Catorce mil contratos de emergencia ‘a dedo’ a la sombra de la pandemia

El Tribunal de Cuentas (TCu), tras sus primeras auditorías sobre esa avalancha de adjudicaciones, ha alertado ya de usos abusivos de este tipo de contratos que han de ser totalmente excepcionales en el día a día de las administraciones públicas, porque los controles y la libre competencia se ven sacrificados en aras de acelerar las adjudicaciones. De hecho, en los dos últimos años, la inmensa mayoría de esos contratos de emergencia han acabado adjudicándose a dedo, directamente a un empresario elegido de antemano.

ABC ha recopilado y procesado más de 16.000 registros oficiales de contratos notificados a la Plataforma de Contratación del Sector Público. Desde el 14 de marzo de 2020 –cuando se declaró el estado de alarma por el Covid– hasta el pasado 13 de marzo, el conjunto de administraciones y entes públicos han notificado a esa plataforma 14.496 contratos de emergencia.

En números redondos, el 95% de todos ellos se han adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad . Es decir, sin concurso público, de modo que es la Administración quien decide libremente a quién invita y a quién contrata. Tan es así que prácticamente en todos esos contratos de emergencia tramitados por procedimiento negociado sin publicidad solo hay un licitador previamente elegido por el adjudicador. Es decir, lo que popularmente se entiende por contratación ‘a dedo’.

Hay que precisar que este tipo de contratación ‘a dedo’ está prevista legalmente. Eso sí, el ordenamiento jurídico deja claro que ha de ser muy excepcional, solo puede darse en casos muy tasados y extraordinarios. La Ley de Contratos del Sector Público establece que el procedimiento negociado sin publicidad y sin competencia solo es aplicable cuando, de forma objetiva y no tendenciosa, esté probado que un determinado objetivo contractual solo lo pueda cubrir un licitador concreto. Es decir, que no exista «alternativa o sustituto razonable» . Y se advierte que no vale hacer los pliegos a la medida de un licitador para, torticeramente, justificar así que el contrato se adjudique a dedo por procedimiento negociado sin publicidad.

Desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo pasado, de los 14.496 contratos de emergencia registrados, solo 499 se tramitaron por procedimiento abierto . Es decir, con concurso público y libre competencia. La inmensa mayoría, 13.757 contratos de emergencia, fueron adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad. Los 240 restantes se tramitaron por procedimientos de otro tipo.

De entre los contratos más cuantiosos que se resolvieron de forma negociada sin publicidad, solo en uno se invitó a un variado número de empresas para que ofertaran. Fue para un acuerdo marco que tramitó el Ministerio de Sanidad a través de su organismo Ingesa. Ascendió a 2.131 millones de euros. El resto de contratos de las distintas administraciones, incluido el propio Ministerio de Sanidad, están plagados de adjudicaciones directas a un único licitador previamente seleccionado. Son un total de 13.756 contratos de emergencia adjudicados directamente, que han sumado 3.423,7 millones de presupuesto base, unos 4.000 millones con impuestos incluidos. Es decir, en torno al 60% de todo el importe adjudicado mediante contratación de emergencia desde que estalló en España la crisis del Covid y que ha ascendido, en total, a unos 7.000 millones de euros, impuestos incluidos.

En los dos años transcurridos desde que estalló la pandemia, los contratos de emergencia se han disparado en España un 1.883% respecto a los 48 meses previos al estado de alarma del Covid. Y, de todos ellos, los adjudicados a dedo se han desbocado un 2.023%.

En las primeras semanas del Covid, entre marzo y mayo, fue evidente que se dio una situación extrema que justificó la proliferación de contratos de emergencia. Y el caótico mercado internacional de material sanitario ligado al Covid explica que la contratación a dedo fuera una herramienta ante esa jungla. Pero, ¿también en los meses posteriores? Eso es lo que tocará por escrutar en las fiscalizaciones que lleva entre manos el Tribunal de Cuentas, aunque le va a ser imposible analizar los más de 14.000 contratos públicos de emergencia. Centrará su análisis en muestreos de contratos de las distintas administraciones públicas, por fases. Algunas ya las ha culminado. Así, el TCu ya ha escrutado la contratación extraordinaria realizada por los grandes ayuntamientos españoles en el primer año del Covid. Y aquella pequeña porción analizada sobre el total de contratación de emergencia del sector público español ya permitió detectar casos relevantes de uso abusivo de la contratación de emergencia y a dedo. Es decir, que el Covid también se utilizó como excusa para contratar con menos cortapisas.

El Ayuntamiento de Barcelona destacó especialmente por su exacerbada cifra de contratos de emergencia, un 11.000% más en solo un año . Aunque los auditores revisaron solo una parte, detectaron 22 contratos de emergencia tramitados de forma improcedente con la excusa del Covid por el Ayuntamiento que dirige Ada Colau. Su importe sumó más de 6 millones de euros.

De los 13.756 contratos de emergencia que el conjunto de administraciones y entes públicos españoles han otorgado a dedo entre el 14 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2020, prácticamente la mitad se tramitaron a partir de junio de 2020 . Es decir, cuando ya había pasado lo peor de la pandemia y la situación se estaba normalizando. Es relevante la cifra de contratos de emergencia adjudicados ‘a dedo’ en 2021, un total de 2.586; o los 381 del primer trimestre de 2022, cifra desorbitada si se tiene en cuenta que, antes del Covid, en España hicieron falta tres años para sumar 382 contratos de emergencia.