Sánchez huye del debate para prorrogar el estado de alarma este jueves y delega en Illa

Durante el anterior estado de alarma, Sánchez compareció tras aprobarlo en Consejo de Ministros -aunque el Congreso no le obligaba a ello- y luego para solicitar autorización ante cada prórroga, como le obligaba la legislación. Sánchez decidió ir solicitando prórrogas cada quince días.

La Junta de Portavoces ha acordado hoy celebrar el debate y votación sobre la prórroga del nuevo estado de alarma este próximo jueves. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha sido quien ha informado de que Sánchez no defenderá el nuevo marco, sino Illa, y no ha ofrecido explicación o justificación alguna para ello.

Fuentes de La Moncloa han esgrimido la existencia de una reunión extraordinaria sobre el Covid-19 en el seno comunitario, pero se trata de una cita informal, telemática y que no empieza hasta las 18.30 horas. El Pleno, sin embargo, está convocado para las 9.00 horas y todos los grupos tienen tiempo tasado salvo el Gobierno por lo que existe margen suficiente para que la sesión terminara antes de la tarde.

Si Sánchez no rectifica, el Pleno comenzará así este jueves con la intervención del ministro de Sanidad para defender la necesidad de aplicar este marco excepcional. La decisión ha generado ya protestas diversas, entre ellas de la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra , por la ausencia de Sánchez en un debate tan importante.

«Ante un planteamiento de suspensión de libertades es el presidente el que debe dar cuenta del mismo. No estamos hablando de cualquier decisión que viene a exponer sino de la utilización de un instrumento de excepcionalidad y limitación de derechos y libertades. No vemos justificación alguna a que no sea él, el que comparezca en el debate», ha censurado después de la Junta de Portavoces.

La intención del Ejecutivo es que la prórroga se vote para los próximos seis meses, aunque las críticas y suspicacias de la oposición -socios del Gobierno incluidos- dejan en el aire la duración exacta. Son varios los grupos parlamentarios que han tachado de «excesivo» el tiempo propuesto por Sánchez , pero ayer Ciudadanos (Cs) fue el primero en abrir la puerta a aceptarlo bajo la condición de que el presidente del Gobierno se someta a una rendición de cuentas «periódica» en el Congreso . El PNV y los cuatro diputados del PDECat sí han manifestado ya estar a favor del decreto.

Precisamente, en la línea de Cs avanzan ahora los socios de investidura de Sánchez, que negocian una enmienda conjunta para obligar al jefe del Ejecutivo a dar la cara en la Cámara Baja «cada mes» a cambio de avalar esa prolongación hasta mayo. Así lo ha explicado el líder de Más País, Íñigo Errejón , antes de acudir a la Junta de Portavoces mientras el diputado de Compromís, Joan Baldoví , ha desvelado que en esas conversaciones también hay interlocución con el PSOE acerca de establecer mayor control parlamentario, aunque no cada quince días, como en el estado de alarma anterior, para evitar «inseguridad».

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián , ha dejado en el aire el voto de su grupo ante la prórroga por la falta de controles parlamentarios durante la duración de la prórroga. En la misma línea se ha posicionado la portavoz de otro de los socios del Ejecutivo, Mertxe Aizpurua , de Bildu.

Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya, se ha desmarcado de la posición del PDECat y ha cargado contra un estado de alarma «insuficiente» y, a la vez, «abusivo». Unas palabras que parecen inclinar a los suyos hacia el «no» y que rompen la unidad del espacio político del expresidente autonómico catalán fugado de la Justicia, Carles Puigdemont .

Quien seguro volverá a posicionarse en contra del estado de alarma es Vox , que ha recurrido su aprobación y su posible prórroga de seis meses ante el Tribunal Constitucional , como ya hizo durante las anteriores prórrogas del último estado de alarma decretado a nivel nacional. El Tribunal de Garantías aún no se ha pronunciado, pero según ha defendido el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros , ahora la situación es aún «más grave» y «ni siquiera viene el presidente a explicarlo». «Viene el ministro de Sanidad a limitar nuestros derechos y a aplicar un experimento totalitario», ha zanjado.