Manuel García Castellón llega a la Audiencia Nacional en una imagen de archivo
Manuel García Castellón llega a la Audiencia Nacional en una imagen de archivo - ISABEL PERMUY

El CGPJ aparta provisionalmente de sus funciones al funcionario investigado en el caso Villarejo

Encarga un informe sobre sus movimientos como jefe de Sección de Informática del órgano de gobierno de los jueces

MadridActualizado:

El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) ha reaccionado a la imputación de Juan Carlos Garcés Pérez, jefe de servicio de Informática, en el caso Villarejo apartándole temporalmente de su cargo, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sospecha que este funcionario facilitaba datos reservados a la red del excomisario dentro del proyecto Land.

En la pieza separada de ese nombre se investiga el encargo que hizo Susana García Cereceda, dueña de La Finca de Pozuelo, al expolicía y su red para que espiara a su hermana, Yolanda Cereceda; al exmario de ésta, Jaime Ostos; a la viuda de su padre, Silvia Gçómez Cuétara, y al conocido arquitecto Joaquín Torres.

Además, el secretario general del CGPJ ha acordado la apertura de unas diligencias informativas, para lo que ha pedido un informe al director del Centro de Documentación Judicial sobre el funcionamiento, las actuaciones, sistemática de trabajo, número de accesos, control y seguridad de los accesos al Punto Neutro Judicial y de cuantos otros extremos considere oportunos en relación con este asunto.

García Castellón señala la existencia de claros indicios de que esa información reservada «se habría aportado a cambio de dádivas», de tal como que este y otros investigados habrían aportado al comisario datos confidenciales a los que accedían ilegalmente.

Desde hace doce años Garcés está al frente de la sección de Informática Judicial, encargada de la compatibilidad de los distintos sistemas de las comunidades autónomas y también del Punto Neutro Judicial, la red que usan los juzgados para consultar datos de ciudadanos en bases de entidades financieras, registros y organismos públicos, desde la Agencia Tributaria a la Seguridad Social. Desde su puesto tiene también acceso a los datos de todos los jueces.