El concejal de Ahora Madrid Zapata será juzgado el 7 de noviembre en la Audiencia Nacional

La única acusación que ha presentado escrito de acusación contra Zapata, que dimitió de la cartera de Cultura pero no como edil de distrito cuando estalló el escándalo, es la asociación de víctimas Dignidad y Justicia , que solicita un año y ocho meses de cárcel. La asociación considera que Zapata cometió un delito de humillación a las víctimas, castigado en los artículos 578 y 579.2 del Código Penal.

El mensaje cuestionado, escrito en la red social Twitter en 2011, decía: «Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcasser para que no venga Irene Villa a por recambios». En su declaración como imputado ante el juez investigador del caso, Santiago Pedraz, Zapata aseguró que no tuvo intención de ofender y pidió perdon.

Pedraz llegó a archivar la causa hasta en tres ocasiones, todas ellas revisadas por la sección primera de la Sala de lo Penal , la encargada de resolver los recursos contra las decisiones del instructor en este caso. El magistrado llegó a cerrar el caso incluso antes de haber escuchado la versión de Zapata , antes de citarle para declarar.

Aun así, Pedraz tuvo que abrir juicio oral contra el edil, como adelantó ABC, obligado por la Sala de lo Penal. Los tres magistrados que levantaron su decisión consideran que el ánimo de Zapata (decisivo en el conflicto, pues el delito de humillación a las víctimas exige que haya intención de ofender), debe valorarse en la vista oral.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, quien impulsó el caso en un principio, renunció a acusar en el último momento, en la antesala de la apertura del juicio oral, al considerar que había quedado ya acreditado que Zapata no tenía voluntad de herir a nadie. El Ministerio Público valoró las peticiones de perdón del concejal.

La principal aludida por el mensaje, Irene Villa, una víctima de ETA que sufrió amputaciones cuando tenía 13 años por una bomba de la banda terrorista, aseguró que no se sentía molesta. La Sala de lo Penal explicó, sin embargo, que el delito de humillación a las víctimas protege la dignidad de todas las víctimas como colectivo.