El CGPJ avisa que el derecho a la huelga de los magistrados «no está previsto» en la ley

Las juntas de hoy tenían el objeto de analizar las tareas de modernización de la Justicia iniciadas por el CGPJ a partir del pasado 21 de octubre pero, a la espera de que se conozca con detalle las actas, parece que solo han servido para constatar el malestar que persiste entre la judicatura a raíz del 'caso Mari Luz' y la petición de sanción del Ejecutivo para el juez Tirado. Lo que se presentaba como juntas de caracter informativo, terminaron con un marcado contenido reivindicativo.

Así, al menos de dos de estas reuniones, en Murcia y Extremadura, se ha planteado claramente la opción de ir a la huelga si el Gobierno no resuelve el déficit de medios del que adolece la Administración de Justicia. En algunas juntas también se barajó la posibilidad de llevar a cabo como medida de presión una especie de "huelga de mínimos", que consistiría en cumplir estrictamente los módulos de trabajo marcados por el CGPJ, en ocasiones menos exigentes que el trabajo real que desempeñan algunos juzgados. En todo caso no hay nada definitivo y los jueces han acordado volver a reunirse dentro de dos meses, el próximo 21 de enero, para evaluar entonces el estado de la situación.

Pero lo que deben tener muy en cuenta antes que el derecho de huelga de los jueces en España "no está ni reconocido ni prohibido, no está previsto". Este fue el aviso que ante los rumores de huelga lanzó la portavoz del CGPJ que eludió realizar valoraciones sobre el contenido de las juntas de jueces celebradas, pero sí reconoció que poseía información extraoficial de que en algunas de estas juntas, en concreto las celebradas en Extremadura y Murcia, los asistentes podrían haberse planteado la posibilidad de fijar una jornada de huelga para el mes de febrero.

Bravo señaló que el Consejo no realizará una valoración oficial de lo ocurrido hasta no conocer el contenido de las actas de las diferentes juntas, que le serán remitidas el próximo lunes. Explicó que cuando examine las citadas actas, el Consejo estudiará si las juntas han cumplido los requisitos legales y valorará si, por contra, han podido infringir algún precepto legal.

Desde el Ministerio que capitanea Mariano Fernández Bermejo fue el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, quien aseguró que la "perturbación del servicio" por la celebración de las juntas ha sido "inexistente", algo que atribuyó a que poco a poco se van comprendiendo los esfuerzos del Ejecutivo por modernizar la Justicia.

"La perturbación del servicio ha sido mínima y yo creo que en general, por lo tanto, se produce poco a poco una comprensión de los esfuerzos que desde el CGPJ, desde el Gobierno y las Comunidades Autónomas se hacen para modernizar la Justicia", aseguró Pérez.

Además, el secretario de Estado se negó a valorar "lo que hayan podido acordar hoy los jueces" y señaló que "corresponde al Consejo hacer esa valoración". Pérez también atribuyó a una cuestión formal la decisión a última hora de ayer de prohibir las asambleas en las que los secretarios iban a estudiar nuevas movilizaciones contra Justicia y señaló que "el derecho de reunión que los trabajadores tienen, debe ejercerse como regla general fuera del horario de trabajo".