Vox cierra con 110.000 euros la campaña por Borja: «Quiere asumir las consecuencias personalmente»

«Borja nos ha trasladado su profundo agradecimiento por vuestra ayuda. Su deseo es pagar él lo que falta, por eso hemos cerrado ya la campaña», ha explicado Vox en un mensaje en Twitter.

Para el partido de Santiago Abascal, ha sido un «honor» servir de «canal para que los españoles, al margen del color político, hayan podido ayudar a Borja».

El joven fue condenado a dos años de cárcel por matar, tras un forcejeo, a un ladrón que le había robado el bolso a una mujer en 2015 en Fuengirola (Málaga), y su ingreso en prisión fue solicitado el pasado 7 de julio tras hacerse firme la sentencia.

El letrado de Borja, Alfredo Herrera , aseguró a Ep que su cliente no va a solicitar el indulto porque considera que su actuación fue correcta y esta petición supone la asunción de condena.

Sin embargo, sí se ha presentado ante el Constitucional un recurso de amparo en el que alega falta de tutela judicial efectiva porque no se contestan las preguntas que planteaba la defensa y presunción de inocencia.

«Él considera que ha actuado correctamente y la petición de indulto si la haces tu personalmente supone la asunción del delito -ha comentado-. Pide perdón a la familia por haber causado un mal que no quería, pero el actuó como cree que se debe actuar, ayudando a una mujer que estaba siendo pateada para robarle el bolso por un tipo que estaba en busca y captura y tenía múltiples antecedentes penales».

Aunque Borja no solicitará el indulto, miles de personas han firmado una petición ciudadana para que se le conceda esta gracia y Vox avanzó que presentará la solicitud de indulto al Ministerio de Justicia. Fuentes del Ejecutivo han precisado a Europa Press que estudiarán la petición de indulto, cuando les llegue, como hacen con cualquier otra petición.

Borja se ha presentado un recurso ante el Juzgado de lo Penal solicitando la suspensión de la condena y el fraccionamiento de la indemnización en pagos de 250 euros mensuales, que «es la única cantidad a la que con su actual nómina y con esfuerzo, pueda hacer frente», afirma su abogado.

«Me reitera su voluntad de no aparecer en medios de comunicación ni que tampoco lo haga yo, dado que esta situación le ha desbordado y entiende que, a la larga le va a perjudicar y va a quedar marcado su futuro», añade el letrado. Borja «quiere asumir las consecuencias personalmente».

El Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga condenó al joven en una sentencia fechada el 26 de diciembre de 2018 a dos años de cárcel y 180.000 euros de indemnización por un delito de homicidio por imprudencia grave. Esta sentencia fue apelada por el condenado y la confirmó la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga en una sentencia del 26 de abril de 2019.

El juzgado dictó un auto abriendo la ejecución el pasado 28 de junio y el condenado solicitó la suspensión de la condena. El procedimiento se encuentra actualmente, en fase de traslado a las partes de la solicitud por parte de la defensa del penado de la suspensión de la pena privativa de libertad y de un recurso de reforma interpuesto contra aquel auto. Por tanto, el juez tendrá que resolver si acuerda o no la suspensión de la condena.

Según el abogado de Borja, la orden de ingreso en prisión se debe precisamente porque no abona la responsabilidad civil ya que cuenta con los otros dos requisitos para no entrar en la cárcel: una pena no superior a dos años y ausencia de antecedentes penales. Así, recuerda que han propuesto que pague 250 euros mensuales el resto de su vida, lo que califica como «una condena para el resto de su vida».

En la sentencia del Juzgado de lo penal número 9 de Málaga, a la que ha tenido acceso Europa Press, se considera probado que el acusado y sus acompañantes acudieron en auxilio de una mujer que estaba siendo golpeada por dos personas para sustraerle el bolso que portaba y que posteriormente para recuperar el bolso salió corriendo tras uno de los atracadores, con el que se produjo un forcejeo entre ambos.

«En el curso del cual el acusado, siendo consciente de las graves consecuencias que podría causar con su acción aunque sin pretender ni consentir la efectiva producción de las mismas, propinó a aquél dos puñetazos, uno de ellos en la cabeza y otro, bien en el mismo lugar, bien en el cuello o en el hombro, que determinó que cayera al suelo, sufriendo un traumatismo craneoencefálico con hemorragia cerebral que le provocó la muerte el día 10 de febrero de 2015», añade el auto.

Aunque el juez considera que los hechos no se pueden calificar de dolosos, tampoco son fortuitos porque, a su juicio, si el acusado, en vez de decidir golpear a la víctima para recuperar el bolso hubiera decidido simplemente seguirla e intentar determinar hacia dónde se dirigía en espera de la llegada de la policía, a la que previamente habría de haber dado aviso, la muerte no se hubiera producido.

Asimismo, añade que «no sería descabellado» concluir que la imputación de responsabilidad que se le atribuye en la producción del accidente al acusado deba ser absoluta, pues el acusado no muestra lesión alguna con la que poder concluir que la víctima actuara de una forma violenta de tal forma que determinara los golpes recibidos. También descarta que el consumo de alcohol o drogas hubiera tenido influencia alguna y rechaza la legítima defensa porque «no hubo agresión ilegítima».

Además, no aprecia atenuante por reparación parcial del daño, a pesar de que el acusado depositó 6.000 euros una semana antes de la fecha en la que se convocó el acto de juicio oral, porque lo considera una cantidad «exigua» teniendo en cuenta que las acusaciones solicitaban indemnizar a los herederos con 180.000 euros.

En cuanto a la penalidad, el auto también añade la conducta posterior del acusado que materializó abandonando el lugar tras producirse esa agresión y «despreocupándose» del estado del agredido sin dar cuenta a la autoridad policial o sanitaria y que en un primer momento manifestó ante los agentes que se hicieron cargo de la investigación desconocimiento de los hechos.