Cientos de pamploneses firman para que se desaloje el palacio que Barkos cedió a los okupas abertzales

Entre las motivaciones que han promovido la iniciativa se destaca que el palacio, del siglo XVIII y situado en pleno centro de Pamplona, «es un edificio de todos los navarros» y no sólo de un grupo de jóvenes. Además, se recuerda que «en el inmueble se practica la venta de bebidas alcohólicas sin licencia ninguna y sin pagar ningún impuesto, lo que perjudica a los comercios de la zona y supone un agravio comparativo». Y consideran que «la ocupación por un grupo de extrema izquierda supone la división social, pudiéndose usar este espacio público únicamente por grupos afines».

Pero sobre todo, la petición está motivada porque «el inmueble se encuentra en precarias condiciones para su habitabilidad, y cualquier percance puede tener trágicas consecuencias humanas, además de económicas y de responsabilidad para el propietario del edificio», tal y como recordó el pasado sábado el juez en el auto por el que se archivaba la causa iniciada por el Gobierno de Navarra y posteriormente suspendida por el mismo Ejecutivo. También se asegura que «en su interior se realiza enaltecimiento y apología del terrorismo con la exhibición de fotos de presos de la banda terrorista ETA».

El palacio del Marqués de Rozalejo fue ocupado por jóvenes abertzales el pasado mes de septiembre. De inmediato el Gobierno de Navarra interpuso una denuncia. El pasado 27 de julio, además, presentó un recurso para que se procediera al desalojo del edificio. Entre las alegaciones que justificaban esta petición se destacaba el estado en que se encontraba el edificio, muy perjudicado además, por las obras sin permiso y sin control realizado por los okupas.

«Los ocupantes del inmueble han realizado obras de acondicionamiento de los distintos espacios y obras de defensa para impedir o dificultar un eventual desalojo, desde un trípode y tubos de acero en el tejado hasta el sellado y bloqueo de accesos así como probables sistemas de defensa pasiva, concurriendo por ello riesgos de caída de personas al vacío o de objetos a la vía pública al tenerse constancia de que durante las obras en el tejado han quedado tejas sueltas y se ha roto alguna de ellas, riesgos estructurales por la realización de obras sin ningún tipo de supervisión técnica en un inmueble antiguo en deficiente estado de conservación y, por último, un riesgo cierto de incendio por las características de la instalación eléctrica y la carencia de sistema alguno de detección temprana de sobrecargas eléctricas y de humos y por la utilización de soldaduras eléctricas y otras herramientas sin las debidas condiciones de seguridad», decía el juez en base al informe presentado por el propio Gobierno de Navarra.

Así pues, el pasado viernes se procedió al desalojo del edificio que resultó pacífico salvo alguna pequeña carga que se registró en el exterior. Sin embargo, los abertzales volvieron a ocuparlo por la tarde ante la falta de vigilancia a la que se sometió el palacio.

Así pues, el sábado el Gobierno de Navarra presentó ante el juez una solicitud para que se suspendiera «de forma temporal» el desalojo «con el fin de salvaguardar la seguridad ciudadana», refiriéndose a la posibilidad de que se produjeran nuevos incidentes.

Con esta petición, el juez ordenó el archivo total de la causa porque «viene de hecho a legitimar, temporalmente pero con carácter indefinido, el uso al que el inmueble está siendo destinado por personas distintas del propietario». Por lo tanto, «no puede considerarse que el uso del inmueble suponga una ocupación sin autorización debida ante la posterior tolerancia expresa por parte del propietario», es decir, por parte del Gobierno de Navarra.