El 'comisario' de Sánchez en Transparencia niega datos que se facilitaban hasta su llegada

El volantazo es evidente. Antes de que Rodríguez llegara a la presidencia del Consejo de Transparencia tras ser el escogido por el Gobierno, la doctrina era clara: cuando un ciudadano solicitaba la agenda de un alto cargo, la Administración tenía que entregársela condensada en un único documento con el objetivo de facilitar lo máximo posible el acceso a la información pública. Este es uno de los principios que rigen la ley de Transparencia y que, además, está reforzado con la doctrina que hasta ahora se ha seguido.

Sin embargo, Rodríguez, experto en ocultar información – en su currículum brillan sus años como director de la Agencia Española de Protección de Datos , puesto para el que también fue elegido por el PSOE después de servir como mano derecha del ministro Caamaño–, ha optado por ponérselo fácil al poder y complicarle la vida al ciudadano .

Ahora, bajo su presidencia, el mantra ha cambiado y con sus dictámenes bendice que los distintos gabinetes ministeriales hagan lo que justo antes denunciaba el Consejo de Transparencia: enviar al ciudadano al enlace genérico de las distintas agendas que ofrecen los ministerios en sus páginas web oficiales y que ahí cada uno se busque la vida. Esta interpretación de la ley, además de obligar al ciudadano a hacer un esfuerzo para encontrar la información –en contra de lo que dicta la ley del sector–, supone una clara involución en un territorio 'conquistado' en materia de Transparencia .

Unos pocos meses después de que llegara al cargo, son al menos tres los ejemplos en los que Rodríguez ha cambiado la doctrina. Todos ellos responden a recursos presentados por ABC, por lo que no es para nada descartable que haya otros casos en los que se haya dado la misma respuesta.

El primero de ellos tiene que ver con la agenda del propio Rodríguez. ABC la solicitó y el presidente del Consejo de Transparencia remitió a este diario al enlace web genérico. Después de reclamar al propio Consejo de Transparencia, Rodríguez redobló el pulso insistiendo en su postura para volver a facilitar a este diario exactamente el mismo enlace que en la primera petición . Curiosamente, estimó favorablemente la queja de ABC pero se limitó a ofrecer la misma información que sustentó el recurso. Una contradicción evidente.

El segundo ejemplo es, cuando menos, igual de curioso que el primero, ya que el Consejo, institución garante de promover la Transparencia en la Administración , advierte al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de que podría haber facilitado a este diario menos información de la que en su día le entregó. Se corresponde con la agenda de la ministra Teresa Ribera, que finalmente fue facilitada por su gabinete previa reclamación de este diario con arreglo a la doctrina que se seguía hasta la llegada del 'comisario' de Sánchez en Transparencia: en un único documento y con el nivel de detalle reclamado.

La resolución del Consejo, que firma el propio Rodríguez, llegó con posterioridad a la entrega y reza, de manera textual, lo siguiente: « El Ministerio entrega la información en plazo , remitiendo al reclamante a una dirección web, circunstancia que no satisface a éste por considerarla información demasiado genérica. A nuestro juicio, esta forma de entregar la información es conforme a la ley de Transparencia y Buen Gobierno , en cuyo artículo 22.3 señala que si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella».

No obstante, los criterios interpretativos formulados por el propio Consejo para guiar su actuación en casos como este dicen, como recoge Rodríguez en la resolución, lo siguiente: «En ningún caso será suficiente únicamente la remisión genérica al portal o a la sede o página web correspondiente. Es necesario que se concrete la respuesta. Ésta podrá redireccionarle a la información de publicidad activa siempre que tal información satisfaga totalmente la información solicitada pero deberá señalar expresamente el link que accede a la información y, dentro de este, los epígrafes, capítulos, datos e informaciones exactas que se refieran a lo solicitado, siendo requisito que la remisión sea precisa y concreta y lleve, de forma inequívoca, rápida y directa a la información sin necesidad de requisitos previos, ni de sucesivas búsquedas».

Este último aspecto, el de evitar que el ciudadano deba realizar sucesivas búsquedas para recopilar por sus propios medios la información reclamada, desnuda los argumentos del Consejo de Transparencia. Sin embargo, acto seguido Rodríguez se reafirma en el volantazo que pone en bandeja a la Administración ocultar las agendas de los altos cargos cuando no le interese entregarlas . «No se trata pues de una información genérica, sino del acceso a una herramienta necesaria y suficiente para el control por parte de los ciudadanos de la agenda pública de la titular del Ministerio, que solamente requiere una pequeña labor de búsqueda del interesado dependiendo del número de días que quiera comprobar», defiende el Consejo sobre dicha web, que no responde al detalle reclamado por el ciudadano y también obliga a realizar varias búsquedas, pese a lo expuesto anteriormente, dificultando en consecuencia el acceso a los datos. Además, existen numerosos ejemplos que prueban que la información que ofrecen los ministerios en sus páginas oficiales no es toda la que manejan y así lo ha criticado el propio Consejo en el pasado.

Este caso representa un ejemplo inaudito. Lejos de intentar conseguir mayores cotas de Transparencia en la Administración, el hombre que debería dar ejemplo prefiere buscar argumentos legales para, dejando en un segundo plano aquellos que no le convienen, complicar el acceso de los ciudadanos a una información pública que, antes de que entrara en juego su figura, se entregaba por norma.

El tercer ejemplo afecta a la agenda de la ministra de Igualdad, Irene Montero, solicitada también hace varios meses. Dicha petición, en una estrategia habitual de la Administración, no fue contestada en primera instancia por el gabinete, por lo que ABC tuvo que reclamar ante el Consejo de Transparencia. Ante la falta de alegaciones por parte del ministerio, el Consejo estimó la solicitud de este diario y obligó, en el plazo de diez días, a facilitar la información . Entonces Igualdad se pronunció pero únicamente envió el enlace genérico a la agenda de Montero, que no satisface concretamente la información solicitada.

Pese a ello, el Consejo se desentiende del contenido de la respuesta y da luz verde a Igualdad a que opere de esta forma. No es problema que la Administración haya demostrado, primero evitando responder y después remitiendo al reclamante a un enlace web genérico que no se atiene a lo solicitado , que no está por la labor de facilitar el acceso a la información pública de los ciudadanos. Corren malos tiempos para la Transparencia.