejorar» las ganancias de los ayuntamientos doblando el canon que Agissa debía pagar a los consistorios por el alquiler de las instalaciones municipales de la red de abastecimiento, pero en realidad quien lo pagaba al final era el ciudadano, al que se le subían las tarifas y no se le mejoraba la red. Además, Girona S.A. el socio privado de la empresa municipal de gestión del agua, concedió un crédito a ésta, eso sí con un interés del 12 por ciento, desproporcionado desde cualquier punto de vista.

Otra de las irregularidades detectadas es el cobro de Girona S.A a Agissa de 400.000 euros supuestamente por servicios de dirección cuyo coste acreditado es de apenas 100.000. Es llamativo que la mercantil facturase 50.000 euros anuales a la empresa de gestión del agua por el trabajo de un director de servicios cuando esa figura había desaparecido desde hacía 20 años.