Las comunidades cargan contra el Gobierno por su asfixia financiera

A la negociación con Podemos, la crisis del Open Arms , el incendio en Gran Canaria o los atisbos de recesión en Europa, se une ahora el hartazgo de las comunidades autónomas ante la ausencia de la actualización correspondiente a las entregas a cuenta . Según la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas , los adelantos que el Estado paga a las distintas regiones por la percepción de impuestos deben modificarse cada año en función de los ingresos recaudados.

El Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado la actualización correspondiente al ejercicio 2019, pero el Congreso tumbó las cuentas de María Jesús Montero , por lo que quedó sin efecto. El Ejecutivo bien podría haber utilizado alguno de los llamados «viernes sociales» para renovar las cuantías de las entregas a cuenta vía decreto ley, pero no lo hizo. Ahora, la Abogacía del Estado dice que no pueden actualizarse con este mecanismo porque excedería la acción prevista para un Gobierno interino.

Sin embargo, ante la prolongada parálisis política, varias comunidades autónomas han reclamado a la Moncloa que busque una vía alternativa para pagarles la actualización de las entregas a cuenta. El cálculo, recuerdan a Montero, ya estaba hecho en los malogrados Presupuestos. Las autonomías están generando más ingresos de los que reciben del Estado y ese dinero que no llega provoca tensiones de liquidez que afecta a servicios básicos. Por ello, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo , lleva semanas exigiendo los 700 millones de euros que le corresponden a su región por las entregas a cuenta.

El problema cobró dimensión cuando anteayer la Generalitat de Cataluña anunció que denunciará al Ejecutivo por los 1.317 millones de euros –874 del anticipo de financiación de este año– que le debe, según el Departamento catalán de Economía y Hacienda.

El Govern aprovechó un problema que concierne a todas las comunidades –a salvedad del País Vasco y de Navarra, que no se rigen por el sistema de financiación común– para librar su particular batalla contra el Estado.

El secretario general del PP gallego, Miguel Tellado , ya dejó ayer claro que la iniciativa en este asunto no la ha tomado Quim Torra , sino que se ha sumado «a la postura de Galicia». «Es importante que haya un frente común para decir que no todo vale», apuntó, aunque no aclaró si, en caso de emprender acciones legales, irán de la mano de otras comunidades o en solitario.

El Gobierno, mientras tanto, se aferra a la postura de la Abogacía del Estado para lavarse las manos y se limita a señalar que es necesario que el Ejecutivo deje de estar en funciones para poder resolver las entregas a cuenta. Fuentes del Ministerio de Hacienda se justifican incidiendo en que estos adelantos estaban previstos en el proyecto de Presupuestos que refutó la oposición, informa Roberto Pérez .

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea , tampoco descartó ayer la vía judicial, aunque apostó por abordar «un profundo proceso» para cambiar el sistema de financiación. También desde la Comunidad de Madrid el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty , exigió al Gobierno el pago de los «1.237 millones que no han llegado». Eso sí, ambos negaron hacer «seguidismo» de Torra.

El socialista Ximo Puig quiso echar un capote a la ministra de Hacienda y, como el Gobierno, apuntó que «parece ser que la Abogacía del Estado no permite» realizar la actualización estando en funciones. La Comunidad Valenciana acumula 450 millones de euros de entregas a cuenta no recibidas y una deuda total de 1.800 millones. El consejero de Hacienda de Canarias, Román Rodríguez (Nueva Canarias), recordó que el Gobierno canario ya reclamó el pasado 14 de agosto los 223 millones de euros que les deben de las entregas a cuenta, pero renunció también a ejercer la «vía de presión» catalana.