Los condenados por injurias al Rey quisieron «imponer un derecho lingüístico inexistente»

N.V./C.M.MADRID. La semana pasada, el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia condenaba a Jaume Roura y Enric Stern, acusados de quemar una foto de los Reyes en Gerona, a una multa

N.V./C.M. MADRID.
Actualizado:

La semana pasada, el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia condenaba a Jaume Roura y Enric Stern, acusados de quemar una foto de los Reyes en Gerona, a una multa de 2.700 euros por un delito de injurias contra la Corona. En la sentencia, el magistrado explica por qué denegó la presencia de un traductor catalán en la vista destacando que los encausados, con esa petición, pretendían «imponer un derecho lingüístico pretendido e inexistente»; además, comprenden a la perfección la lengua española «y en ningún momento han alegado desconocimiento de ella». Incluso su defensa les hablaba en castellano, «dato bien ilustrativo del innegable conocimiento de la lengua». Según el juez, los dos acusados pretendían «por encima del ordenamiento vigente», utilizar el catalán, básicamente por imponer su voluntad.

Roura y Stern fueron considerados culpables de quemar la fotografía de los Reyes sin tener en cuenta sus declaraciones en la vista oral, dado que se negaron a hacerlo en castellano, pese a las reiteradas advertencias del juez. Honrubia considera «el colmo de los despropósitos» que los dos jóvenes independentistas se hayan quejado porque al no permitirles confesar los hechos en catalán, «se les estaba produciendo indefensión efectiva». La confusión parte del error de contraponer derechos lingüísticos con la tutela judicial efectiva.

«Porque no quieren»

Los acusados se niegan, explica la sentencia, a utilizar el castellano «no porque no sepan, sino porque no quieren», y este argumento encaja en «determinadas reivindicaciones político-lingüísticas que consisten, al parecer, en un pretendido derecho a usar el catalán en toda España tanto en sus relaciones privadas como cuando se relacionan con los poderes públicos fuera de su comunidad. El juez aclara que dichos poderes no tienen la obligación de procurarse un intérprete.

Una cosa es que tengan derecho a utilizar una lengua autonómica donde quieran y que los poderes públicos tengan la obligación de entenderlos y otra, sostiene el fallo, es que esa pretensión viole la tutela judicial efectiva y les produzca indefensión. Nada tiene que ver la reivindicación político-lingüística, argumenta el juez, con el derecho de defensa.

El vocal del CGPJ Alfons López Tena, independentista catalán, no lo tiene igual de claro. Ayer propuso al pleno del órgano de gobierno de los jueces abrir un expediente disciplinario a Honrubia por haber impedido que los dos independentistas se expresaran en catalán durante la vista. Para López Tena, el juez de la Audiencia Nacional «ha cometido supuestamente una falta muy grave de ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales, así como una falta grave de abuso de autoridad y otra de consideración respecto a los ciudadanos».

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional también se pronunció ayer sobre la carta de la consejera de Justicia catalana, Montserrat Tura, en la que pedía que se garanticen los intérpretes en las lenguas cooficiales. La Sala acordó que la cuestión dirimida tiene carácter jurisdiccional por lo que el órgano carece de atribuciones para pronunciarse.