INÉS BAUCELLS
INÉS BAUCELLS

Vic, como síntoma

La negativa del municipio de Vic a empadronar a inmigrantes en situación irregular tensiona a los partidos políticos y mantiene dividida a la opinión pública que, influida por la crisis y un discurso xenófobo, duda de los derechos de los «sin papeles»

ROCÍO OVALLE | VIC
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«Vienen a quitarnos el trabajo». La frase sonaría a viejo si hubiera sido un español quien la pronunciase, y no una inmigrante, como es el caso. Javiola es de Perú. Llegó a España con sus papeles en regla hace cuatro años y trabaja de camarera en un bar de Vic (Barcelona). Ahora el trabajo no abunda y es consciente de que los «sin papeles» pasan por delante a la hora de conseguir un empleo: la vulnerabilidad los hace mano de obra barata: «Sé que su situación es difícil, pero nosotros contribuimos y ellos no».

Como ella piensan otros muchos vecinos de Vic, una ciudad de la Cataluña interior de 40.000 habitantes, de los cuales el 23 por ciento es inmigrante. Los «nuevos ciudadanos» comenzaron a llegar a mediados de los ochenta atraídos por las industrias cárnica y textil. Al principio fueron sobre todo magrebíes pero cada vez más africanos y latinos. La mayoría viven en la zona sur de la ciudad, en barrios como el Remei, con fama de conflictivo.

Ahora, con los problemas de financiación de los municipios de por medio, el «estrés social» que algunos denuncian y el discurso xenófobo que ha calado en la zona, el Ayuntamiento de Vic lo tuvo claro a la hora de «tomar cartas» en el asunto endureciendo los criterios de empadronamiento para evitar que los inmigrantes ilegales accedan a los servicios sociales básicos, algo que mantiene dividida la opinión pública de la ciudad y revela las contradicciones de los partidos, con un discurso «buenista» en un sitio y otro que, a pie de calle, como en Vic, roza la xenofobia. En esta población, sin embargo, el Consistorio parece haber errado con los instrumentos.

«Vic quiere privar a unas personas de unos derechos que no administra el Ayuntamiento», afirma Antonio Segura, vocal de la Sección de Extranjería del Colegio de Abogados de Barcelona. El ayuntamiento se acogió para ello a la Ley de Extranjería, un texto que no regula el padrón municipal. Segura recuerda: «La Ley obliga a todas las personas que estén viviendo en España a inscribirse. Vic está en la frontera del Código Penal». Para Alba Cuevas, portavoz de la ONG SOS Racismo, no está tan claro. «Ojalá que me equivoque pero creo que se aplicará. Deben haberla redactado de modo que no se pueda decir que es ilegal». Será la Fiscalía quien lo dictamine.

El discurso del miedo que denuncian estas organizaciones es el del xenófobo partido Plataforma por Cataluña, presidido por Josep Anglada, que ya ha conseguido colocar 17 concejales en diferentes localidades, cuatro de ellos en Vic, donde es el segundo partido y lidera la oposición. En el gobierno, una coalición de CiU, ERC y PSC, creada precisamente para evitar que el partido de racista de Anglada marcase las reglas. Anglada, disfrutando de un protagonismo en el que se siente cómodo, y que ya prepara el salto a la política autonómica, explica enfurecido: «Esto es una invasión y nosotros no tenemos los recursos». Es el discurso del miedo.

El propio alcalde de Vic, Josep Maria Vila d´Abadal -de Unió Democràtica-, reconoce la influencia de Anglada a la hora de tomar esta iniciativa. «No es digno ni ético empadronar a inmigrantes que no tienen permiso de trabajo y sin embargo acceden a educación y sanidad públicas», argumentaba hace unos días. Le apoyan en sus tesis los grupos municipales del PSC -en implícito desacuerdo con la política oficial de su partido- y de ERC. De momento, la vicepresidenta De la Vega y el ministro Corbacho ya han advertido de la ilegalidad del asunto. Por su parte, la Generalitat también desautoriza el proceder de Vic, aunque de manera más tibia. Las formaciones del tripartito, visiblemente incómodas, evitan una censura directa de sus ediles en la comarca de Osona.

Opinión dividida

Para Saida, una mujer marroquí que lleva trece años en Vic, «la gente no está enfadada porque vengan inmigrantes sino porque los políticos no lo han sabido canalizar». «En otros países les hacen controles cada seis meses -afirma Eduardo mientras toma en un céntrico café en Vic-. Aquí somos demasiados, ya no cabemos, que los desplacen a otro pueblo». Al otro lado de la barra, Óscar advierte: «Me da igual que sean chinos o «moros», pero que no me molesten».

Otra opinión autorizada es la de Laila Karrouch, de 33 años, quien llegó a España con ocho. Narró su proceso de adaptación en el libro «De Nador a Vic», donde recuerda pasos simbólicos, como el de la primera vez que llevó tejanos. Ahora, con dos hijas «catalanas» y trabajando como auxiliar de enfermería, analiza con cierto pesimismo la situación en Vic: «Si siguen adelante habrá problemas serios».