El CGPJ archiva el caso del juez que denuncia torturas en España

Añade que el magistrado hizo esas manifestaciones «reconociéndose como tal, pero incidiendo expresamente en su condición de ciudadano miembro de la sociedad civil y manifestando que como tal exponía sus opiniones ».

La resolución recuerda que los jueces y magistrados «son titulares del derecho a la libertad de expresión y opinión », y agrega que aun cuando ese derecho fundamental puede verse limitado por su condición de miembros del Poder Judicial, en las manifestaciones de De Prada «no puede ser apreciada una finalidad diferente que el mero traslado a los asistentes al acto de una opinión sobre un tema de interés jurídico, social o político, y nunca la intención o voluntad de afirmar la existencia probada de torturas y menos su imputación directa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». «De este modo, la actuación del magistrado debe quedar amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión y de opinión consagrados por el artículo 20 de la Constitución Española», concluye el Promotor.

Este archivo llega apenas unos días después de que la Sala Penal de la Audiencia haya rechazado las recusaciones planteadas por la AVT contra De Prada en dos causas que tiene que juzgar: el sumario de PCTV-ANV y el intento de asesinato del exedil de UPN Miguel Ángel Ruiz de Langarica. La Fiscalía había apoyado apartarle de estos procedimientos al considerar que los aspectos que abordó durante su intervención en el encuentro organizado por el Ayuntamiento de Tolosa (Guipúzcoa)estaban relacionados con las citadas causas, en las que se tienen que juzgar preciamente la comisión de delitos terroristas.

En aquella intervención, De Prada aseguró que en España «la tortura se ha producido de manera clara» y que los tribunales no han actuado de forma correcta contra ella. El juez argumentó que la imposibilidad de que los arrestados sean asistidos por sus abogados es «un caldo de cultivo para que esas personas sean forzadas».

«Yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte de tortura que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho», dijo el juez.

En esa misma alocución, el magistrado cuestionó que la Policía y los tribunales hayan actuado contra los organismos que sirvieron a los fines de ETA, colocándose bajo subordinación de la banda terrorista. «Antes existía una posibilidad de saber qué era terrorista y qué no, pero luego surgieron estrategias que pensaron que se podía acabar con ello atacando a los entornos políticos», dijo. En la misma línea, añadió que la Audiencia Nacional hace «política criminal, cuando no le correspondería».

Sus críticas también se dirigían al carácter probatorio del testimonio de un policía. «Cuando yo empecé, se descartaba cualquier valor de la declaración policial, pero ha habido una involución tremenda y se ha llegado a que era prueba suficiente para la condena». De Prada se mostró «perplejo» de que se hayan introducido «periciales de inteligencia» que pretenden sustituir «el razonamiento del juez con conclusiones dudosas».

A juicio de las víctimas, las declaciones del magistrado son de «extrema gravedad», pues suponen una «acusación explícita contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Las víctimas ponían el acento en la condición de juez de la Audiencia Nacional de De Prada , lo que implica que tiene que juzgar delitos de terrorismo. «Es ahí donde reside la trascendencia de sus declaraciones, que realiza como magistrado de la Audiencia Nacional y no como un ciudadano o profesional más». «Todo juez debe ser tremendamente escrupuloso en las valoraciones relacionadas con su labor», añadía la carta.