Condena de 44 años a dos etarras que asesinaron al empresario Uría en Azpeitia en 2008

Los dos etarras, a quienes los jueces atribuyen los delitos de asesinato terrorista, detención ilegal terrorista, robo de vehículo con fines terroristas y daños terroristas, tendrán que indemnizar a la viuda e hijos de la víctima con 400.000 euros en concepto de responsabilidad civil . Por el asesinato de Uría, reivindicado por ETA por la responsabilidad del empresario en los trabajos de construcción para llevar el tren de Alta Velocidad (AVE) al País Vasco, había sido condenado ya otro terrorista, Manex Castro, testigo en el juicio.

En 2008, ETA llevó a cabo una campaña de intimidación y terror contra la construcción del AVE en la que fue muy activo el comando «Ezuste», al que pertenecían los condenados. Según la sentencia, los terroristas señalaron a Uría como objetivo «por la única razón de ser propietario y consejero delegado de una de las empresas adjudicatarias de la construcción del citado tren». La Audiencia Nacional no tiene duda de que este comando cometió el asesinato y, como concluía un informe de inteligencia de la Ertzainza, en ese comando Joanes Larretxea actuaba como «liberado» y Aguinagalde como miembro «legal», a sus órdenes.

Los dos terroristas acusados localizaron a Uría pasados cinco minutos de la una de la tarde. Era fácil:

Ignacio estaba donde siempre: entre el bar Kiruri y las oficinas de su empresa, «Altuna y Uría», que trabajaba para llevar el AVE al País Vasco. Uno de los dos etarras -Aginagalde según los agentes- se acercó camuflado bajo una barba postiza , y le disparó a bocajarro. Los etarras esperaron a que Uría saliera del restaurante y «en el momento en que éste acababa de introducirse en su vehículo, se le acercó uno de los integrantes del comando y le disparó a bocajarro tres disparos con una pistola semiautomática del calibre 9 mm». Los dos etarras huyeron al momento en un vehículo que robaron previamente y a cuyo propietario tuvieron maniatado y retenido durante horas. Ignacio Uría tenía 70 años y cinco hijos.

El tráfico de llamadas entre los terroristas ha dejado acreditado que los dos condenados se encontraban cerca del lugar de los hechos cuando sucedió el asesinato. Los jueces explican que no existen dudas sobre la participación de Larretxea, que formó parte de las 4 o 5 personas que lo cometieron, «bien aprobado y dirigiendo» el asesinato, que se cometió de forma alevosa, sin permitir a la víctima evitar la agresión. En el juicio, el agente que practicó el atestado policial identificó a Aginagalde, estudiante de medicina que entonces tenía 23 años, como el autor material de los disparos de uno de los últimos asesinatos de ETA.