Maties Serracant, alcalde de Sabadell
Maties Serracant, alcalde de Sabadell - ABC

Condenan al Ayuntamiento de Sabadell por acosar a una funcionaria para favorecer a los independentistas

El Consistorio deberá pagar 25.000 euros a la exjefa de Urbanismo por acoso laboral. La presionaron y acosaron por negarse a cambiar un informe para ceder un local a una asociación afín a la coalición de izquierda independentista del alcalde

Madrid Actualizado: Guardar
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El Juzgado de lo Social número 2 de Sabadell ha condenado al Ayuntamiento de la ciudad barcelonesa a indemnizar a una funcionaria con 25.000 euros y le ha ordenado «el cese inmediato de las conductas de acoso laboral» en su contra. El origen del pleito está en que María Teresa Morao, entonces jefa del Servicio de Planificación Urbanística, se negó a cambiar un informe para que el Consistorio pudiera ceder un local a un movimiento de vecinos del corte ideológico de la coalición de gobierno, una amalgama de partidos de la izquierda independentista.

Desde las municipales de 2015, Sabadell, quinta ciudad más poblada de Cataluña, está gobernada por la unión de Crida per Sabadell (coalición de la CUP, el Moviment Popular per Sabadell y L´Entesa), ERC, Unitat pel Canvi (IU, EUiA y Podemos) y Guanyem Sabadell. El gobierno municipal decidió ceder de forma gratuita durante 30 años unas instalaciones municipales al colectivo El Tallaret y darle una subvención para las obras en el edificio, denominado Cal Balsach. Dos arquitectos municipales emitieron sendos informes negativos, ya que el edificio es de uso deportivo (forma parte de un polideportivo municipal).

La sentencia destaca que, tras los dos primeros informes, la denunciante emitió el 15 de octubre de 2015 un tercer informe «en el mismo sentido que los anteriores, concluyendo que (el local) era de uso deportivo, y que los usos asociativos no tenían cabida si no se incorporaban en el marco normativo». La jefa del Servicio de Planificación Urbanística de Sabadell envió el dictamen a la coordinadora del área de Urbanismo, su superior, Margarita López-Nieto i Truyols, quien le dijo que debía modificar el informe, ya que «había un mandato del Pleno en el sentido indicado». María Teresa Morao se negó, por lo que la coordinadora la citó a una reunión en presencia de otras dos personas, en la que «intentó convencerla de que cambiara el informe».

Como la funcionaria siguió negándose, su jefa «leyó el informe haciendo mofa del mismo con ánimo de ridiculizarla», según recogen los hechos probados. Teresa Morao no cedió y fue destituida, lo que le supuso una merma en su sueldo de más de 800 euros mensuales, «un evidente perjuicio profesional y económico», y el local fue cedido. Acto seguido comenzó una operación de acoso «desde movimientos sociales y políticos próximos al partido del alcalde», Maties Serracant, de la Crida, entre ellos Arran, las juventudes violentas vinculadas a la CUP. En el momento de los hechos juzgados, Serracant era el máximo responsable de Urbanismo.

La primera piedra la puso Virginia Domínguez, perteneciente a Entesa y a la Crida per Sabadell, quien denunció a la funcionaria por tráfico de influencias, un procedimiento que terminó archivado, pero que sirvió para alimentar «rumores» y «panfletos» contra su honorabilidad. La funcionaria pasó por un infierno. Movimientos vecinales de la órbita independentista de izquierdas la tildaban de «prevaricadora y corrupta» y hasta convocaban caceloradas semanales contra ella, que también sufrió «pintadas y colocación de adhesivos en su domicilio, con mensajes como “piensa el ladrón...”». Además, el alcalde aprovechó un Pleno municipal para acusar a María Teresa Morao de «ir de la mano del PSC». La funcionaria tuvo que coger la baja y recibir tratamiento médico por un cuadro de «ansiedad y depresión».

El juez concluye que hubo «una intencionalidad denigratoria» contra la trabajadora, «un acoso evidente».