El Congreso, camino de tres años sin controlar los fondos reservados

La clave reside en que por primera vez EH Bildu ha conseguido formar grupo propio esta legislatura y, como tal, le corresponde asiento en la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, también conocida como la comisión de secretos oficiales . Este espacio, en el que se impone confidencialidad sobre todas sus deliberaciones, es en el que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) rinde cuentas sobre sus actividades, y donde se fiscaliza el uso de los fondos reservados por parte de los Ministerios de Interior, Defensa y Exteriores.

La última reunión de este órgano se produjo en la XII Legislatura –la actual es la XIV– el 3 de marzo del 2019, un día antes de la disolución del Parlamento. En esa legislatura, las elecciones se habían celebrado el 26 de junio del 2016 y la comisión de secretos oficiales se constituyó en febrero del 2017. Es decir, ocho meses después de los comicios. Ahora, veintiséis meses después del 10-N, la comisión sigue tan lejos de instituirse como entonces.

El artículo 7 de la Ley Reguladora de la Utilización y Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados establece que la Cámara Baja controla los gastos reservados en una comisión compuesta por el presidente del Congreso y por los diputados que, « de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan acceso a secretos oficiales ». La ley establece que sus encuentros son semestrales y secretos.

Para atender a esa «conformidad con la normativa parlamentaria» hay que remontarse a una resolución de la Presidencia del Congreso sobre secretos oficiales del 11 de mayo del 2004, en tiempos del socialista Manuel Marín. Esa instrucción fija que el Gobierno facilitará las cuestiones de categoría secreta a un diputado de cada grupo parlamentario y que los diputados de la comisión serán elegidos por una mayoría reforzada de tres quintos del Pleno del Congreso. Es decir, para la elección de cada miembro hace falta el voto favorable de 210 de los 350 diputados que componen la Cámara Baja.

Y ahí radica el problema. Al principio de la legislatura, Vox y Ciudadanos (Cs) ya advirtieron de que no iban a avalar el nombramiento de ningún independentista . Desde el PP tampoco están por la labor de respaldar a nadie de ERC ni, sobre todo, de Bildu. Por primera vez, EH Bildu, coalición que integra a Sortu, partido heredero de la ilegalizada Batasuna –brazo político de ETA–, cuenta con grupo propio. Sobre el papel le corresponde plaza en la comisión de secretos oficiales, pero son varios los partidos que se niegan a que esté al día de información sensible del Estado. Por contra, el PSOE receló inicialmente de la cabida de Vox.

Mientras se producen estos vetos, el Congreso deja de controlar los gastos reservados. El PP despeja la cuestión hacia la actual presidenta de la Cámara Baja, la socialista Meritxell Batet, pero fuentes del entorno de esta dicen que no tendría sentido convocar un pleno –con voto secreto y en urna– para constituir una comisión sin acuerdo para los nombramientos.

En el Grupo Parlamentario Socialista, mientras tanto, sostienen que han tratado de impulsar la comisión, pero que están «a la espera» de otros –en alusión a los partidos de la derecha y el centro-derecha– que, hasta ahora, «la han frenado». El PSOE aboga por que se refleje «la proporción parlamentaria con normalidad democrática», dicen, como sucede, por ejemplo, en la Comisión Constitucional.

El entuerto no vislumbra solución fácil salvo que alguien se mueva de su posición. Dos vías para remediar la situación serían que el PSOE y el PP alcanzasen un acuerdo o que Batet, con el visto bueno previo de Mesa y Junta de Portavoces, emitiese una nueva resolución que anule la del 2004 y prevea una nueva manera de componer la comisión de secretos. Con ERC y Bildu como socios del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, no se antoja sencillo.

No es la primera vez que se producen desacuerdos así. El PP, en la X Legislatura, ya vetó la presencia de ERC en esta comisión, pero entonces los republicanos estaban en el Grupo Mixto y la comisión echó a andar con un diputado menos. Ahora no solo es ERC, que tiene grupo propio, sino también Bildu, e incluso Junts (con la Portavocía del Grupo Plural) y la CUP(con la del Mixto). Los populares, sin embargo, sí aceptaron la presencia de independentistas catalanes en 2017, en pleno ‘procés’, cuando votaron la inclusión de Joan Tardà (ERC) y de Jordi Xuclà (PDECat, que formaba parte del Grupo Mixto). Cs, entonces, criticó con dureza que el PP avalase a Tardà.

Se da la paradoja de que mientras el Congreso ha estado analizando el presunto uso ilícito de fondos reservados en la comisión de investigación por la operación Kitchen , causa ya judicializada por el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con dinero y medios del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, los actuales gastos reservados no se han escrutado ni una sola vez en la Cámara Baja.