Conde-Pumpido retiró 550.800 euros en efectivo de la cuenta del prostíbulo

Como reveló ayer ABC , Conde-Pumpido Varela, abogado de los integrantes de la mafia dedicada a la prostitución, usó una empresa de su propiedad, Proyectos Integral Gimonde S.L., dedicada a la «arquitectura y diseño de interiores», para gestionar los pagos con tarjeta del burdel más famoso de Madrid.

El 29 de junio de 2015, una operación policial desarticuló una mafia de proxenetismo y blanqueo que afectó a 14 locales de alterne. Solo unos días después, a principios de julio, Conde-Pumpido usó Gimonde S.L., de la que es administrador único, para contratar seis datáfonos, los TPV, y colocarlos en el club de alterne Vive Madrid.

De esta forma, cuando un cliente paragaba los servicios de prostitución o las consumiciones, el dinero iba a una cuenta del BBVA de la mercantil Gimonde. Entre julio y agosto de 2015, la sociedad del abogado ingresó por esta vía casi 1,1 millones de euros . Conde-Pumpido Varela pactó quedarse como comisión por «facilitar las gestiones de cobro» un diez por ciento, aunque al final ingresó algo más, en total 125.715 euros.

El resto, unos 966.000 euros, fueron devueltos a la «organización criminal» que gestionaba el prostíbulo. Una buena parte se reintegró vía retiradas de efectivo . Así, Cándido Conde-Pumpido avisaba a la sucursal para que le prepararan los billetes. La primera retirada de efectivo tuvo lugar el 10 de julio de 2015 y con un importe de 75.000 euros. La última, con fecha 27 de agosto de 2015, fue de 95.000 euros. Hay once retiradas de efectivo que suman los citados 550.800 euros entre julio y agosto de 2015.

Sólo unos días después, el 3 de septiembre de 2015, Cándido Conde-Pumpido Varela se personó en una oficina del BBVA de Málaga y pisió disponer de 95.000 euros en efectivo de la cuenta de su empresa para el día siguiente. Según la investigación de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial, el hijo del exfiscal general del Estado indicó que el dinero lo recogería «una persona de su confianza que se llamaba Víctor» .

Se trata de Víctor Manuel de la Fuente, miembro de la trama criminal contra la que se había desplegado apenas dos meses antes la operación Pompeya. De hecho, este hombre es uno de los miembros más destacados del grupo criminal, ya que se encargaba de las sociedades creadas para gestionar los pagos con tarjeta de los prostíbulos.

Al margen de las retiradas de efectivo, de los 1,09 millones de euros que recibió vía tarjetas de crédito la sociedad de Conde-Pumpido, 325.715 euros salieron en trece transferencias bancarias. La mayor parte, 200.000 euros, fueron transferidos a Benjamín Medina González, quien, según relata la investigación, estaba creando la nueva estructura del cobro con tarjeta de los prostíbulos . Medina recibía órdenes del citado Víctor Manuel de la Fuente. De esta forma, queda acreditado que Cándido Conde-Pumpido trabajó para la organización criminal desde el golpe policial de finales de julio y hasta finales de agosto, cuando ya pusieron en marcha otra estructura para el cobro y blanqueo de los pagos de servicios de prostitución.

Las comisiones que se quedó el abogado por estos servicios, 125.715 euros , fueron enmascaradas por tres vías. Conde-Pumpido ordenó transferencias de 6.000 euros de su sociedad, Gimonde, a una cuenta personal bajo el concepto «devolución parcial préstamo socio». Ingresó por esta vía 42.100 euros.

El abogado también realizó transferencias de entre 6.000 y 12.000 euros a una cuenta de su bufete que sumaron 62.315 euros. Por otro lado, destinó 21.300 euros de los beneficios del Vive Madrid al pago de un vehículo.

La Agencia Tributaria está mirando con lupa estos movimiento, ya que puede existir un fraude a Hacienda . No se han tributado los correspondientes beneficios de ese más de un millón de euros recaudado en solo dos meses.

El mediático letrado está siendo investigado, al menos, por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Su papel es el de «activo colaborador de la organización criminal liderada por Ángel Crispín Gilaranz» , revelan a este diario las fuentes consultadas.

La investigación a Cándido Conde-Pumpido Varela es una pieza separaad de la operación Pompeya, que se saldó con la detención de 66 personas en junio de 2015. Es el mayor golpe al blanqueo de capitales en prostíbulos.

La trama logró ocultar 450 millones de euros de beneficios de la prostitución. La operación se desarrolló simultáneamente en seis comunidades autónomas (Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra y Murcia) y afectó a catorce clubes de alterne. Fue coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que continúa instruyendo el sumario.

Los prostíbulos contaban con sociedades específicas para evitar el pago de impuestos por los servicios que ofertaban las prostitutas y que se camuflaban como alquileres de habitaciones o consumiciones de copas.