El desgobierno lleva a la Generalitat a rechazar 500 plazas fijas para Justicia

No obstante, las rectificaciones no acaban aquí. Una semana después de esta negativa, técnicos de la Justicia catalana llamaron al Gobierno central para recular y aceptar estas 503 plazas, describen fuentes oficiales. Ya era tarde. El Ejecutivo había repartido a otras siete regiones las vacantes para la oferta de empleo público que Cataluña había rechazado, según consta en un escrito de la dirección general de relaciones con la Administración de Justicia.

Las razones detrás de esta sucesión de respuestas contradictorias son múltiples. La Generalitat alegó en una nota colgada en la intranet de Justicia, y confirmó luego a ABC el secretario del departamento de Justicia catalán, Adrià Comella, que «dos tercios de los nuevos funcionarios piden el traslado dos años después de ganar la plaza» a otras regiones, ya que «tres de cada cuatro opositores» proceden de «otros lugares del Estado», y Cataluña querría que siguiesen en la comunidad para dotar de mayor estabilidad las plantillas de los juzgados. Como explican desde Csif, esta temporalidad se debe en parte a los recortes de la Generalitat -que adeuda varias pagas extras de otros años a sus empleados, a diferencia del resto de regiones-.

Ante la elevada temporalidad, el consejero catalán de Justicia, Carles Mundó, ha preferido rechazar la oferta y priorizar la contratación de parte de los 2.850 interinos que tiene la Justicia catalana, que previsiblemente se quedarán en la autonomía. Por ello, la Generalitat negocia con el Ministerio de Justicia poder convocar para los próximos años una «oposición-mixta» para conceder preferencia a los empleados temporales que ya trabajan en los juzgados catalanes, señala Adrià Comella a este diario. Según comunicados internos a los que ha accedido este diario, la Generalitat también pretendía priorizar el conocimiento del catalán. El departamento de Justicia niega tal extremo.

Sin embargo, como describe el presidente de Justicia de Csif, Francisco Lama, la Generalitat podía haber fomentado que los interinos pasara a fijos aceptando las 503 plazas de empleo público y negociando después con los sindicatos los requisitos de la convocatoria, de forma que los empleados de Justicia tuvieran preferencia sobre el resto de los que se presentaran a la oposición.

Por no entender en un principio las condiciones y recular (tarde) después, la Generalitat ha perdido la oportunidad de contratar a más de 500 personas para su Administración de Justicia este año y, como describe Lama, «ha perjudicado al resto de funcionarios de Justicia de la autonomía y a los ciudadanos catalanes». Desde la consejería de Justicia, por contra, se recuerda que la decisión no implica renunciar a 503 puestos de trabajo, sino que estos van a seguir cubiertos por personal interino.

Así las cosas, la Generalitat se ha convertido en la única región que podría haber contratado y ha preferido quedarse sin refuerzos en Justicia este año por este desliz, un error que la administración autonómica niega que sea tal. En Justicia no se habían convocado oposiciones en cinco años, desde 2010 a 2014, lo que explica que la Justicia catalana sea una de las que más interinos tiene de toda España -2.850 de unos 7.000 empleados-. Cada año, la Administración contrataba este personal ante la imposibilidad de convocar oposiciones, por las estrecheces presupuestarias.

Esta congelación de convocatorias se interrumpió el año pasado, cuando el Gobierno de Rajoy decidió elevar la tasa de reposición -es decir, el número de bajas de la Administración de Justicia que se cubrirían- del 0% al 50%. Debido a ello, en 2015 la Generalitat de Artur Mas aceptó el año pasado contratar a 458 personas de Justicia en la oferta de empleo público cuyas oposiciones se realizarán en 2016. Su sucesor, Carles Puigdemont , ha perdido la oportunidad. Desde Csif señalan que la sucesión de errores podría estar relacionada con la «desconexión judicial» de la comunidad autónoma del resto del Estado, a imitación de otros ámbitos como la Agencia Tributaria catalana.

Desde la Generalitat de Cataluña se niega cualquier intencionalidad política a la decisión, que también rechazan que se deba a error o mala gestión. «A nosotros nos da igual que los funcionarios sean de aquí o de cualquier otra parte del Estado, lo que queremos es que haya estabilidad en las plantillas de los juzgados, y que quien obtenga la plaza se quede en ella. Por eso queremos cambiar el modelo de oposición, no es que renunciemos a las plazas», abunda Comella.

Sea como fuere, las plazas de Cataluña finalmente irán a otras regiones con una elevada tasa de interinidad -requisito para poder optar a ellas- y que tienen la Justicia transferida. Las agraciadas por la negativa catalana han sido Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja.