El conselleiro de Economía: «Si está garantizado el suministro eléctrico, ¿por qué se activa As Pontes?»

Desde hace unos años no para de crecer la lista de industrias amenazadas de cierre. ¿Qué significaría para la economía gallega su desaparición?

Si se llevase a efecto supondría la pérdida de una parte muy relevante del corazón de nuestra industria. No parece razonable que en una transición energética el coste lo tenga que asumir la industria, lo tengan que asumir las pymes y las propias familias. La posición de Galicia es que queremos liderar el paso hacia la neutralidad climática, pero esa apuesta por las renovables tiene que venir acompañada de un refuerzo de nuestro tejido industrial. No tiene sentido la situación de Alcoa San Cibrao y de Alu Ibérica. No tiene sentido que España deje de producir aluminio primario y tengamos que importar ese aluminio que necesita nuestra industria.

Se fía la Xunta de la última propuesta de Alcoa para continuar en San Cibrao parando las cubas?

No podemos dejarle a Alcoa la iniciativa. Una vez que el Tribunal Supremo ha marcado claramente el decaimiento del ERE, el Gobierno tiene que tomarla. Tenemos que buscar una solución definitiva en la que el objetivo sea el mantenimiento del empleo, tanto de la planta como de la industria auxiliar. Lo que se ha puesto de manifiesto es que el Gobierno no ha sabido dar una respuesta al precio eléctrico. Los propios compradores también requieren un precio eléctrico cierto para poder asumir la planta. Le pedimos que convoque cuanto antes al comité y a la Xunta para hacer un análisis del planteamiento que ha hecho Alcoa. El Gobierno por un lado traslada la mala fe de Alcoa, pero al mismo tiempo deja que tome la iniciativa.

El Gobierno nunca llegó a aclarar por qué dio marcha atrás en el traspaso de la planta a la SEPI. ¿Se lo explicó a la Xunta?

El Gobierno nunca trasladó ningún argumento jurídico y firme sobre la imposibilidad de que pudiera intervenir a través de la SEPI para servir de puente con respecto a un comprador que quisiera asumir la planta. Nosotros siempre hemos sido transparentes. Queremos un comprador que se haga cargo de la planta y si fuese necesario, porque Alcoa así lo estaba pidiendo, que la SEPI pudiese intervenir. No habrá ningún comprador posible y no será posible que Alcoa mantenga la producción de la planta si realmente no hay un marco energético estable. Eso le pasa a Alcoa San Cibrao y le pasa a Alu Ibérica.

¿Queda algún inversor interesado por San Cibrao?

En los contactos que seguimos manteniendo con los compradores nos trasladan que mantienen su interés, pero indican que necesitan tener un contexto claro sobre el precio eléctrico.

Se han diseñado los contratos bilaterales (PPA) para que las industrias consigan mejores tarifas de las eléctricas. ¿Por qué no están ya en marcha?

En una PPA necesitas un suministrador. En muchos casos se va a necesitar el desarrollo de parques eólicos para poder atender esas necesidades de suministro y esos PPA. Ocurre con Alcoa y con otras industrias que están intentando cerrar este tipo de acuerdos y se ve una necesidad clara de hacer nuevas inversiones. Ese tiempo es el que hemos trasladado que iba a necesitar Alcoa o otro comprador para poder concretar un plan de inversiones energéticas y cerrar esos PPAS.

En 2019 Parter compra la fábrica de Alcoa en La Coruña y ahora está en concurso de acreedores. ¿Se esperaban en ese momento que la venta acabase investigada por la vía penal en la Audiencia Nacional?

En ningún caso. En el año 19 trasladamos que ese acuerdo era un cierre en falso de una crisis, porque la crisis solo se podrá cerrar en el momento en que Alu Ibérica tenga un precio eléctrico competitivo. Lo dijimos en el momento en que Alcoa y Parter, con el aval del Gobierno, cerraron esa venta. Lamentablemente dos años más tarde nos hemos encontrado con que el Gobierno no concretó ese precio eléctrico y tampoco se ejercitó una tutela sobre las operaciones que se estaban haciendo. Durante ese periodo pedimos que se hiciesen auditorías financieras por parte del Gobierno para comprobar que los compromisos asumidos se estaban cumpliendo.

En 2019, Parter ya estaba condenado en Francia por quebrar empresas. ¿Por qué las administraciones no comprobaron sus antecedentes?

Esa operación de venta la tuteló Alcoa. En ese proceso lo que estábamos buscando, tanto la Xunta como los sindicatos, era que fuese un socio industrial el que asumiera el proyecto. Alcoa identificó a Parter como la mejor solución. Nosotros creemos que esa solución hubiera sido posible si se hubiera comprometido un precio eléctrico y se hubiera hecho esa tutela. Alcoa consignó un dinero para hacer inversiones y habría que haber hecho ese seguimiento. Ahora estamos en una situación donde hemos entrado en concurso de acreedores. No será posible encontrar una solución si no conocemos el marco energético que tendrá el posible comprador.

¿Hay inversores interesados en la planta de La Coruña?

Vamos a trabajar en el marco del concurso a ver quién puede darle continuidad a la planta.

También se busca inversor para Vestas. La Xunta ha asegurado que hay nueve compradores interesados. ¿Por qué no fructifica una venta?

Vestas , al igual que en su momento Siemens-Gamesa, no le da credibilidad a la política de renovables del Gobierno dentro del sector eólico. Eso es lo que ha llevado a que lamentablemente se hayan deslocalizado, porque van a seguir produciendo palas pero no quieren producirlas en España. La transición energética del Gobierno no sólo no está suponiendo un efecto tractor de nuevas inversiones, sino que las que teníamos se están yendo.

¿Pero por qué Vestas no quiere vender la planta?

En la mesa industrial, Vestas sí trasladó que estaría dispuesto a participar en esa operación. Pero lo cierto es que ni Vestas, ni el Gobierno están asumiendo el papel de liderazgo que tomaron en su momento en la planta de Vestas en Castilla y León. No sabemos exactamente la motivación que está llevando a que Vestas no tenga esa implicación de dar una salida a la planta. Nosotros estamos promoviendo los contactos con la industria.

As Pontes está volviendo a quemar carbón. ¿Hay alguna posibilidad de que la central se quede como una planta de respaldo por si fallan las renovables?

Claramente Endesa sigue tramitando el cierre. Pero no nos está explicando por qué está reactivando la planta. Desde luego el Gobierno no está introduciendo ningún elemento normativo que pudiera permitir que la planta permaneciese abierta. Estamos ante una improvisación, tanto de Endesa como el propio Gobierno, sobre una transición mal planificada. Parece muy difícil que haya una rectificación, que seguramente sería lo razonable, porque se está poniendo en evidencia que justo se reactiva la planta en un momento de incremento de la demanda. La gran pregunta es si realmente está garantizado el suministro eléctrico y si es así por qué se reactiva.

Se intentó reconvertirla en una planta para quemar biocombustibles pero Endesa lo desechó. ¿Está totalmente cerrada esa vía?

Hicimos un trabajo interesante a iniciativa del propio comité de empresa. Al final hubo una discrepancia sobre la viabilidad económica de esa planta, no sobre la técnica y medioambiental. Nosotros le trasladamos a Endesa que coincidíamos en ese planteamiento y nos parecía razonable que no se reconvirtiese la central, pero se asumió el compromiso de construir una planta de biocombustibles de 50 megavatios. Lamentablemente no hemos vuelto a saber nada. Endesa no ha vuelto a concretar ese compromiso que exige también que el Gobierno desde las subastas de renovables habilite la posibilidad de que esa planta pueda ser elegible. Es un incumplimiento más de Endesa y lamentablemente son demasiados.

Durante toda la entrevista ha responsabilizado al Gobierno central de los males que sufre la industria gallega. Pero la oposición le recuerda a menudo que Galicia tiene competencias industriales.

Es un recurso político de la oposición, un eslogan que tiene muy poco recorrido desde el punto de vista industrial y empresarial. Lo que está pasando es que la política energética está haciendo inviable los proyectos industriales y esa política energética depende del Gobierno. Si a eso le añadimos que en el marco de los fondos Next Generation se ha arrogado el 100% de los fondos europeos en materia industrial, pues las comunidades autónomas nos quedamos sin uno de los principales instrumentos de apoyo a nuestra política industrial, como son los fondos europeos.

Uno de los proyectos que presenta Galicia a los Next Generation es la fábrica de fibras textiles a partir de la madera. ¿Hay ya alguna convocatoria abierta a la que pueda optar?

Tenemos una candidatura gallega muy sólida que está en disposición de competir. Al Gobierno le pedimos cogobernanza, tenemos competencias en industria pero nada podemos decir sobre los PERTE, ni hay ni una sola transferencia de fondos europeos a las comunidades, ni podemos decir nada sobre criterios de elegibilidad, ni sectores prioritarios en nuestros territorios. Estamos cerrando el año 21 y no conocemos ni un solo criterio de elegibilidad, ni cronograma de las convocatorias que va a trasladar el Gobierno. Eso genera incertidumbre, inquietud en las empresas. Pedimos cogobernanza porque tenemos competencias en política industrial. El Gobierno nos está respondiendo con una falta de diálogo y de consenso que nos está impidiendo asumir nuestras competencias. Eso es una anomalía que es la primera vez que ocurre.

Serviría la planta de biomasa para cubrir el vacío que dejaría Ence si finalmente tiene que abandonar la ría de Pontevedra?

Dentro de esa candidatura en el sector forestal identificamos una oportunidad para Galicia, una planta de fibras textiles que supone cerrar un nuevo ciclo de la madera. Siempre la hemos planteado para que fuera un complemento a la permanencia de Ence en Galicia. Hemos conseguido que haya un socio industrial, Altri, que está desarrollando el proyecto y que puede permitir que aquí en Galicia se haga esta inversión 800 millones.

¿Si la justicia sentencia en firme que Ence no puede seguir en Lourizán, la Xunta pedirá a la empresa que cambio de ubicación?

Nosotros siempre hemos defendido que la única solución posible es la permanencia de Ence en Lourizán. La empresa es la que está diciendo que no tiene otra ubicación posible.

¿La Xunta se lo cree? ¿Parece difícil de entender que sí hay sitio para la planta de fibras textiles y no para la de celulosa? Otra cosa es que sea viable para las cuentas de Ence.

Correcto. Nosotros lo que le estamos trasladando al Gobierno es una solución. El Consello Consultivo ha determinado que esa solución es legal, ya que los terrenos se podrían adscribir al Puerto de Marín y les sería aplicable la ley de puertos.

Hay quien ve esta fórmula como una vía para sortear la decisión judicial.

No se trata de sortear, lo único que está diciendo la Audiencia Nacional es que la planta no puede estar en el dominio público. Si esos terrenos estuviesen en el marco de una autoridad portuaria, por la propia aplicación de la ley de puertos, podría estar. No se trata de sortear, se trata de saber si esa solución es legal o no y lo es. Lo que nos sorprende es que el Gobierno no acepte hacer un análisis jurídico de esta propuesta. Hay un planteamiento político del cierre de una planta industrial.