Cincuenta embajadores españoles jubilados denuncian en una carta la actitud de Bélgica frente a la crisis catalana

Los exdiplomáticos lamentan ante su colega que, desde Bruselas, se haya hecho caso omiso a la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) que España lanzó cuando el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y varios de sus exconsejeros, huyendo, se refugiaron en Bélgica, tras culminar su mediático e intrincado «proceso de insurrección contra el Estado español».

En la misiva, se rememoran algunos de los momentos más críticos. Ejemplo de ello es cuando el vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Jan Jambon, criticó a la «Justicia española por enjuiciar a las destituidas autoridades catalanas, dado que éstas se habían limitado a seguir el mandato de sus electores». También recuerdan que el político belga «se mostró dispuesto a conceder el estatuto de refugiados políticos a los prófugos y pidió a la comunidad internacional que estuviera vigilante para asegurar que Puigdemont recibiera un trato justo».

Los antiguos embajadores se quejan –además– de que, a pesar de que la Audiencia Nacional acusó a Puigdemont y sus exconsejeros fugados de sedición, prevaricación, malversación y desobediencia, Bélgica «puso en duda el respeto de los derechos humanos en España (...) las condiciones de detención, las garantías de un juicio justo, las condiciones de las cárceles y la posible exposición a episodios de violencia». En la carta se afirma sin ambages que el fiscal del rey, Jean-Marc Meilleur, «dinamitó la aplicación de la OEDE , que se basa en la confianza en los sistemas judiciales de los miembros».

Por último, los embajadores jubilados lamentan el desenlace que tuvo el periplo de Puigdemont y sus exconsejeros por tierras belgas: «La autoridad judicial belga ha dado largas a la repuesta –a pesar del carácter urgente de la OEDE– y ha decidido conceder la libertad provisional a los prófugos, a los que el Gobierno belga ha consentido que actúen con plena libertad para realizar actividades políticas en contra de la Constitución y de las leyes españolas». Los diplomáticos retirados no dudan en asegurar que esta actitud ha puesto de manifiesto la «escasa disposición» de Bélgica «a colaborar con la Justicia española».