Colau disparó la contratación a dedo más de un 11.000% a la sombra de la pandemia

El consistorio que dirige la alcaldesa Ada Colau (Catalunya en Comú) disparó los ‘contratos de emergencia’ un 11.056% en 2020, supuestamente para responder a imperiosas y sobrevenidas necesidades sanitarias motivadas por el Covid. El dedo adjudicador debía estar estrictamente restringido a obras, servicios o suministros contratados para luchar contra la pandemia. Pero el Tribunal de Cuentas ha destapado que el gobierno de Colau usó el Covid como coartada para adjudicar a dedo un buen número de contratos que no guardaban relación estricta con la emergencia sanitaria o que podían haberse planificado con antelación y, por tanto, debían haberse tramitado por procedimientos ordinarios.

De 122 contratos revisados por los auditores, el 20% fueron anómalos, en su inmensa mayoría por haberse tramitado de forma «indebida, inadecuada o insuficiente» . Y hay que tener en cuenta que esos 122 que revisó el Tribunal de Cuentas son solo una minúscula parte de todos los contratos de emergencia que firmó el ayuntamiento de Ada Colau el año pasado, un millar en total.

A las anomalías detectadas en los expedientes se añade esa sospechosa cantidad de contratos a dedo con la que se ha topado el TCu . Es difícil explicar cómo en Barcelona, una ciudad que tiene la mitad de población que Madrid y un 35% menos de presupuesto, su ayuntamiento firmó un 144% más contratos de emergencia que el Consistorio madrileño para, supuestamente, hacer frente al Covid: 973 adjudicaciones de este tipo en Barcelona; en Madrid, 399.

Si el análisis se hace sobre el total de contratos de emergencia firmados durante el año, llevaran o no la etiqueta de la lucha contra el Covid, los datos son igualmente desorbitados: el Ayuntamiento de Barcelona formalizó 1.004 contratos de esta índole en 2020, frente a los 470 de Madrid.

La diferencia interanual aún es más sorprendente: en Madrid este tipo de adjudicaciones extraordinarias aumentaron un 259% el año pasado, tras irrumpir la pandemia, pero en Barcelona lo hicieron un 11.056% .

Si se compara con el resto de grandes ayuntamientos españoles, tampoco hay forma de explicar la proliferación de adjudicaciones a dedo que se produjo en el ayuntamiento de Ada Colau: en el conjunto de los otros once mayores consistorios del país –incluido el de Madrid–, este tipo de contratos a dedo aumentaron en 2020, de media, un 646%. Es decir, diecisiete veces menos que en Barcelona .

La contratación de emergencia es una herramienta que permite saltarse principios legales tan elementales como la convocatoria pública, la libre competencia, la igualdad entre licitadores o la selección de la oferta económica más ventajosa. Por eso, la legislación solo permite la contratación de emergencia para casos muy excepcionales, que deben estar tremendamente justificados. Está pensada para contratar obras, servicios o suministros con los que responder a necesidades totalmente imprevistas, sobrevenidas, y provocadas por «acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional».

El Covid encajaba perfectamente en esos supuestos. Pero la pandemia no justificaba, sin más, que cualquier contrato pueda ser tramitado por el procedimiento de emergencia. Éste quedó restringido a aquellas obras, servicios o suministros que guardaran una relación notoria con la emergencia sanitaria. Barcelona no lo hizo así, según el TCu. Al menos no en un alto porcentaje de casos. Como ayer informó ABC, de 122 adjudicaciones analizadas por el Tribunal de Cuentas, ha detectado que en 22 la pandemia fue utilizada como excusa «indebida, inadecuada o insuficiente» para adjudicar a dedo. Esos 22 contratos costaron, en su conjunto, más de 6 millones de euros.

El anómalo uso de la contratación de emergencia que ha destapado el TCu pone en el punto de mira la gestión de decenas de millones de euros por parte del gobierno de Ada Colau.

En su conjunto, los 1.004 contratos a dedo que formalizó en 2020 ascendieron a un total de 67,89 millones de euros. De ellos, 64,42 millones los desembolsó en 973 adjudicaciones ‘de emergencia’ que, supuestamente, respondían a necesidades sanitarias del Covid. Pero el TCu ya ha dejado claro que eso no fue así, porque uno de cada cinco contratos que ha revisado no respondían estrictamente a la emergencia sanitaria del Covid o no se había justificado correctamente tal vinculación. Y eso que el Tribunal de Cuentas apenas ha revisado el 13% de todos esos contratos que firmó el Ayuntamiento de Barcelona el año pasado.