Ceuta, cuando la solidaridad con los menores extranjeros no da más de sí

«Queremos que estén con sus familias, en su entorno, que es donde deben estar lo menores por su bien y también porque son vulnerables, corren riesgos. Si allí hay dificultades, les mostraremos la solidaridad del pueblo español cooperando con centros de integración y lo que se decida... ese dinero ya lo estamos gastando aquí», explica la consejera de Presidencia y vicepresidenta del Gobierno autónomo, Mabel Deu, responsable hoy de un área que amenaza con desbordar la ciudad administrativa y socialmente.

Y es que Ceuta, con tan solo 19 kilómetros cuadrados y 87.000 habitantes, está profundamente condicionada por su vecindad con Marruecos, de donde procede la gran parte de la población flotante de 25.000 personas que cada día entran para trabajar, ir a hospitales, al colegio... y luego salen. De ese flujo inagotable, en 2018 se quedaron extraviados, olvidados o, en definitiva, solos en Ceuta nada menos que 3.744 menores. Otra de las ideas del Gobierno autónomo es que, ahora que en el paso del Tarajal con Marruecos se pone en marcha la «frontera inteligente» –léase con identificación de última tecnología, entre otros– , los dispositivos controlen que las familias entren a suelo español y salgan con el mismo número de hijos . O justifiquen a quién se los han confiado.

A esos 3.744 del año pasado, Ceuta les proporcionó asistencia pública incluida comida, ropa o educación. Se suele atender de 350 y 400 a la vez. En una conversación con este diario en su despacho, Deu se refiere repetidamente a ellos como «nuestros niños», evita cualquier atisbo de estigmatización y pone por delante la voluntad de ayudarles –«a veces las gratificaciones son inmensas...», subraya–, lo que no impide que admita que la situación es difícil de manejar. Hoy dos de las cuatro plantas del Centro de Menores La Esperanza, –concebido inicialmente como un bloque de pisos de emergencia social, aunque hubo que cambiar ese uso sobre la marcha– están en remodelación integral tras haber sido «destrozadas» por los chicos , lo que obliga a alquilar unos alojamientos prefabricados que se han ubicado al lado por 145.000 euros al mes. La vicepresidenta dice que el Estado debe construir un nuevo centro, pero también se cuestiona hasta dónde estamos dispuestos a llegar. «¿Qué capacidad de acogida tiene Ceuta con su extensión... mil plazas?», dice mientras, a preguntas de este diario, rehuye vincular el aumento «exponencial» del número de menores que han registrado desde 2017 con una mayor delincuencia , aunque admite que en la calle crean «incertidumbre». Un taxista comenta al respecto que hay «miedo» a los menas, pero más «por lo que pueden hacer que por lo que hacen».

La soledad de Ceuta –también de Melilla– con esta realidad es cósmica. En números, solo Andalucía y Cataluña les van por delante en tutela de menores, pero también con superficies geográficas inmensamente más grandes, lo que diluye la problemática que rodea a los menas. En agosto de 2018, el Gobierno del PSOE puso sobre la mesa 40 millones de euros para que otras autonomías se animaran a darles plaza . Deu resume que desde entonces, Extremadura y Castilla-La Mancha se han llevado 18 niños de Ceuta. Dieciocho y ya.