Crespo y el «Bigotes» no llegan a un acuerdo con la Fiscalía

Aun así, los dos gestores podrían mantener su plan de confesar en busca de esa atenuación, algo que desvelarán sus declaraciones, a punto de comenzar.

Diez años después de que estallara el caso Gürtel —uno de los escándalos de corrupción que ha marcado la política española en los tiempos recientes—, los tres líderes de la trama reconocerán las actividades de la red corrupta. Si no hay marcha atrás, este hito completará el círculo del relato: los gestores de la trama, ante un largo y frío horizonte penitenciario, admiten las fechorías, aunque sus palabras carezcan de un decisivo eco político a corto plazo.

Los acusados Pablo Crespo y Álvaro Pérez, alias el «Bigotes» , secundarán este viernes al cabecilla, Francisco Correa, y acusarán al Partido Popular de Valencia de financiarse de forma ilegal. Crespo y Pérez siempre se habían autoproclamado inocentes y nunca habían admitido las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción. Con este paso, los tres rostros más reconocibles de la trama asumen las tesis del Ministerio Público, que les ha perseguido durante años y ha recopilado pruebas, documentos y testimonios contra la trama.

La anunciada confesión de ambos ha levantado la expectación por el caso. Una mayor imprevisibilidad genera la declaración de Pérez, el «Bigotes», el verdadero encargado de la trama en Valencia y quien fraguó estrechas relaciones con los políticos populares de la región. Su discurso, que estará marcado por su habitual verborrea y de tono vulgar, puede desnudar lo sucedido en el PP de Francisco Camps . Este nombre sobrevalorá todo el día la sala de vistas de la sede de la Audiencia Nacional ubicada en un polígono industrial, entre fábricas, en la localidad madrileña de San Fernando de Henares.

Una de las incógnitas será si Crespo y Pérez apuntan y acorralan a Ricardo Costa , el antiguo secretario general del PP valenciano y acusado en esta vista oral. El cabecilla de la trama, Correa, aseguró en su declaración que fue Costa quien les obligó a emitir facturas falsas por los servicios electorales prestados en tres campañas electorales de 2007 y 2008. Crespo podría confirmarlo este viernes. El Ministerio Público pide siete años y tres meses de cárcel a Costa.

La Fiscalía Anticorrupción considera que el PP de Valencia se financió de forma ilegal en las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007, y de las generales de 2008. Con el objetivo de superar el límite legal de gasto electoral , los servicios electorales prestados por la Gürtel se enmascararon en facturas falsas. Parte de esos gastos los sufragaron empresarios contratistas de la administración pública, que tenían prohibido por ley hacer donaciones al partido por esas relaciones con la administración. Nueve de ellos han reconocido en la vista oral ese método fraudulento. El Ministerio Público atribuye a los diecienueve acusados (con Crespo y Pérez, doce de ellos habrían admitido los hechos) delitos electorales, falsedad documental y delitos fiscales.

Los empresarios confesos pagaron 1,2 millones de euros por parte de los servicios que la Gürtel prestó al PP de Valencia, sin reflejo en ninguna contabilidad, y escondidos en facturas falsas. Estos empresarios asumieron así parte de la deuda de la formación política con la red corrupta, financiando ilegalmente al PP, según el relato de la Fiscalía Anticorrupción . «Los pagos se materializaron como pagos por supuestos servicios que había prestado Orange Market a aquellas, pero que realmente no se habían producido», dice la fiscal.

Con esta confesión, los letrados de los antiguos gestores de la Gürtel buscan que la Fiscalía suavice sus peticiones de pena. La acusación pública solicita 27 años de cárcel para el «Bigotes» , y 22 años para Crespo y Correa. El cambio en la estrategia de defensa de ambos ha venido provocado por el reconocimiento de los hechos de Correa, que dio este paso tras la confesión de los nueve empresarios. Aun así, los tres acusados no tienen asegurada una atenuación en la petición, que dependerá del parecer de la Fiscalía Anticorrupción, que valorará cuánto colaboran los tres, cuya credibilidad está tocada.

La trama Gürtel es una red de corrupción formada por empresarios, políticos y funcionarios que colonizó numerosas administraciones del Partido Popular en los años de la bonanza , en la España previa a la gran crisis económica. El extesorero del PP Luis Bárcenas está acusado de influir y presionar a otros políticos para favorecer a la trama, cobrar comisiones ilegales por sus gestiones y ocultar las ganancias en Suiza, fuera del alcance de Hacienda. Se enfrenta por ello a 39 años y medio de prisión, en la pieza que enjuició las actividades de la trama en la primera época, entre 1999 y 2005, en regiones como Madrid, Majadahonda o Pozuelo. La sentencia de esta causa, el primer gran juicio a la trama, se conocerá en 2018.

Solo una pieza —las diversas ramas en las que se dividió la investigación—, la referida a los amaños de contratos que la Generalitat Valenciana convocó para la feria Fitur, ha cerrado el proceso con una sentencia, aunque todavía no es firme. Tanto Correa como Crespo y el «Bigotes » se encuentran en prisión preventiva por este fallo, condenados a trece años de cárcel , a la espera de que el Tribunal Supremo confirme o revoque sus penas. En esa pieza ninguno de los tres reconoció los hechos, trataron de defenderse. Correa comenzó a «tirar de la manta» y a reconocer los hechos en la vista oral por las actividades de la Gürtel en la primera época, aunque la Fiscalía no pactó y solicitó para él 125 años de prisión.