El Colegio de Abogados anuncia una querella contra Garzón por escuchas ilegales en la «Gürtel»
La instrucción del «caso Gürtel» sigue levantando ampollas. En este caso, al colectivo de los abogados, por la intervención de las comunicaciones que afectó a los tres imputados encarcelados en esa causa penal -Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez- y que se extendió a las entrevistas que éstos mantuvieron tanto con sus respectivos defensores como con otros letrados personados. El Colegio de Abogados de Madrid ha tomado la iniciativa y por acuerdo de su Junta de Gobierno, que se reunió anteayer, ha anunciado que se querellará contra el juez Baltasar Garzón y contra las fiscales Anticorrupción Miriam Segura y Concepción Sabadell, adscritas al «caso Gürtel», si la Fiscalía no toma las riendas del asunto y denuncia los hechos. Los abogados creen que se han podido cometer los delitos de prevaricación y quebrantamiento del secreto de las comunicaciones y que lo ocurrido es «intolerable para el derecho de defensa».
El Colegio de Abogados de Madrid, cuyo decano es Antonio Hernández-Gil, otorgó el martes su «amparo» a los afectados por la intervención de las comunicaciones, un total de ocho abogados vinculados al «caso Gürtel», algunos de los cuales han dejado de ejercer la defensa tras haber sido a su vez imputados.
Los abogados madrileños trasladan su «más enérgica protesta» a los presidentes del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar; de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, así como al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. A Dívar le exigen que, cumpliendo el mandato del artículo 409 de la LOPJ, ponga los hechos en conocimiento de la Fiscalía por tratarse de posibles delitos cometidos por un juez; a Vieira le reclaman «la urgente comprobación de que han dejado de observarse las comunicaciones personales de los imputados en situación de prisión preventiva» y, en su caso, que adopte las medidas necesarias «para el inmediato cese de esa situación, intolerable para el derecho de defensa».
En cuanto a Conde-Pumpido, el Colegio de Abogados le pide que actúe en una doble dirección. Cree que el fiscal general del Estado debe «depurar las responsabilidades en que hubieran podido incurrir» las fiscales Sabadell y Segura por «consentir» las escuchas que ordenó Garzón (no se opusieron) y por su «injerencia» en la «confidencialidad de la relación entre abogado y cliente» al «calificar qué comunicaciones se referían en exclusiva a estrategias de defensa» y no podían, por lo tanto, ser utilizadas bajo ningún concepto en la investigación.
Al fiscal general también le exige el Colegio de Abogados de Madrid que inste la investigación de estos hechos ante los juzgados y tribunales correspondientes para cumplir con su deber estatutario de «tutelar el interés público de la justicia de la que es parte el derecho de defensa».
En el caso de que Conde-Pumpido no promueva denuncia alguna, el Colegio se querellará contra Garzón y contra las dos fiscales por los delitos de prevaricación y quebrantamiento del secreto de las comunicaciones.
Fuentes jurídicas aseguran que la respuesta del Colegio de Abogados ante este asunto «trasciende» los límites del «caso Gürtel», pues «beneficiará a todos los justiciables».
El comunicado hecho público ayer por la organización profesional aprovecha para criticar «la difusión en la opinión pública» del sumario de la Gürtel incluso durante el tiempo en que las actuaciones han estado declaradas secretas por los sucesivos jueces que las han tramitado. Por ello, el Colegio hace un «llamamiento de colaboración leal y responsabilidad común a cuantas autoridades, instituciones y profesionales participan en el sistema de la justicia para la defensa de los principios y valores proclamados en la Constitución».
Apoyo de la AF
En la otra cara de la moneda de esta polémica se situó ayer la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, al salir en defensa de las dos fiscales Anticorrupción del «caso Gürtel». La AF puso de manifiesto su «apoyo expreso a la actuación desarrollada» por ambas y exigió «respeto» para su labor «estrictamente profesional y ajustada a la legalidad». También lamentó que «se ponga en tela de juicio la actuación de las instituciones del Estado en la persecución de conductas presuntamente constitutivas de delitos graves».
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