La Constitución del consenso

Torcuato Fernández-Miranda, el guionista de la Transición, escribió en su día que a nuestra democracia la acecharon siempre, en sus distintas etapas, cuatro problemas o fantasmas que, de una u otra forma, rompieron la estabilidad política: el social, el religioso, el militar y el territorial. Han pasado muchos años desde su advertencia y hoy ya solo persiste la encrucijada territorial, planteada -como a lo largo de la historia- por una minoría sediciosa, intolerante, insolidaria y, sobre todo, antidemocrática. Es la única amenaza sería que se cierne sobre nuestra Constitución, más allá de su adaptación al nuevo marco del proyecto de Europa y de la resolución del anacronismo de los privilegios por razón de sexo a la sucesión de la Corona. Así lo previó también con gran lucidez Fernández-Miranda, hasta el punto de distanciarse de Adolfo Suárez, su alumno bien querido. Torcuato atisbó en el horizonte ese conflicto que estallaría en las manos de las generaciones políticas posteriores, como así está sucediendo.

Vivimos tiempos confusos. Algunos quieren revisar los consensos que nacieron en la Transición y, sin legitimidad democrática alguna, pretenden arrasar con lo que ellos llaman el Régimen del 78. Es una clase política desprovista de certezas ideológicas y de lecturas, aunque los hay que presumen de ello. Es el dramático reflejo de esta España epidérmica que entre todos hemos deslustrado. Esa falta de certidumbre impide defender con fe, claridad y orgullo las ideas propias frente a quienes sí que no albergan ninguna duda: los separatistas y la extrema izquierda. La perversión de lo políticamente correcto arruina un debate honesto.

España necesita reformas. Están pendientes una electoral y otra educativa, que impulsen hacia el futuro a nuestros jóvenes. Como también urge una puesta al día de la eficiencia de las administraciones públicas, pasando por la reducción de su tamaño. Y por encima de todo, una revisión honesta de la Justicia, orientada a otorgar mayor calidad democrática a nuestro país. Probablemente, buen número de esas reformas debieran ejecutarse antes que la de la Constitución. Son iniciativas para devolver serenidad y concordia a la vida política; para generar un ambiente que salvaguarde la ponderación y el equilibrio, ausentes ahora en el debate de la opinión pública.

Es bueno, no obstante, que podamos celebrar este cuarenta aniversario, aunque sea bajo el ruido de estos días de furia. Nuestra Constitución resiste a todos esos embates, y ello constituye la mejor demostración de su fortaleza y vigencia. Su reforma solo puede ser resultado de un gran consenso, el mismo con el que nació. Es, en definitiva, la expresión más auténtica de la sociedad española en su apuesta por la convivencia democrática y pacífica. En ella debemos guarecernos cuando algunos quieren quebrar el estado de concordia y tolerancia entre todos los que habitamos esta nación, llamada España.

Vendrán nuevos tiempos, algunos tan malos o peores que los que dejemos atrás, y será entonces, como lo está siendo ahora mismo, cuando invoquemos de nuevo la pervivencia y valor de nuestra ley de leyes, de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución de 1978: la más longeva y eficaz, aunque ahora mismo se juegue a ponerla en jaque. No se nos esconde que detrás de ese cuestionamiento subyace también un ataque a la institución de la Corona. Tal vez por ello sea buena la idea de reivindicar este candado democrático. Al fin y al cabo, cumplir años es siempre síntoma de buena salud y viene a dar respuesta a mi inicial duda acerca de la ampulosidad con la que este 2018 celebramos cuatro décadas del texto que garantiza a todos los españoles la capacidad de vivir juntos en armonía y entendimiento. A pesar de todas nuestras diferencias.