La comparecencia de Montilla costará al Senado 6.500 euros en traductores

Así las cosas, el próximo 24 de mayo siete intérpretes permitirán que los representantes autonómicos puedan intervenir en sus respectivas lenguas cooficiales en la Comisión, en la que Montilla buscará el apoyo de otras autonomías a su ofensiva para acelerar la renovación del Tribunal Constitucional y desbloquear la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. De este modo y como ya ocurrió en las últimas reuniones de la Comisión general de las Comunidades Autónomas, el Senado contratará a dos traductores para el catalán, dos para el euskera, dos para el gallego y uno para el valenciano . Los siete trabajarán, por turnos, en el desarrollo de la comisión, que permite el uso de estas lenguas desde que en 1994 el Senado modificara por primera vez su Reglamento con este fin. El Reglamento establece asimismo el uso de las lenguas cooficiales al debate del Estado de las Autonomías, el primer discurso del presidente del Senado, la publicación en el Boletín de las Cortes Generales de las actividades no legislativas y los escritos de ciudadanos e instituciones dirigidos a la Cámara.

El Sindicato Profesional de Policía (SPP) se ha sumado hoy a las críticas contra la reducción del sueldo de los funcionarios públicos anunciado el miércoles y ha asegurado que el recorte no es razonable con "el previsible incremento de gasto en el Senado" con la contratación de "decenas de traductores y téncios para mantener los sistemas electrónicos de traducción simultánea". En un comunicado, el SPP aludió al debate abierto en la Cámara Alta sobre la contratación de traductores y advirtió de los gastos que puede generar esta propuesta, no sólo para traducir las comparecencias, sino también para "mantener los sistemas electrónicos de traducción simultánea y elaborar las correspondientes páginas webs en los distintos idiomas oficiales del Estado".

En concreto, el sindicato se centró en las consecuencias que tendrá el recorte del 5 por ciento en el sueldo de los funcionarios en los policías nacionales y pidió al Gobierno tener "bien presente" que su salario es "aproximadamente un 30% inferior al de los de los funcionarios policiales de las comunidades autónomas" e "inferior" al de la "práctica totalidad de los policías locales". Además, exhortó al Gobierno a que, antes de abordar la reducción del salario de los funcionarios públicos, elimine el de "miles de asesores que pueblan las nóminas de las diferentes administraciones públicas" .