Las siete claves del «caso Nóos»

El Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro, suscribió convenios con las administraciones balear y valenciana por valor de algo más de 5.800.000 euros entre 2004 y 2007. Esos convenios, según el criterio del instructor y Anticorrupción, son irregulares, ya que las entidades públicas no pueden firmar este tipo de acuerdos con empresas privadas a no ser que se justifique que estas son las únicas que pueden prestar el servicio. Además, no se convocó concurso público, como hubiera sido preceptivo.

Los responsables de Nóos crearon, según las investigaciones, una red societaria que facturaba al Instituto. Es decir, se contrataban a sí mismos. En opinión del juez, a través de esas empresas «desviaban los fondos públicos y privados que recibían apoderándose de los mismos (...) acabando los fondos públicos en manos de Diego Torres e Iñaki Urdangarín». No solo eso; las cantidades recibidas eran desproporcionadas de acuerdo con el servicio que prestaba Nóos.

Las facturas aportadas por Nóos no justificaban en modo alguno el dinero gastado. En algunos casos, ese dinero ni siquiera estaba respaldado por documento alguno, a pesar de tratarse en buena medida de fondos públicos. Pero es que además se han detectado recibos falsos. Incluso, las nóminas de empleados que nada tenían que ver con los convenios se imputaban a los mismos. Solo de Baleares, se pudo haber desviado más de un millón de euros de fondos públicos. En Valencia, los responsables de Nóos cobraron 1,44 millones de euros, gastos aparte.

Llama la atención el rastro tan evidente de las presuntas irregularidades cometidas por los responsables de Nóos. Los investigadores creen que ello pudo deberse a que tenían una cierta sensación de impunidad. Solo así es explicable, por poner un ejemplo, que se presenten facturas para justificar gastos de un congreso celebrado en Palma de Mallorca con recibos de servicios prestados tiempo antes en la Comunidad Valenciana.

Será clave la estrategia de defensa que adopten los responsables políticos implicados. En este sentido ya son muy significativos los mensajes lanzados por el ex presidente balear, Jaume Matas, en el sentido de que no conocía los detalles últimos de los convenios firmados, pero que sí dio la orden de suscribirlos «dado el prestigio» del Duque de Palma. El «crédito y consideración» que le merece Urdangarín garantizaba, en su opinión, «el éxito de los eventos programados para promover el binomio deporte-turismo en la Comunidad».

Los investigadores no habían encontrado ni un solo dato que implicase a la Infanta Cristina. Pertenece a una de las empresas beneficiadas, Aizoon S.L., de la que su marido es administrador y ella vocal, pero no se ha detectado que interviniera, ni activa ni pasivamente, en los hechos investigados. Lo mismo se puede decir del secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, tesorero de la citada mercantil. Sin embargo, García Revenga fue imputado en enero de 2013 y ahora lo ha sido la Infanta.