El Congreso tramita una reforma para reconocer a funcionarios de prisiones como autoridad entre críticas al PSOE

El PSOE, a través de su portavoz de Interior, David Serrada , ha pedido apoyo para la toma en consideración de una vieja y «justa» demanda del colectivo de funcionarios de prisiones, a cuyos representantes sindicales, que se encontraban en la tribuna de invitados del Congreso, ha prometido que no les van a fallar.

En concreto, esta reforma legal plantea modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica Penitenciaria de 1979 para reconocer, «a efectos legales», el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, al tiempo que contempla «resarcir económicamente» a quienes sufran daños en sus puestos de trabajo.

Una iniciativa que su socio de Gobierno, Unidas Podemos, considera «un primer paso» en la mejora de las condiciones socio-laborales de los funcionarios de prisiones, según ha señalado su portavoz de Interior, Juan Antonio Delgado.

El texto legal de los socialistas ha sido respaldado por todos los grupos parlamentarios salvo Esquerra Republicana (ERC) y Bildu, dos de los aliados habituales del Ejecutivo en el Congreso, así como por los antisistema de la CUP.

Carolina Telechea, de ERC, ha justificado su voto en contra en que la propuesta no sólo no reconoce las demandas de los trabajadores públicos de los centros penitenciarios sino que además no cree que vaya ir mucho más allá de su toma en consideración.

Desde Bildu, Jon Iñarritu ha defendido que reconocer como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones no ayudará a resolver la conflictividad en las cárceles, que ha ido en aumento debido, entre otras cuestiones, a la masificación de estos centros, a la falta de plantilla o de profesionales de la salud mental.

Iñarritu ha hablado del incremento también de las «torturas» y los «abusos» en las cárceles, al igual que la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, quien ha confirmado que no apoyará una reforma «de derechas» y «punitivista» que no va «a la raíz del problema», que es la desigualdad y la pobreza.

El resto de grupos han dado su visto bueno a la tramitación de una reforma pero entre críticas al PSOE, al que han echado en cara que hasta ahora hayan rechazado todas las iniciativas similares presentadas en esta legislatura y en el pasado por partidos como el PP, Ciudadanos o Vox.

Así lo ha verbalizado, entre otros, la portavoz 'popular' de Interior, Ana Vázquez, quien ha apoyado la proposición porque considera que es «necesaria» aunque «insuficiente». Ahora bien, ha dedicado su intervención a cargar contra el Ministerio del Interior, al que ha acusado de importarles más los presos de ETA que los funcionarios de prisiones y de «utilizar» la política penitenciaria como «moneda de cambio».

«¡Qué mediocres han sido siempre y son con los funcionarios de prisiones!», ha exclamado la diputada de Vox María Teresa López Álvarez, recordando el 'no' de los socialistas a todas las propuestas para reconocer como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones y que ahora lo hagan «como si les hicieran un favor» cuando, ha destacado, en estos cuatro años les han tenido «abandonados y huérfanos».

Parecidos argumentos ha esgrimido el portavoz de Interior de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez , quien ha celebrado que finalmente el Gobierno haya «rectificado» su posición ante un reconocimiento que es «más que justo» y quien ha aprovechado para pedir el cese del director de Instituciones Penitenciarios, Ángel Luis Ortiz, por ser «el peligro más grande que existe» para Prisiones.

Tanto el PNV como Junts como el PDeCAT han apoyado la propuesta de los socialistas en la necesidad de dar respuesta a una reivindicación que es «histórica» y con la que se aportará seguridad jurídica, según han argumentado los independentistas catalanes.

Eso sí, mientras el partido de Carles Puigdemont ha advertido de entrada que no aceptará durante su tramitación que la reforma afecta el modelo penitenciario catalán ni a las competencias en este ámbito, el PNV ha llamado a reducir la conflictividad tratando de dar respuesta al origen de la conflictividad en las cárceles, que está relacionada, a su juicio, con el dimensionamiento de estos centros y con la falta de personal, de protocolos de prevención ante agresiones o de tratamiento de la salud mental.