La corrupción planea sobre una veintena de alcaldías andaluzas, casi la mitad del PSOE

La sombra de la corrupción urbanística ha sobrevolado en esta legislatura sobre casi una veintena de municipios andaluces, gobernados por alcaldes de todos los colores políticos, aunque

ABC SEVILLA.
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La sombra de la corrupción urbanística ha sobrevolado en esta legislatura sobre casi una veintena de municipios andaluces, gobernados por alcaldes de todos los colores políticos, aunque mayoritariamente socialista. Precisamente el PSOE avanzó que no incluirá en sus listas a las próximas elecciones municipales del mes de mayo a alcaldes que estén bajo la sospecha de la corrupción inmobiliaria.

Un anuncio que los socialistas andaluces tendrán que demostrar con los hechos, pero que, en principio, desmiente la circunstancia cierta de que el ex alcalde de Carboneras, Cristobal Fernández, repita como candidato por esta formación política, a pesar de haber concedido la licencia para la construcción de un hotel en el parqe natural de Cabo de Gata, al que se oponen la Junta y el Gobierno.

La mayoría de casos de corrupción urbanística se detectan en municipios costeros. El PSOE es el partido que acumula más denuncias, seis; frente al PP, con tres, PA, con dos, e IU, con una. Además, hasta cuatro denuncias pesan sobre Ayuntamientos gobernados por partidos independientes.

Carboneras

El hotel de los líos

La pretensión de la promotora Azata del Sol de construir un hotel en la playa de El Algarrobico, en el entorno del parque natural de Cabo de Gata, ilustra más que ningún otro caso en Andalucía el choque entre los intereses urbanísticos y la protección del medio ambiente.

El Ayuntamiento de Carboneras, gobernado entonces por el socialista Cristóbal Fernánez, permitió a Azata construir un hotel que, tras las denuncias de los ecologistas, tiene en estos momentos las obras paralizadas por el juzgado.

El Ministerio de Medio Ambiente procedió al deslinde de los terrenos y la Junta ejerció el derecho de retracto sobre las dos fincas en las que se levanta el hotel, la «joya de la corona» del proyecto de un amplio complejo turístico que incluía también centros comerciales y campos de golf.

El caso está a la espera de que Azata presente un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el retracto realizado por la Junta. A pesar de haberse enfrentado a la Administración regional y al Ministerio en defensa del hotel, Cristóbal Fernández fue indultado hace unas semanas por el Consejo de Ministros de una condena de inhabilitación para ejercer cargo público por un delito electoral y repetirá como candidato.

Roquetas de Mar

Pulso del alcalde a la Junta

El centro comercial Gran Plaza está en el centro de una polémica que enfrenta al Ayuntamiento de Roquetas, que preside Gabriel Amat (PP), y la Junta de Andalucía. El TSJA dictó a primeros de octubre una sentencia que ordenaba el cierre del centro comercial, como pedían la Junta y la asociación de comerciantes del Poniente. La sentencia ha sido recurrida de nuevo por el Ayuntamiento, que quiere, al igual que los sindicatos UGT y CC. OO. , que el centro comercial siga abierto.

El origen de la polémica está en la concesión por parte del ayuntamiento roqueteño de la licencia de apertura para este centro a la empresa Galerías Comerciales, que pertenece a Tomás Olivo, imputado en la operación «Malaya».

Jimena

Ecos de la «Malaya»

La operación «Malaya» salpicó también a este municipio gaditano, cuyo alcalde, Ildefonso Gómez (PSOE), tendrá que enfrentarse a un proceso judicial y ya anunció que no repetirá como candidato.

El origen del caso está en una denuncia del PP, que acusó al alcalde de haber firmado un convenio urbanístico con una de las empresas vinculadas al ex asesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca en el que se contemplaba crear un complejo turístico compuesto por un campo de golf, un hotel y un conjunto de 693 viviendas» , en la finca «La Morisca» que, según el planeamiento urbanístico de Jimena, se ubica en suelo no urbanizable. El Consistorio, tras la denuncia, celebró un pleno por la noche para descartar el convenio.Además, el Ayuntamiento ha suscrito en dos años 24 convenios urbanísticos que conceden edificabilidades superiores a los 2,6 millones de metros cuadrados de nueva construcción. De esos convenios, denunció el PP, al menos cuatro están relacionados directamente con Roca o con imputados en el caso «Ballena blanca» contra el blanqueo de dinero.

La Línea

Venta sin respetar el plazo

El alcalde de la localidad gaditana, Juan Carlos Juárez (PP), tiene abiertos varios procesos, entre ellos, una denuncia del PSOE sobre la venta de suelo público en el Camino de Sobrevela, sin que se respetaran las 48 horas de antelación en la convocatoria. Los socialistas han denunciado repetidamente a Juárez, que militó anteriormente en el GIL.

El Puerto de Santa María

Denuncias por delitos varios

La sombra de la corrupción inmobiliaria siempre sobrevoló al ex alcalde de El Puerto, Hernán Díaz Cortes, de Independientes Portuenses, partido que ha gobernado hasta hace muy poco el municipio gaditano en coalición con el PSOE.

En agosto, Díaz Cortés tuvo que dimitir tras ser condenado a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, que consistió en nombrar «a dedo» a un subinspector de la Policía Local.

Entre las últimas denuncias que han presentado los ecologistas ante la fiscalía contra él, se cuentan una por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente en el municipio y otra por la construcción de una urbanización «ilegal» dentro de la Reserva Natural de Las Lagunas.

Tarifa

El «depredador» urbanístico

El alcalde socialista, Miguel Manella, tiene abiertas diligencias previas en los juzgados de Algeciras por delitos de prevaricación, falisificación documental, sobre el patrimonio histórico, ordenación del territorio y contra los recursos naturales en el entorno del Castillo de Santa Catalina. Además, el PP no ha dudado en calificar a Manella de «depredador urbanístico», por el número de construcciones que contempla el nuevo PGOU.

Grazalema

Operación «Pinsapar»

La alcaldesa de esta localidad gaditana, María José Lara, denunció al arquitecto municipal Juan Prieto por delitos contra la ordenación del territorio, lo que puso en marcha la operación «Pinsapar», en la que se detuvo a cuatro personas más acusadas de cohecho, delitos contra la ordenación del territorio y falsedad documental.

Armilla

Obras paralizadas

También hacia este municipio granadino se ha extendido la sombra de la corrupción marbellí. La pretensión del implicado en la «Malaya» Tomás Olivo, de construir, con el beneplácito del Ayuntamiento socialista, el centro comercial más grande de Andalucía ha terminado con la apertura de diligencias por corrupción urbanística por parte de la Fiscalía.

En estos momentos, las obras del Centro Nevada están paralizadas por el juez y el caso ha costado ya la dimisión del concejal de Urbanismo y vicepresidente de la Diputación de Granada, Gabriel Cañavate, y la renuncia del alcalde, Jose Antonio Morales, a presentarse como candidato a las próximas municipales.

La empresa de Tomás Olivo que pretende construir el Centro Nevada es la misma que gestiona el centro comercial Gran Plaza de Roquetas de Mar.

Torredelcampo

Viviendas ilegales

La Fiscalía pide dos años de inhabilitación para el alcalde de este municipio jiennense, Blas Sabalete (PSOE), por un presunto de delito de omisión al no haber paralizado la proliferación de viviendas ilegales en el paraje de El Megatín. En este delito contra la ordenación del territorio están implicadas once personas más. Sabalete cuenta con el apoyo del PSOE en la provincia para volver a ser candidato en las próximas elecciones municipales del mes de mayo.

Benalmádena

Edificio por unifamiliares

La Fiscalía, por una denuncia de la Junta, investiga al alcalde, el independiente Enrique Bolín, por la supuesta concesión de una licencia municipal de obra en diciembre de 2004 para la construcción de un edificio donde sólo se podían edificar viviendas unifamiliares.

Cómpeta

Licencia en suelo no urbanizable

El alcalde de Cómpeta , Leovigildo López (PP), se enfrentará a una pena de un año de cárcel y diez de inhabilitación por un supuesto delito, denunciado por la Junta, contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística al conceder una licencia de obras en suelo no urbanizable.

Gaucín

Un convenio contra la ley

La Fiscalía acusa al alcalde esta localidad malagueña, Francisco Corbacho Román, del PA, y a cuatro concejales por la realización y desarrollo de un convenio entre junio de 2004 y febrero de 2005 que es contrario a la norma urbanística vigente y pide la paralización de obra.

Manilva

Operación «Ballena Blanca»

El ex alcalde, Pedro Tirado, un independiente procedente del Gil está implicado en la operación «Ballena blanca» contra el blanqueo de dinero y además se le investiga por un delito de prevaricación, al aprobar un proyecto de ejecución en suelo no urbanizable. También están denunciados los diez ediles que votaron en pleno a favor de la ejecución del parque ferial de la localidad. La Fiscalía investiga a la edil de IU Antonia Muñoz por conceder una licencia en contra del PGOU.

Tolox

Nueve promociones sospechosas

El alcalde, Juan Vera (PA), está acusado por la Fiscalía de la concesión de 15 licencias urbanísticas entre 2004 y 2006 para la construcción de 2.000 viviendas presuntamente ilegales por estar en suelo no urbanizable. También están implicados en el caso el arquitecto y la secretaria del Ayuntamiento.

Además, el alcalde está acusado de autorizar nueve promociones en suelo no urbanizable y, en algunos casos, sin contar con los informes de secretario.

Burguillos

El alcalde y el primo del alcalde

La Fiscalía Anticorrupción y un juzgado de Sevilla investiga al alcade de esta localidad, el socialista Juan José López, por recalificaciones de suelo rústico a urbanizable en este municipio, de las que se benefició una sociedad empresarial de la que forman parte, entre otros, un primo del alcalde y un concejal socialista.

Camas

Supuesto soborno a una tránsfuga

El alcalde, Agustín Pavón (IU), ha sido imputado por un delito de cohecho por el juez que lleva el caso del supuesto soborno a la tránsfuga de IU Carmen Lobo para que votara a favor de unas recalificaciones. Así, Pavón no podrá presentarse a las próximas municipales. En el caso también están implicados los ediles de Camas Antonio Enrique Fraile (ex del PP), José del Castillo (ex del PA), el edil de Castilleja de Guzmán, Aureliano Lucas (ex del PP) y el empresario Eusebio Gaviño.