El TC consigue reducir en un 23,7 por ciento los asuntos pendientes

Un año más vuelven a encabezar la lista los recursos de amparo formulados contra sentencias dictadas en la jurisdiccón penal: representan casi la mitad de los asuntos que ingresan en el TC (en concreto, un 47,6 por ciento). El segundo lugar lo ocupan los asuntos procedentes del orden contencioso-administrativo (26,3 por ciento), seguidos de los asuntos procedentes de la jurisdicción civil (16,4%), social (5,6%) y militar (0,45%).

Pero si en 2015 destacó alguna sentencia entre las 272 dictadas por el órgano de garantías, fueron las relativas a Cataluña . Algunas de ellas se mencionan de forma expresa en la Memoria «por su especial trascendencia»: las dictadas para resolver las impugnaciones presentadas contra la reforma de la ley de consultas populares de Cataluña; contra la convocatoria, por parte de la Generalitat, del referéndum encubierto del 9-N, el recurso sobre las actuaciones de la Generalitat relacionadas con esa convocatoria, y el recurso contra la resolución de «desconexión democrática» aprobada por el Parlamento catalán.

Al Registro del Tribunal llegaron durante 2015 un total de 7.369 asuntos (509 menos que en 2014) . Esta cifra revela un leve descenso de la conflictividad constitucional (-6,46%) en términos generales y también por tipo de proceso. Por ejemplo, los recursos de amparo disminuyeron de 7.663 a 7.203; los recursos de inconstitucionalidad, de 60 a 45; las cuestiones de inconstitucionalidad, de 141 a 113; y las impugnaciones por el Gobierno de la Nación de disposiciones sin fuerza de ley, de cuatro a una.

Un año más, los recursos de amparo fueron los más numerosos: los 7.203 recursos registrados en 2015 (en 2014 fueron 7.663) representaron el 97,74% del total de asuntos de nuevo ingreso. La inmensa mayoría de esos recursos (7.104), fueron impulsados por particulares , ya sea personas físicas o jurídicas. El resto de las demandas de amparo las formularon los entes públicos (92), el Defensor del Pueblo (1) y el Ministerio Fiscal (2). Es especialmente significativo el elevadísimo porcentaje de inadmisiones a trámite en materia de amparo, que se sitúa en el 98,99% del total; esto implica que apenas el 1% de dichos recursos fueron admitidos para su posterior resolución en sentencia.

Durante 2015, se interpusieron 42 recursos de inconstitucionalidad (18 menos que en 2014): 17, por el Gobierno de la Nación y por los Gobiernos y Parlamentos autonómicos; 6, por diputados y senadores y otros dos, por personas no legitimadas para promoverlos, por lo que fueron inadmitidos.

Las cuestiones de inconstitucionalidad también experimentaron un descenso con respecto al año anterior, y pasaron de 141 a 113. Los Tribunales Superiores de Justicia elevaron 68 de ellas (33 contra leyes estatales y 35 contra normas autonómicas); 34 fueron presentadas por los Juzgados de los distintos órdenes jurisdiccionales (15 respecto de leyes del Estado y 19 sobre normas de las Comunidades Autónomas); el Tribunal Supremo planteó 5 (dos sobre leyes estatales y tres respecto de normas autonómicas); las Audiencias Provinciales, 4 (todas ellas sobre leyes estatales); y una la Audiencia Nacional, también sobre una ley estatal. La última fue una autocuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional contra una ley estatal.